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“Patti genocida”, decían los rústicos papelitos que los organizadores portaban con orgullo. Esperanzados, se abrazaban unos a otros, entre el festejo satisfecho y la precaución aprendida en tantos años de frustraciones acumuladas. Ana Oberlin, abogada querellante de H.I.J.O.S., Pablo Llonto, abogado de la familia de Diego Muniz Barreto, y Manuel Gonçalves, hijo de Gastón Gonçalves, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, ofrecieron una conferencia de prensa para informar sobre la detención del ex subcomisario. Allí, los organismos de derechos humanos consideraron el hecho como “un paso muy importante en la búsqueda de justicia y lucha contra la impunidad” y reclamaron que el represor sea citado a indagatoria en otras causas (una de San Nicolás y dos en La Plata) por crímenes de lesa humanidad en los cuales también está involucrado.
Carlotto consideró que el ex intendente de Escobar seguramente “va a ser condenado con toda la fuerza de la ley. Nosotros, sin hablar de felicidad ni alegría, decimos que tenemos esperanza de que las cosas se pongan en su lugar y que la Justicia actúe como corresponde”. Y agregó: “El porcentaje que sacó en las últimas elecciones demuestra que cierta gente que lo seguía tiene más claro quién es. Entonces, ese nubarrón de dudas, de angustia que teníamos al preguntarnos cómo podía ser que nuestro pueblo votase a esta gente, se ha borrado. Si bien nosotros, como organismos de derechos humanos, los hijos y los parlamentarios tenemos nuestro rol, creo que el pueblo en su conjunto también está dando su veredicto”.
Luego de señalar lo vitales que resultaron para el proceso las declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final en 2001, su nulidad en 2003 y la inconstitucionalidad dictada por la Corte Suprema en 2005, Diego Morales del CELS aseguró: “Esto es recién el comienzo, pero demuestra que hay necesidad de crear medidas para evitar que esta gente ocupe cargos públicos. En este caso hubiese significado la posibilidad de ampararse en fueros parlamentarios para evitar una detención, e incluso una investigación sobre su responsabilidad en los casos mencionados. Ahora, la Corte Suprema tiene la oportunidad de dar las respuestas exigidas, básicamente, por la lentitud de los ritmos judiciales y por la recuperación de un proceso de verdad y justicia que va a llevar su tiempo”.
“Todavía lo vivo con un poco de escepticismo. Reconozco que es un gran paso ya que hasta el momento se nos han negado los reclamos anteriores, pero hace tanto tiempo que todo siempre es ‘no’... Lo que quiero es que los responsables den cuenta ante la Justicia. Esto no es algo personal, es algo que nos pasó a todos y nadie puede hacerse el distraído”, dijo, convencido, el músico de Los Pericos, Gastón Gonçalves. En el mismo sentido, Manuel, su hermano, se encargó de explicar que “esto no tiene que ver con una persecución política. Empezamos esto hace tres años y sólo nos mueve el afán de justicia”. El caso de su padre, también Gastón Gonçalves, es uno de los principales por los que el represor quedó detenido.
La posibilidad de que surjan amenazas fue un tema recurrente en la conferencia. Si bien desde los organismos hubo coincidencia en que el miedo no será un obstáculo, reconocieron que, dependiendo el caso, algunos testigos tienen custodia.
Los aplausos fueron estridentes después de cada intervención. Sin embargo, cuando el diputado Remo Carlotto –presente como Miguel Bonasso y Diana Conti, entre otros–, informó que Patti sería derivado al penal de Marcos Paz, “a una cárcel común”, explotaron. Los tradicionales cánticos se adueñaron del protagonismo central y comenzó un emotivo brindis. “Es que hay mucha gente que trabajó para esto”, explicó conmovido Manuel.
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