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El jefe de la Armada, Jorge Godoy, se mantiene a flote. “Poner en orden a un jefe no es cortarle la cabeza”, repetían en Defensa. El marino echó, tal como le ordenó la ministra Nilda Garré, al represor Roberto Pertusio, preso desde el 2006 por delitos de lesa humanidad, y uno de sus asesores en el Centro de Estudios Estratégicos hasta que Página/12 lo reveló el domingo último. Ayer Godoy le elevó un informe sobre el papel que cumplió la Marina en facilitar el predio de vacaciones al prefecto Héctor Febres mientras estaba detenido por delitos de lesa humanidad. Como primera respuesta recibió otra orden: hacerle un sumario para “determinar las responsabilidades del jefe que estuviera en ese momento en la base naval de Azul sobre las indebidas condiciones de detención” del torturador envenenado.
Cuando Febres fue trasladado desde la sede Delta de la Prefectura a la base de Azul, el jefe de la Armada era el propio Godoy en su primera gestión durante el gobierno de Néstor Kirchner y el secretario general naval, de quien depende operativamente el uso de las residencias de la base de Azul, era Benito Italo Rótolo, actual subjefe de la fuerza.
La resolución de la jueza Sandra Arroyo, que investiga el homicidio de Febres, detalla que “si bien se adujeron razones de salud” para realizar los traslados a dependencias del Arsenal Naval Azopardo de la localidad de Azul entre el 2003 y el 2005 “viene al caso destacar que las actividades que tuvieron como protagonista al señor Febres (según las fotos anexadas) que lo muestran vacacionando junto a toda su familia en comodísimas instalaciones, con variados banquetes de comidas a su alcance en nada se compadecen con el sometimiento a un tratamiento médico tendiente a tratar la enfermedad de diabetes que adolecía”.
El argumento de la Marina es que el juez Sergio Torres, a cargo de la instrucción de la represión en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), estaba informado sobre los traslados. En rigor, Justicia Ya, querellante en la causa, pidió el juicio político del magistrado y del Tribunal Oral Federal Número 5 por no haber controlado las condiciones del encarcelamiento del represor que actuó en el centro clandestino que funcionó en la ESMA. La gambeta de la Marina no alcanza para disimular que el torturador era tratado con privilegios de alto oficial. Durante la dictadura, la Prefectura estaba bajo jurisdicción de la Marina. Los querellantes solicitaron a la jueza que cite a declaración indagatoria a Godoy para que dé explicaciones sobre el caso. Ese pedido, publicado el sábado por este diario motivó que Garré citara el lunes pasado al jefe de la Marina y lo emplazara a dar una respuesta en 48 horas.
“Godoy cumplió las órdenes de la ministra, entregó el informe requerido y separó a las personas que tenía que separar” de la fuerza, explicaban ayer en el Edificio Libertador. Trataban así de apaciguar el vendaval que arreció en la cúpula de la Armada y aseguraban que “Godoy está ejerciendo el mando en plenitud”. En otros niveles de Gobierno repetían que por el momento no quieren hacer cambios en las cúpulas castrenses. El marino supo ganarse el beneplácito oficial con su autocrítica por la actuación de la fuerza durante la dictadura. Sin embargo, en la gestión aparecen cabos sueltos que muestran la vigencia de antiguas relaciones.
Por el momento, el almirante se ocupará de instruir otro sumario. Esa ha sido su estrategia para sobrevivir: lo hizo en los casos de espionaje en la Base Naval de Trelew, de venta ilegal de combustible en la Base Naval de Azul, en las irregularidades por las obras de traslado del polo educativo que funcionaba en la ESMA al campo recreativo de la obra social de los suboficiales en Vicente López.
En el caso de los integrantes del Centro de Estudios Estratégicos, Godoy también argumentó desconocimiento. Pertusio, detenido desde fines del 2006 en su casa de Olivos acusado de homicidios y secuestros en la Base Naval de Azul, era miembro permanente del Centro que preside Godoy. Garré le ordenó relevarlo de forma inmediata al igual que al contraalmirante retirado Miguel Troitiño “apologista de las acciones del terrorismo de Estado” y al capitán Hugo Santillán, ex titular del Liceo Naval, que entregó el edificio que ocupaba en la ESMA arrasado.
La Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas emitió un comunicado en el que “apoya las medidas tomadas por la ministra de Defensa que ordenó la separación de marinos retirados procesados por violaciones a los derechos humanos”.
Godoy parece haber rodeado el huracán. Podrá seguir gozando de los privilegios por ser jefe de la Armada: un tríplex en Libertador y Coronel Díaz, una quinta en San Fernando, una residencia en Bariloche, el yate Itatí, los dos Renault Mégane y los tres Ford Focus.
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