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Sobre Daniel Rodríguez recayó un nuevo procesamiento. Esta vez, la Justicia federal de Quilmes le dictó prisión preventiva por el acopio ilegal de armas de guerra. El juez Luis Armella analiza ahora las relaciones del líder de la toma del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense para determinar cómo está integrado y a qué se dedica el MP 29 de Mayo. También investiga a los compañeros de Rodríguez: la Justicia intenta saber si tienen antecedentes penales y si esos antecedentes ocurrieron antes o después de que cada uno de ellos entrara en la organización.
En las últimas horas, tras el procesamiento de la Justicia de La Plata por la toma del ministerio, el juzgado federal de Quilmes dictó la prisión preventiva a Rodríguez con un embargo de cien mil pesos. Imputó tenencia ilegal de armas de guerra, armas de uso civil y material explosivo, acopio de armas y municiones de guerra. También encubrimiento y supresión de la numeración identificatoria puesta por autoridad competente –parte de las armas que le secuestraron estaban limadas– y lesiones leves por los daños que le provocó a su mujer. Rodríguez quedó detenido el sábado 29 de diciembre, luego de una discusión con su esposa, por una denuncia al 911 de sus vecinos. Mientras se ocultaba de los espacios que frecuentaba, aquello permitió a la policía franquear la puerta de su casa y encontrar el arsenal: dos panes de trotyl, dos máuser, tanquetas de diez tubos de raid para explosivos caseros y varias decenas de armas. Desde entonces, las armas dejaron en la mira a toda la organización y sus contactos.
Para analizarlos el juez piensa la investigación en tres etapas. La primera, concentrada en la organización para ver si existe una relación entre los antecedentes penales de algún integrante y lo que hacían. Para la segunda etapa, prevé analizar el financiamiento, el acceso y uso que realizarían de planes sociales de la provincia y la Nación. Por último, la relación con los funcionarios. Es decir, aquellos nombres que surgieron –entre otros datos– de la primera declaración de la causa, la que pronunció la mujer de Rodríguez en una testimonial.
Sus dichos se centraron en la supuesta utilización de programas de inclusión social bajo la lógica de prácticas punteriles. Según pudo confirmar este diario, describió a Rodríguez como “el dueño de un movimiento piquetero”. Brindó algún detalle de la toma, las armas y contactos. Aseguró que él “maneja las altas y bajas de los planes”, cobrando 5 o 10 pesos por plan. Dijo que la gente iba a cobrar el beneficio al Banco Provincia y, si no le daban a él los 5 o 10, pesos se los sacaba. Ante la consulta de si la agrupación cumplía alguna “función política”, dijo que “llevaba la gente a los actos, pero cree que por eso no cobra; que se mueve con gente del Ministerio de Trabajo de Nación y que tenía tarjetas de invitación del ministerio”.
En la declaración, algunos párrafos hacen eje en la toma del ministerio con sede en La Plata. Por ejemplo, dijo que la organización recibía “mercaderías del Ministerio de Desarrollo Social, pero como no le estaban dando decidió ir a la toma”. En otra mención, indicó otro dato más llamativo: una semana antes de la toma –dijo– Rodríguez recibió del “ministerio” un sobre con 9 mil pesos. Cuando le preguntaron detalles, afirmó que el sobre tenía pegado con cinta de papel el nombre de Rodríguez. Además, dijo que Rodríguez estaba enojado porque “no era lo que le habían dicho que iban a pagarle por su trabajo”. Cuando le preguntaron de qué ministerio era, ella dijo que no sabía. Si bien algunos, por las fechas, suponen que ese dinero pudo haber servido para financiar la “Operación Progreso” –el nombre que el MP 29 de Mayo dio a la toma–, los investigadores no lo creen. Se inclinan a pensar que habría sido un pago por servicios anteriores.
Sobre el armamento, la mujer dijo que una persona llamada “Capu” D. J. les conseguía las armas. Que era alguien de la organización que llevaba las cosas a su casa, no en auto, sino en un bolsito. Que las traía de la villa El Mate, de Quilmes, que Rodríguez pagaba 700 pesos por esas armas y que, según declaró, las quería para las tomas. Afirmó que Rodríguez trabajó para “la hermana de Kirchner, que le prometía cosas como proyectos nuevos, bajar máquinas de coser por ejemplo a cambio de movilizar a la gente, por ejemplo fueron a la asunción de Cristina Kirchner”. Mencionó además a un tal Rogelio, a quien ubicó en el Ministerio de Trabajo, aunque trabajaría en la Secretaría General de Presidencia. El tal Rogelio era una de las personas con las que Rodríguez tenía contactos.
Los asesores de la Secretaría General de la Presidencia que llevan adelante los contactos con las organizaciones sociales y piqueteras de la provincia explican que el trabajo es claramente de contención o de canalización de relaciones para facilitarles acceso a los programas de inclusión social. En esa línea se expresó Daniel Arroyo, el flamante ministro de Desarrollo Social bonaerense, a quien le hicieron la toma (ver aparte).
En diálogo con este diario, el ministro de Desarrollo Social de La Plata volvió a inscribir la toma del ministerio del 18 de diciembre como un acto “delictivo”. “Es legítima la protesta social y en determinados contextos es razonable y quiero decirlo”, dijo Daniel Arroyo. “Pero no, ésta fue otra cosa, esto no fue parte de la protesta social.” En ese sentido, el ministro reivindicó la función que los movimientos sociales y las organizaciones piqueteras en las barriadas del conurbano. “Yo sí creo que los movimientos sociales tienen un rol central en los centros barriales, sobre todo entre los más jóvenes, que hacen un trabajo allí de sostén de los sectores más postergados.”
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