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Se lo escucha calmo en el segundo piso de calle Arenales y Libertad, lejos de los ruidos del Congreso. Desde marzo, tiene una nueva profesión: maneja un centro para arrepentidos y testigos en peligro. Fue una idea del penalista Hugo Wortman Jofre, que vio una manera de tapar los baches que deja el Estado en esa área, y también un camino casi terapéutico para su arrepentido.
“Llegás a un punto que es un punto límite”, dice Mario Pontaquarto a Página/12. “Y el punto límite es el que tiene el ser humano: seguir sufriendo las consecuencias de tanta humillación, y seguir llevando el problema de lo que tus hijos te reclaman, eso es llegar al punto límite, y yo llegué. A veces tuve la fortaleza de amigos que me encontraron en el punto justo. Yo pongo mucho énfasis en esto porque vos te das cuenta cuando una persona viene convencida de lo que hizo y la desesperación que tiene por querer poder hacer una vida normal, poder trabajar, darles de comer a sus hijos. Yo lo viví, y cuando los veo pareciera que alguien adentro mí me dice que les diga: ‘No lo hagas’. ‘No denuncies porque no sabés todo lo que va a venir’.”
Pontaquarto hizo su primera declaración judicial hace cuatro años, el 12 de diciembre de 2003, ante Norberto Oyarbide. La denuncia del arrepentido por el pago de las coimas en el Senado para la aprobación de la Ley de la Reforma Laboral durante el gobierno de Fernando de la Rúa provocó el procesamiento del ex jefe de la bancada de senadores radicales del Congreso, del ex jefe de la Side y el suyo mismo en una causa que luego de dos años fue sobreseída por la Cámara de Apelaciones federal. Aunque ahora el expediente está nuevamente en marcha y todos los denunciados están procesados y embargados, el ex presidente todavía no lo está. En la última semana la Justicia lo convocó para carearse con Pontaquarto y volvió a negar la denuncia. Pontaquarto dijo que en una reunión que se hizo el 18 de abril de 2001 en la Casa Rosada, De la Rúa dio la orden para que le pidieran al ex jefe de la Side el dinero de los sobornos que el propio Pontaquarto pasó a retirar. Ahora, mientras el juez resuelve su situación procesal, el resto de los procesados espera el juicio oral, previsto recién para dentro de un año.
“La decepción más grande que tuve –dice Pontaquarto– fue cuando la Cámara Federal rechazó el fallo de Canicoba Corral, después de haber declarado y haberse autoincriminado. O sea lo revocó, volvió a foja cero. Dictó la falta de mérito para todos, como que no me creía, decía que el dinero no había salido de la Side, que no había cómo probarlo, que no podía confirmar el fallo, y eso para mí fue terrible, como si me hubiese caído una torre de cien metros encima.”
Ahora está sentado en una oficina, ante una gran mesa oval de buena madera. En uno de los extremos hay una pizarra. Sobre el frente, dos ventanas inmensas por donde se cuela la luz. Todos los viernes, la oficina recibe a los miembros de la Fundación Soporte que llegan, se sientan y discuten las perspectivas de cada uno de los casos sobre los que se fueron comprometiendo seriamente. Virginia Lencina es una de las abogadas. Está sentada ahora en la mesa oval. Viene de Poder Ciudadano, pero se sumó al proyecto cautivada por las necesidades que todavía siente que existen en materia de contención psicológica y laboral para los testigos, pero también cautivada por él. Su caso, dicen, es “el caso”, una especie de paradigma de la Argentina de la corrupción.
–Por qué no les contás de la primera vez que te encontraste solo, después de la primera declaración –apunta ella, ordenada. Pontaquarto lo acepta.
Cuando tomó la decisión de confesar, habló con Daniel Bravo y Juan Carlos Mitre, dos amigos, uno del mundo de la política y el otro no. Quería ver cómo ellos veían la cosa, y especialmente la traición. Pontaquarto sabe que con su confesión quebró los códigos del silencio, de lo que se dice y no se dice en la corporación. Hasta ese momento, llevaba veinte años en el Congreso, era empleado de planta permanente, había sido prosecretario y secretario de la bancada radical.
“Fue antes de apagar las luces”, cuenta. “Antes de terminar la primera indagatoria, encima estaba Oyarbide porque lo suplantaba a Canicoba Corral. Hugo le dijo al juez que era indispensable que me dieran seguridad. Oyarbide llamó al ministro del Interior, creo que era Beliz en ese momento, y dispuso una custodia, pero, claro, terminó la indagatoria, me hicieron esperar hasta que llegara el custodio y me quedé solo. Solo. Ahí recién me puse a pensar: ¿qué hice? Porque nada de lo que imaginaste antes, es. Vos imaginás una cosa solemne frente al juez pero te encontrás, primero, con la exposición pública que yo sabía que iba a pasar pero no así y después con el tema de la seguridad, de los hijos, de la familia, eso es clave. El miedo a la seguridad de tu familia. Porque nadie viene acá para hablarte de la seguridad personal, te piden por los otros.”
