El país|Jueves, 29 de agosto de 2002

Por Sergio Moreno e Irina Hauser

“No tienen la pistola en la cabeza del Presidente. Peor: la tienen en la cabeza del hijo del Presidente. Si la tuviese en la cabeza del Presidente, él sabría qué tiene que hacer, hasta podría hacerse el compadrón.” La figura –que remite con brutal actualidad a los secuestros express– fue utilizada por un ministro del Gobierno para referirse a la actitud que ha decidido sostener la Corte Suprema hacia la administración de Eduardo Duhalde, hasta tanto ésta no desarticule el juicio político que, como un espectro, quedó atrapado en el limbo del Congreso. Ayer, los supremos emitieron una declaración política para aclarar que su última acordada –la que declaró inconstitucional el recorte del 13 por ciento a empleados públicos y jubilados– no fue adoptada con criterio político. Como si no bastara, el día estuvo atravesado por mensajes sobre lo que podría venir desde tribunales: los cortesanos amenazan con sacar una resolución contra la pesificación que desbarataría al malherido sistema financiero argentino (y por ende los planes económicos del Gobierno) y, por si fuera poco, analizan la posibilidad de declarar nulas las leyes de obediencia debida y punto final para encrespar a los militares.
Los cortesanos, con métodos de buenos muchachos, esperan que el Gobierno haga lo que no puede hacer: desactivar el juicio político que ya cuenta con varios despachos de comisión en la Cámara de Diputados, un golem creado por el propio Duhalde en los primeros y enardecidos días de su gobierno, allá por enero. Ayer mismo, un nuevo intento se fue por el laberinto parlamentario (ver página 2).
“Estamos en el peor de los mundos posibles –comentó ayer, preocupado, un importante miembro del Gabinete a Página/12–: cuestionamos a los nueve jueces por igual, desde hace tres meses la resolución duerme en labor parlamentaria, todo un papelón, y no hay votos suficientes para terminar con el juicio, que es lo que queremos, o para echar a los jueces. Todo sigue trabado. Mientras, tenemos que gobernar.”
El funcionario mencionado (que prefirió mantener el anonimato) fue quien utilizó la frase que abre esta nota. “¿Qué se puede hacer mientras le ponen una pistola en la cabeza a tu hijo? –se preguntó–. Pedirle a quien apunta que se quede tranquilo, tratar de convencerlo de que le vas a dar lo que quiere. Por más que tenga ganas, no puedo hacerme el compadrón”, se respondió. El hombre reconoció el duro apriete que sufre el Gobierno por parte de la Corte, pero se dio cierto ánimo justificando la última acordada. “Convengamos que devolverle el 13 por ciento de los haberes a trabajadores y jubilados que había hecho el gobierno de De la Rúa no es una medida que el peronismo deba putear; en definitiva, nosotros recibimos como herencia un recorte salarial inconstitucional”, ensayó el funcionario. Así y todo, el ministro apeló a mantener la calma ante las amenazas que surgen desde los tribunales. “Debemos gobernar y no se gobierna con calentura”, remató.
Good fellows
Los supremos amenazan con sacar una resolución contra la pesificación que podría obligar a devolver los depósitos en su moneda de origen. También exhiben, como carta de negociación, dos expedientes que están analizando sobre la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, para enardecer los ánimos de los militares que ya se quejaron al respecto ante el Presidente, tal como reveló en exclusiva Página/12 la semana pasada.
La causa que podría cuestionar la pesificación, al menos en el caso de un depósito, probablemente sea discutida en la reunión plenaria que hoy mantendrán los ministros. Según allegados al tribunal el tema no sería resuelto en este mismo encuentro pero habría una mayoría dispuesta a apoyar un nuevo pronunciamiento que pondría en jaque al Gobierno.
En un comunicado de dos párrafos que difundieron ayer, los cortesanos dicen que ante “la versión de que la Corte Suprema de Justicia habría manejado los tiempos para la definición del tema de la reducción salarial” quieren aclarar que “se cumplieron los pasos procesales habituales y ordinarios, en consonancia con la importancia del tema tratado”. Este argumento, que apela a una explicación jurídica para mandar un evidente mensaje político, se limita a numerar cómo circuló el expediente: “ingresó a la Mesa de Entradas de la Corte el 26 de abril, fue enviado a la Procuración General de la Nación el 3 de junio. Reingresó con dictamen el 16 de julio y la decisión fue tomada el 22 de agosto”.
Algunos ministros de la vieja mayoría automática –encabezada por el titular del cuerpo, Julio Nazareno–, completaban ayer el libreto oficial con otras quejas: “nos cuestionan si fallamos contra lo que la gente quiere oír, pero también nos critican si fallamos a favor, siempre hay algún motivo”. También decían que lo que terminó de impulsarlos a redactar el comunicado en cuestión fue la denuncia presentada ante el juzgado federal de Claudio Bonadío en la que el abogado Juan Carlos Iglesias los acusó por ejercer una “coacción agravada” sobre el Poder Ejecutivo al fallar contra el recorte. Más allá de que la decisión sea justa, sostuvo Iglesias, fue “una extorsión de alto nivel”.
Por lo bajo, la explicación extraoficial dentro de la propia Corte iba directamente asociada al juicio político. “Si el Gobierno hubiera hecho las cosas bien se podía haber llevado hasta tres cabezas de acá adentro. Hoy nadie se va con el juicio político abierto”, explicaron a Página/12 en dos vocalías, sin descartar totalmente alguna posible retirada siempre que Sus Señorías queden libres de acusaciones. En un comienzo por lo menos dos ministros en edad de jubilarse, Nazareno y Guillermo López, plantearon por canales informales la posibilidad de negociar una salida decorosa. También Antonio Boggiano estuvo, al parecer, dispuesto a irse siempre que fuera con algún cargo internacional garantizado. Una variable de acuerdo con la que especulan al menos en el Congreso es “lograr” la jubilación de algunos supremos antes de que el Senado derogue el régimen de jubilaciones de privilegio que reduciría sus retiros de alrededor de 13 mil pesos mensuales a 3000. Aunque caiga el juicio político, a los legisladores les quedaría la conciencia tranquila “porque por lo menos se van algunos”. Además de Nazareno y López, Carlos Fayt también podría jubilarse.
Ahora los jueces saben que Duhalde está arrepentido de haber fogoneado su enjuiciamiento. “Lo que queremos es que decidan algo sobre nuestra situación. Lamentamos que hasta ahora no nos hayan puesto un buen interlocutor. (Juan José) Alvarez (ministro de Justicia) llegó en el momento equivocado”, dicen. Alvarez es ahora una de las personas con quien los supremos mantienen contacto fluido. También dialogan con el titular de la Cámara baja, Eduardo Camaño. Pero mientras el asunto siga trabado, su herramienta para hacer sentir su poder y pelear por la permanencia son los expedientes.

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