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Fue uno de los puntos del temario más esperados de la sesión de ayer en Diputados, pero el debate de otros temas retrasó su aprobación hasta cerca de la medianoche, cuando se votó por 125 a 8. Al cierre de esta edición, la Cámara baja trataba la derogación de los tickets canasta y su pase gradual al salario remunerativo de los trabajadores que lo perciben. La iniciativa estuvo envuelta en un escándalo cuando el diputado kirchnerista y abogado laboralista de la CGT, Héctor Recalde, denunció el intento de un soborno de 20 millones de dólares –por parte de las empresas emisoras– para que cambiara el proyecto y convirtiera en obligatorio los tickets para los asalariados que perciban una remuneración menor a dos mil pesos. Recalde grabó con una cámara oculta el ofrecimiento y se presentó en la Justicia.
La mayoría de las bancadas apoyaban la iniciativa, aunque igual pasaron facturas al oficialismo peronista: los vales alimentarios fueron aprobados en plena flexibilización laboral durante la década menemista. Sólo el macrismo defendió “las atribuciones de los empresarios a complementar el salario remunerativo de sus trabajadores”.
El proyecto establece la derogación de varios incisos del artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Por lo tanto, todos los tickets que otorgaban las empresas a sus trabajadores adquirirán carácter remunerativo (se incluirán en los cálculos para la liquidación salarial de aguinaldos y vacaciones) en forma escalonada y progresiva.
Cada bimestre se incorporará al sueldo el diez por ciento del valor equivalente al de los vales alimentarios, más el monto proporcional correspondiente al aporte de los trabajadores al Sistema de Seguridad Social y a las obras sociales. Hasta que se cumpla ese período, las empresas deberán seguir abonando el porcentaje remanente del valor de los tickets, aunque el mismo podrá conservar “transitoriamente” su carácter no remunerativo. Excepcionalmente, hasta un año después de la vigencia de la ley, empleadores y trabajadores podrán acordar incrementos no remuneratorios en vales, aunque su vigencia no podrá superar los seis meses. En 20 meses, los tickets canasta desaparecerán como forma de complemento salarial “sin afectar” el salario de bolsillo de los trabajadores, según marca la ley.
Horas antes, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley para extinguir las jubilaciones de privilegio a los funcionarios civiles de la última dictadura. Entre ellos, el mentor del proyecto económico de las juntas militares: José Alfredo Martínez de Hoz; y los economistas Juan y Roberto Aleman; el padre de la princesa de Holanda Máxima, Jorge Zorreguieta; el ex ejecutivo de Socma Jorge Aguado; Lorenzo Sigaut; y el cavallista Adolfo Sturzenegger. Aunque el kirchnerismo rechazó la propuesta de extender la medida a los funcionarios de otras dictaduras.
“Son sujetos de la presente ley todos aquellos funcionarios que se hubieren desempeñado como presidente de la Nación, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, en organismos centralizados y en entidades descentralizadas de la administración pública nacional durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional, comprendido entre los años 1976 y 1983”, reza el artículo primero del proyecto presentado por el kirchnerista pampeano Santiago Ferrigno.
“El objetivo la extinción beneficios previsionales extraordinarios, para los funcionarios civiles de la dictadura”, insistió Ferrigno para fundamentar el proyecto que recibió 110 votos a favor, 13 en contra y 21 abstenciones. Las críticas también llegaron desde el macrismo. “Esto genera una zozobra muy grande como una caza de brujas. Es el transformismo de los peores inquisidores, yo no me voy a hacer cargo de esto”, dijo fiel a su estilo Nora Ginzburg, de Recrear. Desde la misma bancada, Enrique Vanossi se opuso “jurídicamente”.
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