Los límites
El Programa Nacional de Testigos admite a los denunciantes de casos de narcotráfico, secuestro extorsivo o terrorismo. Sólo en algún caso la interpretación de un fiscal puede ampliar el alcance para lograr la incorporación de algún otro testigo. Eso sucedió con Pontaquarto. Obtuvo una protección policial y un subsidio de seis meses, como muchos de los que se incorporan. Los subsidios van de mil a dos mil pesos al mes, pero ese colchón suele acabarse antes de que acaben los largos y complicados procesos judiciales. “A partir de que se conoció mi denuncia, me exoneraron del Senado. Estoy hablando de veinte años de carrera administrativa, y automáticamente te quedás sin trabajo.”
–¿En ese momento logró los seis meses de subsidio?
–No, aparecieron dos años después. Al principio mis amigos me ayudaron mucho, después se me empezó a poner más difícil la cosa y en ese momento me dicen que hay un Programa de Protección. Me pagaron, pero pasaron los seis meses. Luego, seguís incorporado porque el Programa te da una custodia pero eso no alcanza porque ya no está el subsidio. Y la cosa a mí se me puso muy difícil. Intenté, hice contactos, pero todos cerraban la puerta. En primer lugar, yo tenía una exposición mediática muy fuerte; custodia 24 horas y ¿qué empresario va a querer a una persona con custodia policial y encima que sale por televisión cada veinte minutos?
Cuando estalló el caso del robo millonario al Banco Río de Vicente López en 2006, la mujer de uno de los integrantes de la banda empezó a buscar la forma de contar lo que había pasado. Llevaba un apellido legendario. Quienes oyeron a Alicia Ditullio se acordaron enseguida de la hermana, aquella Margarita Ditullio entrañable y legendaria que encabezó las crónicas de las investigaciones por el crimen de José Luis Cabezas. Tiempo después, por otro programa de televisión, Alicia levantó un teléfono para hablar con la Fundación. También ella se encontró con Pontaquarto.
“Estaba desorientada”, dicen aquí. “Le habían secuestrado a su hijo porque pensaban que tenía el dinero del robo al banco. Ella quería sumarse al Programa de Protección de testigos. Hoy tiene protección policial. Después llegaron otros. Siempre hay un posible testigo que vio algo o sabe algo, especialmente los casos más resonantes. Siempre hay una mirada, sólo necesita sentirse confiada para mostrarla”, dicen aquí.
Julio del Villar fue uno de ellos. Es un testigo clave del asesinato de Vyera, una joven que murió asesinada a golpes por los policías de una comisaría de Lomas de Zamora. En ese momento, Del Villar estaba detenido con otra persona. Su compañero de celda fue el primero de los presos que habló y luego apareció muerto. El buscó, en cambio, una puerta en algún lugar para no repetir la historia. Cuando llegó vivía en La Plata y no sólo necesitaba protegerse sino seguir trabajando para mantener a un hijo. Desde aquí, buscaron algunas manos amigas para conseguirle un trabajo, aunque sigue topándose con mensajes de sus perseguidores.
De los límites de los programas nacionales o provinciales de protección a los testigos volvió a hablarse en los últimos meses a partir de la desaparición de Julio López en el marco de los juicios a los represores de la dictadura. Los testigos de las causas de terrorismo de Estado denunciaron la superposición de normas que provoca un vacío legal para quienes necesitan recurrir a alguno de estos beneficios. Testigos a los que el Estado les ofrece la custodia de las fuerzas de seguridad a las que denuncian. En el caso de los arrepentidos, todo parece aún más laxo.
“Qué protección puede darle la Bonaerense a un chico que denunció a la Bonaerense”, se pregunta Pontaquarto. “¡Es como mandarlo al mismo horno!”
–¿Que les dice a los que vienen a denunciar?
–Lo que hago ahora como primera medida es lo que no hicieron conmigo: que el apoyo de un profesional psicológico es fundamental. Y después yo dejo que me cuenten todo, todo, porque todo el mundo tiene necesidad de hablar. De que lo escuchen.
Final
–¿Volvió a hablar con los radicales para las elecciones?
–Con los radicales, no. No más.
–¿Gerardo Morales no lo llamó para la coalición con Lavagna?
–¡Morales! Noooo. Yo no entiendo por qué. Porque podrían decir: tenemos acá un caso de alguien que nos honra, pero no. Siempre cerraron la puerta.
Dicen acá que así es la lógica de la corporación ante las personas que traicionan, que quiebran los códigos: pagar con la expulsión. Las organizaciones cierran la puerta, porque hay algo de lo que está en juego que no se soporta, que puede ganar aire y que, finalmente, puede poner en riesgo la supervivencia a la organización. Estuve con Alfonsín padre antes de las elecciones. Pasó por Luján, y me dijeron que preguntó por mí. Como soy de ahí y justo estaba, cuando me llamaron del comité me acerqué. Tuvo un buen gesto. Hablamos dos minutos. Pero tuvo un buen gesto.
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