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La Corte Suprema dispuso que la Sala II de la Cámara de Casación se expida con urgencia sobre el planteo que hizo el represor Raúl Enrique Scheller, quien impugnó la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Lo llamativo del caso es que la presentación de Scheller fue realizada hace cuatro años y su indefinición impidió que hasta el momento diez represores de la Escuela de Mecánica de la Armada sean juzgados.
“Se presenta un caso de gravedad inusitada en la medida en que han transcurrido más de cuatro años y todavía no se ha resuelto en torno de la validez del auto que dispuso la reapertura del trámite de la causa principal”, señalaron en la resolución los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni.
El recurso de Scheller pasó por varias salas de la Cámara de Casación y por recusaciones de otros tantos jueces, incluido Alfredo Bisordi, quien llamó “delincuente terrorista” a una sobreviviente de la ESMA. Entre los conjueces fueron sorteados e impugnados Roberto Durrieu y Hugo Juvenal Pinto. Durrieu fue fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires y subsecretario de Justicia de la Nación durante la dictadura. Juvenal Pinto fue abogado defensor de represores.
Según destacaron los supremos en el fallo, las idas y vueltas del expediente terminaron en un conflicto entre la sala II de Casación y el Tribunal Oral federal 2. El máximo tribunal señaló que el estado de la causa “imponía el deber” de actuar con “la mayor celeridad” y pidió a la sala II de Casación que defina el tema. Los retardos de Casación en causas sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura provocaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura que aún no se resolvió.
La sala II de Casación debe resolver ahora si avala la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que ya fue respaldada por la Corte. Se espera que el fallo salga pronto, lo que permitiría agilizar la llegada de diez represores a juicio. Hasta el momento el único preso por crímenes cometidos en la ESMA en situación de ser juzgado es el prefecto Héctor Febres. Está previsto que, tal como anticipó Página/12, el proceso en su contra comience el próximo jueves. Sin embargo, hay una posibilidad de que eso no suceda ya que la fiscalía solicitó la suspensión del juicio. El pedido se fundamentó en que se trata de un solo represor que será juzgado por cuatro casos de secuestros y torturas y la idea es realizar un proceso con más acusados y más acusaciones.
Si se destraba el planteo de Scheller, otros nueve represores de la ESMA, entre ellos, Alfredo Astiz, Jorge Acosta y Adolfo Donda, podrían acompañar a Febres en el banquillo. Además, en los últimos dos meses, el juez federal Sergio Torres tomó medidas que permitirían agilizar los procesos de otros acusados. “En cuatro o cinco meses estaríamos en condiciones de realizar un juicio por cerca de 500 hechos de la ESMA”, señaló uno de los investigadores. Los querellantes acuerdan con el planteo de la fiscalía, aunque algunos prefieren que el juicio comience de todas formas la semana próxima ya que llevan treinta años de espera.
Febres se convertiría en el cuarto represor condenado después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Seguiría a Julio Simón (“El Turco Julián”), Miguel Etchecolatz y el sacerdote Christian Von Wernich.
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