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Desde siempre, en Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes, las huellas de la represión partían y se perdían, a fuerza de impunidad, en torno del establecimiento yerbatero Las Marías, donde hubo obreros secuestrados y torturados, desaparecidos y asesinados por las fuerzas de seguridad durante la dictadura militar 1976-1983. El establecimiento, que produce la yerba Taragüí, es propiedad de la familia Navajas Artaza, uno de cuyos miembros, Adolfo Felipe Navajas Artaza, fue gobernador de facto entre 1966 y 1972, y ministro de Acción Social del ex dictador Reynaldo Benito Bignone. “Hoy tenemos la certeza de que todo lo que pasó con nosotros, las acusaciones que sufrimos, la persecución, las torturas y lo que sucedió con nuestros compañeros desaparecidos y asesinados, fue por culpa de los hermanos Navajas Artaza. Nos denunciaron con cargos falsos.” Los que responden hoy, en diálogo con Página/12, son Marcelo Acuña, ex secretario general del Sindicato de la Industria de la Alimentación, y Juan Manuel Gómez, un trabajador de Las Marías que fue perseguido por ser delegado gremial.
“Siempre tuvimos la sospecha de que los Navajas Artaza fueron los que señalaron a estos trabajadores, que fueron acusados de desarrollar ‘acciones subversivas’ y sufrieron persecución, tortura y cárcel sólo por defender sus derechos como trabajadores”, dijeron a este diario Hilda Pressman, de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, y Noemí Acuña, hija de Marcelo Acuña. Ahora cuentan con la documentación necesaria: encontraron copias de las declaraciones testimoniales formuladas en 1977 y 1978 por los hermanos Adolfo Felipe, Víctor Amado y Pablo Navajas Artaza, ante el juez federal de Paso de los Libres Humberto Victoriano Perego. Esto les permitirá iniciar acciones penales y civiles contra la familia Navajas Artaza.
En Las Marías se produjo la desaparición de dos trabajadores, Neris Pérez, secretario adjunto de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales (Fatre), Marcelo Peralta, delegado de esa organización sindical, y la de Rómulo Artieda. El primer paso para corroborar cuál había sido el rol jugado por los Navajas Artaza se dio a partir de una investigación personal iniciada por Catalino Pérez para saber quiénes habían sido los culpables de la desaparición de Neris, su padre. En mayo de 1997, Catalino tuvo acceso a la declaración testimonial del policía “arrepentido” Ramón Alberto Giménez, que brindó detalles sobre hechos ocurridos en Las Marías, con la condición de que fuera respetada su vida “y guardada también la de mi familia” de las acciones que pudiera realizar “una persona feudalista (sic), que puso siempre al pueblo bajo su poderío económico”, en alusión a Adolfo Felipe Navajas Artaza.
Catalino Pérez, en mayo de 1997, grabó una confesión del policía Giménez y el 2 de junio de ese año hizo certificar la declaración ante escribano público. El testimonio dio lugar a la primera presentación judicial contra los Navajas Artaza, que hoy tramita en los tribunales federales de Paso de los Libres. En su declaración, Giménez admitió que él mismo actuó “como entregador” en el secuestro de Neris Pérez, junto con el sargento primero José Anchetti, luego encontrado muerto de un balazo en la cabeza. Se dijo que fue un suicidio, aunque su ex compañero Giménez asegura que fue “un asesinato cometido por un capitán de apellido Saco” que trabajaba para los Navajas Artaza. Según Giménez, a su colega lo asesinaron porque era “el correveidile” de Gobernador Virasoro y temían que hablara de más.
La persecución gremial en Virasoro incluyó también a Ramón Aguirre, que hoy está exiliado en Bélgica; a Pablo Franco, tesorero de Fatre, que estuvo cinco años preso; a Héctor Sena y Carlos Escobar, delegados de Fatre secuestrados por grupos de tareas de la dictadura y llevados a centros clandestinos de detención; a un cajero de apellido Mendieta, al que lo conocían como Lembú (escarabajo, en guaraní) y al que acusaron de cometer un supuesto sabotaje “ordenado desde la cárcel por nosotros”, cuenta Marcelo Acuña; y al Polaco Bernal, otro delegado de Fatre. También lo buscaron para detenerlo al operario Luis Alvez “al que todos llamábamos Cucaracha y que se pudo escapar”.
