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Lo primero que se ve al entrar en el edificio de la fiscalía de Miami es un retrato de George W. Bush, siempre sonriente. El hall es amplio, el techo altísimo, de madera, y el piso es de mármol bordó. No hay ni un asiento. Sólo dos guardias, un detector de metales y un cartel que advierte que quien se atreva a ingresar con un teléfono celular o cualquier otro aparato recibirá “treinta días de arresto y/o tendrá que pagar una multa de 5000 dólares”. Allí tiene su oficina Thomas Mulvihill, el fiscal que desató un escándalo internacional por la valija de Guido Antonini Wilson, a la que relacionó con la campaña de Cristina Kirchner. En las últimas horas, mientras escalaba el conflicto diplomático entre Argentina y Estados Unidos, Mulvihill presentó un pedido para que se anule la excarcelación de uno de los acusados. Pero bajó un poco los decibeles y, contra todas las especulaciones, no agregó pruebas explosivas ni afirmaciones estruendosas. Las novedades, murmuran en los tribunales locales, vendrían hacia fin de año.
Por una investigación del FBI y un pedido de Mulvihill, están presos desde la semana pasada cuatro hombres acusados de conspirar y actuar en Estados Unidos como agentes encubiertos de Venezuela. ¿Cómo? Con presiones y amenazas “al ciudadano” Antonini Wilson para que no revelara el verdadero origen y destino de los 800 mil dólares que le incautaron al aterrizar en Buenos Aires, según sostiene el fiscal. Anteayer planteó lo que aquí llaman un “recurso de revocación” de la excarcelación que el juez William Turnoff le concedió a uno de ellos: el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello. Pero esta vez Mulvihill no agregó datos a los que viene desplegando ni expresiones resonantes. Podría hacerlo en una apelación propiamente dicha, ante un tribunal superior, o en una audiencia prevista para el 28 de diciembre en la que el Gran Jurado definirá los cargos.
En la nueva presentación, a la que accedió Página/12, Mulvihill hace un listado resumido de las pruebas por las que considera que Wanseele podría “fugarse y ser un peligro para la comunidad”: que llevó en su auto “al gente venezolano José Canchica Gómez hacia y desde una reunión (con Antonini) en la que se arreglarían los detalles de la conspiración”; que hizo “contrainteligencia durante esa reunión”; que carece de lazos que lo aten a la comunidad local; que tiene vínculos, en cambio, “con otros países” (tiene familiares en Uruguay, México y Venezuela); su (aparente) carencia de recursos; sus numerosos viajes al exterior; que buscó “subvertir” la investigación de la Justicia argentina; y su pertenencia a un grupo de “conspiradores”, uno de los cuales le advirtió a Antonini “sobre los riesgos que corría su familia” si él no colaboraba con el encubrimiento.
La historia alcanzó su mayor voltaje cuando Mulvihill, a mitad de la semana pasada y luego el lunes último, mencionó que tiene grabaciones en las que otro de los imputados, Franklin Durán (ex socio de Antonini), dice que los fondos eran para la campaña presidencial de Cristina Kirchner, que hubo más valijas para esa campaña y que la “conspiración” resultaba de un acuerdo entre los gobiernos de Argentina y Venezuela para “tapar” la verdad sobre el dinero. Más todavía: que dos de los detenidos le ofrecieron 2 millones de dólares al “valijero” a cambio de su silencio. El fiscal hizo la referencia al soborno al cuestionar el monto de la fianza, 150 mil dólares, que el juez le impuso a Wanseele por su libertad.
Mulvihill es un cincuentón, tiene cargo de fiscal adjunto y fue elegido por quien es su jefe directo, Alexander Acosta, fiscal general de distrito. Dos abogados que frecuentan los tribunales de esta ciudad cuentan que Mulvihill lleva por lo menos 20 años de carrera judicial y se lo considera un fiscal “senior”, con experiencia, que recibe casos selectos. “Pero no es él quien reporta a la Casa Blanca, sino Acosta”, explican. “No creo que Bush lo conozca”, ironiza uno de los expertos consultados. “O bueno, tal vez ahora sí”, se ríe.
Acosta operó como asesor jurídico del equipo de Bush en la Florida, cuando peleaba la presidencia hace siete años. Luego lo llevaron al Departamento de Justicia, a la División de Derechos Civiles. Como fiscal de estado en Miami fue nombrado directamente por la Casa Blanca. Sobre la embestida de Mulvihill en el caso de Antonini reinan dos teorías en estos pagos: una dice que carece de intencionalidad política y solo pretendió demostrar la importancia del caso al aludir a la trama argentino-venezolana; la otra se basa en que recibe instrucciones, aunque la principal advertencia estaba dirija a Venezuela y, solo de rebote, a la Argentina, aliada al gobierno de Chávez.
Ahora los acusados Durán y Carlos Kauffmann –ambos ex socios del valijero– seguirán presos hasta el juicio. Moisés Maionica, un abogado señalado como emisario del gobierno venezolano, tiene una audiencia por su excarcelación el 2 de enero. Canchica está prófugo, con versiones de que se encontraría en Cuba. La situación del uruguayo será resuelta por un juez de rango superior en una audiencia que todavía no tiene fecha. Antonini debe estar detrás de alguna palmera, mientras la Justicia argentina lo reclama por lavado de dinero. Una curiosidad: Mulvihill, en el escrito de ayer, habla de él como “el testigo cooperador”.
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