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La Cámara Federal confirmó los procesamientos por falso testimonio de dos peritos que manipularon un informe para beneficiar al ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Fernando de Santibañes y al ex senador nacional José Genoud, en la causa por el pago de sobornos para la aprobación de la Ley de Flexibilización Laboral, en abril de 2001.
Los datos falseados corresponden a los llamados telefónicos desde el celular del arrepentido Mario Pontaquarto, también procesado en la investigación por el pago de los sobornos, cuya confesión impulsó la causa judicial. La pericia falsa habría pretendido ubicar a Pontaquarto en lugares distintos a los que éste refirió cuando confesó cómo había retirado el dinero de la SIDE para pagar las coimas.
Los procesados son el subinspector de la Policía Federal Rubén Omar Villalba y el perito designado por De Santibañes, José Luis Alfredo Bolatti.
La causa se inició cuando, tras cotejar la pericia, el juez federal Daniel Rafecas pidió que se investigara el desempeño de Bolatti y Villalba, que pertenece a la División Apoyo Tecnológico Judicial de la Policía Federal. Aunque en primera instancia el juez federal Claudio Bonadío había considerado que los peritos carecían de idoneidad y capacidad técnica, la Sala I de la Cámara lo corrigió y dijo que no se había tratado de un error, sino que hubo intención de favorecer a los ex funcionarios investigados. “Los errores resultan llamativamente convenientes para Santibañes y Genoud”, coincidieron los camaristas Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Eduardo Farah.
Los datos que habrían sido tergiversados por los expertos se relacionan con dos franjas horarias del 18 de abril de 2000: al mediodía, cuando Pontaquarto manifestó haber ido a la SIDE a entrevistarse con el entonces titular del organismo, y por la tarde cuando el arrepentido aseguró haber retirado de ese organismo los 5.000.000 de pesos destinados a los sobornos. El informe consignaba una llamada recibida ese mediodía en la zona del Congreso, lo que daría idea de que Pontaquarto estaba en su lugar de trabajo y no donde indicó; también omitía una “celda” telefónica –correspondiente a la zona en la que Pontaquarto habría recibido una llamada– que permitía disimular la verdadera ubicación del arrepentido.
Los camaristas destacaron que, de acuerdo con el informe de los peritos, Pontaquarto tendría que haber recorrido el trayecto entre la localidad bonaerense de Luján y el Congreso en 14 minutos, “circunstancia que resulta imposible”. Cavallo, Freiler y Farah advirtieron además que el informe de Villalba y Bolatti sólo estaban mal en aquellas partes que podían perjudicar a De Santibañes y Genoud. Concluyeron que “la falsa información suministrada importó, sin duda alguna, una alteración de entidad suficiente como para modificar el resultado de la prueba del delito y la atribución de responsabilidades”. “Es que si el magistrado denunciante hubiera tomado por ciertos los datos erróneos –acotaron–, se habría formulado un juicio equivocado de cómo se sucedieron los hechos y habría considerado que la confesión de Pontaquarto se encontraba refutada.”
Además de Pontaquarto, De Santibañes y Genoud, en la causa están procesados el ex ministro de Trabajo de la Alianza Alberto Flamarique y una media docena de ex senadores a quienes se encuadró en la figura penal de cohecho pasivo.
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