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Santiago Lynch, uno de los protagonistas de la cámara oculta realizada en el estudio de los Recalde, nació durante el peronismo del ’46, se hizo abogado en 1970 y luego de una estadía en Estados Unidos publicó El cumplimiento de las obligaciones en el Derecho Civil. Ahora, las obligaciones del derecho se le dieron vuelta. La justicia federal hizo ayer cuatro allanamientos en las oficinas de la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios y Similares (Cevas) y en el domicilio particular del abogado Santiago Lynch, presidente de la Cámara y denunciado por ofrecerle 20 millones de dólares al diputado Héctor Recalde para frenar la ley de tickets canasta. Según pudo saber este diario, empleados de la Cámara o personas que actuaron como tales lograron despistar a los agentes durante el procedimiento: cuando llegaron a los lugares que buscaban sólo encontraron una PC del hijo de Lynch y restos de la documentación imaginada.
Luego de la denuncia de Recalde, la investigación pasó al juzgado federal de Octavio Aráoz Lamadrid, que ayer estuvo detrás de los allanamientos. Hubo procedimientos en el edificio de Cevas y en el domicilio particular del señor Lynch. Según las fuentes de la investigación, los inspectores se toparon en el lugar con distintas personas que los fueron despistando.
“¡Acá, no!”, les dijeron. “Más abajo.” Y allí iban los agentes de la ley.
Recorrieron piso tras piso y cuando llegaron al lugar no había nada demasiado valorable. Tomaron documentos, papeles, pero no encontraron la computadora del titular de la Cámara. En ese contexto, siguieron camino a la casa del hijo de Lynch, de donde se llevaron una computadora personal y luego allanaron el domicilio del abogado. Pero le dijeron que como se había divorciado, en ese domicilio no encontraron nada.
Repitiendo el mecanismo utilizado con la cámara oculta al padre del juez Guillermo Tiscornia, el estudio de Hugo Wortman Jofre también radicó la denuncia con anticipación. Hizo en la presentación en la fiscalía de Jorge Alvarez Berlanda que aceptó el requerimiento de allanamiento, lo pidió y luego presentó su renuncia para dedicarse a la “actividad privada”, según dijo.
La causa en este momento tramita por cohecho y no por coimas, explicaban cerca de Recalde. Y eso es importante, decían, en la discusión de si lo que registró la cámara oculta alcanza para hablar de un delito consumado. “Esto va por el artículo 258 del Código Penal –explicaban– por cohecho activo y el verbo castiga a quien ofrece una dádiva a un funcionario.” Según la fuente, en las últimas horas se confundió el cohecho activo con el artículo 256 que castiga la coima, es decir al funcionario que exige dinero a una persona y que necesita pagarle para que sea un hecho consumado. Discusiones aparte, el cohecho se castiga con penas de uno a seis años de prisión. Por esa razón, los abogados de los señalados le pidieron al juez ayer la eximición de prisión, una cuestión sobre la que el magistrado puede pronunciarse hoy.
Con el correr de las horas, los memoriosos recordaron algunos antecedentes de los imputados, ambos patrocinados por Oscar Colombo, el abogado del ex titular del PAMI Víctor Alderete.
Santiago Lynch es abogado, de cáncer, nacido el 8 de julio de 1946. Sus antecedentes laborales aparecen referidos en la página del estudio Cueto Rua, Landaburu & Lynch, del que forma parte desde 1979. Cada una de sus ocupaciones lo ubican, una y otra vez, en la misma línea que ahora ejerce como presidente de la Cámara.
En 1976 y 1977 Lynch fue asesor del Instituto Nacional de Obras Sociales; estuvo como asesor del secretario de Programación Económica, 1977-1978, y ministro de Economía de la provincia de Salta en 1978, en plena dictadura. Asesoró al presidente de YPF en 1979; fue asesor de la Secretaría de Industria en 1982; asesor del subsecretario de Comercio, 1982; Asesor del presidente de la Sindicatura General de Empresas Públicas (hoy Sigen) 1989-1990; miembro del Consejo de Privatización de Somisa en 1991; asesor de la Secretaría de Energía en 1992-1995 y asesor de la Comisión Puente Buenos Aires-Colonia en 1996 y 1997.
En el campo privado, estuvo como gerente de General Motors entre 1970-1978, y desde 1979 como socio del estudio. Es socio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el exclusivo ámbito colegiado del establishment al que pertenecen doctores como Mariano Grondona o Roberto Durrieu –subsecretario de Justicia de la dictadura–, y a la Asociación Internacional de Abogados.
En ese listado no aparece su función de presidente de la Cevas, la Cámara de Empresas de Servicios Alimentarios de la que forman parte unas cuatro empresas, una de las cuales es la multinacional Accord SA, presente en 140 países y 7.200 empresas en Argentina.
En 1998, la imagen de Guido Spano se volvía pública mientras se atrincheraba en el Hotel Casino de Mar del Plata perseguido por la Justicia. Como concesionario del complejo hotelero más importante de la costa y parte de la Empresa Hotelera Americana SA, mantenía una deuda de medio millón de pesos con la provincia por el canon adeudado y de 1.200.000 de impuestos. Como el gobierno le había cerrado el casino y buscaba vender el edificio desde hacía dos años, Guido Spano había dejado de obtener las mejores ganancias de la sala de juego. En medio de ese pleito, un día se encerró en el hotel con muebles, turistas y hasta con una tía de Duhalde a la que mantuvo como una especie de rehén.
Mientras estuvo en Mar del Plata, cultivó una relación con Luis “Russo” Basile, entonces presidente de Lotería Nacional. Esa relación le permitió en 1992 quedarse por unas horas con la primera licitación del Hipódromo de Palermo, que inmediatamente después fue anulada por un decreto de Carlos Menem.
La privatización era muy codiciada. Según una investigación de Santiago O’Donnell, competían pesos pesado como el hijo del legendario Jorge Antonio, Jaime; Arnaldo Martinenghi y los hombres de la Marina que se hicieron empresarios en tiempos de la democracia. La licitación fue impugnada porque Guido Spano prometía pocas inversiones, y Carlos Menem eligió a su ministro de Acción Social, Julio César “Chiche” Aráoz, para realizarla. Aráoz le dio la concesión al empresario Víctor Taiarol, socio del represor Miguel Angel Cavallo y quien en 1993 quedó como parte del directorio.
A muchos años de aquello, el nombre de Guido Spano volvió a escucharse ahora nuevamente en los medios. Y de él se acordó un viejo hombre del juego, representante de un grupo español en Argentina. “¡Esa cara!”, dicen que dijo. Guido Spano le inició dos juicios millonarios al Estado. Uno contra la provincia de Buenos Aires, por la concesión del Hotel Casino de Mar del Plata, y otro a Lotería, por el hipódromo. Esa persona los recordó por eso, porque varias veces fue a verlo para ofrecerle negocios; dice que quería vender hasta el juicio con Lotería.
En los próximos días, el estudio Wortman Jofre acompañará a Recalde a hacer una presentación a Cancillería. Es porque el juicio en Argentina llegará penalmente a imputar a las dos personas que aparecen señaladas por la cámara pero no irá más allá. “Queremos que se recurra a la convención internacional que castiga a las empresas por el soborno a los funcionarios extranjeros y hacer una presentación en el punto nacional de encuentro, que es Cancillería.”
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