En Las Marías, la empresa abrió varias causas contra los delegados gremiales del Sindicato de la Alimentación y de Fatre. “Primero nos acusaron de malversación de fondos en el sindicato y como no lo pudieron probar, dijeron que formábamos una ‘asociación ilícita’, pero como eso tampoco prosperó, pasaron de la Justicia ordinaria a la Justicia federal y nos acusaron de ‘subversión’”. Casi todos siguieron presos durante esas instancias judiciales. El 9 de enero de 1978, Adolfo Felipe Navajas Artaza declaró ante el juez Perego que todos los nombrados habían participado en supuestos actos de “sabotaje industrial” en perjuicio del establecimiento Las Marías. Según el más conocido de los Navajas Artaza, esos hechos se habrían producido “a partir del 25 de mayo de 1973”, es decir desde la llegada al poder de Héctor José Cámpora. Marcelo Acuña recuerda que la actividad sindical en Las Marías “había comenzado con la asunción de Cámpora, pero lo que hacíamos era realizar asambleas y reclamar derechos que no se cumplían... el régimen laboral era un trato de esclavos”.
Lejos estaba de esa visión la postura que dejó sentada Navajas Artaza en su declaración judicial. Recriminó “la actitud de una parte del personal (...), sobre todo la que respondía a la directa conducción gremial” de Marcelo Acuña y Pablo Franco que fue “de abierta rebelión contra las normas de trabajo implantadas en la empresa y que durante toda la vida habían fructificado en una cordial relación con todo el personal”. Pero admitió que “no podría manifestar que hubieran habido actos de sabotaje y mucho menos quiénes lo hubieran ejecutado”. A pesar de esa limitación, aseguró que “es de toda evidencia (...) una cantidad de hechos anormales acaecidos”, como “la descompostura reiterada de los motores de las máquinas cosechadoras de té, así como los desperfectos continuos ocurridos en las mismas máquinas, donde por negligencia la azada cortaba las plantas tiernas de yerba o té”. Con esos cargos tan endebles, todos los detenidos sufrieron golpes, vejaciones, torturas y varios años de cárcel. Víctor Amado Navajas Artaza acusó a los gremialistas por varios incendios que habían ocurrido en Las Marías. Y Pablo Navajas Artaza dijo que conocía a los imputados como “agitadores valiéndose de sus actividades gremiales”.
En la causa, además de los ya nombrados, estaban como imputados de los supuestos hechos subversivos otros empleados, entre ellos Epifanio Monzón, Juan Carlos Avila, Rómulo Gregorio Artieda y Gregorio Delfino Viana, aunque los Navajas Artaza no los identificaron como personal de la planta. Entre los testimonios acusatorios que llevaron a la cárcel a los trabajadores de Las Marías figuraron los que aportaron miembros del personal jerárquico como Froilán Fernández, José Isaac Centeno, Sergio Schneider, Miguel Gaviña Naón y Fernando Pereira Coimbra Ganduglia.
Con los datos aportados por los propietarios y los directivos del establecimiento Las Marías, el juez federal Perego convirtió en prisión preventiva la detención ilegal que venían sufriendo Sena, Escobar, Acuña y Franco. En su resolución dijo que Sena y Escobar habían admitido “haber integrado una asociación ilícita cuyo objeto era realizar sabotajes en el establecimiento donde trabajaban y actividades subversivas”. Todos habían sido torturados y privados de ejercer en forma plena su defensa en el juicio.
En el caso de los dos desaparecidos que hubo en Gobernador Virasoro, se sabe que Marcelo Peralta fue asesinado, aunque su cuerpo jamás fue hallado. “El trabajaba como tarefero (el que cosecha la yerba mate) y lo asesinaron a balazos en un galpón en el que se había refugiado. Marcelo tenía un hermano mellizo, Ramón Peralta, al que habían detenido primero porque lo confundieron con él. Le pegaron y lo torturaron mientras le preguntaban sobre el supuesto sabotaje, hasta que se dieron cuenta del error”, relata Marcelo Acuña.
Sobre lo ocurrido con Neris Pérez, está el relato del policía Giménez: “Les indicamos a estos señores (se refiere a soldados del Ejército), que siempre venían en Ford Falcon, dónde quedaba la casa del señor Neris Pérez (...) Uno golpea la puerta y se esconden los dos (...) el hombre sale de la casa con un calzoncillito de pintas y una camisa celeste (...) le dan con la cachiporra en la nuca (...), uno de ellos ya con la bolsa lista, le introduce la cabeza (...) corren hacia el vehículo que ya estaba con el baúl abierto, lo ensartan adentro y nunca supimos más de él”.
Como final, Acuña expresa un deseo: “Ahora esperamos que se haga justicia y que la familia Navajas Artaza pague por lo que nos hizo a todos nosotros”.
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