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La embajada argentina ante el Vaticano quedará vacante durante cuatro años y una ley del Congreso dispondrá la disolución del Obispado castrense. Al mismo tiempo, el gobierno nacional intentará mantener relaciones de mutuo respeto con el Episcopado argentino, que no participó en la decisión vaticana de rehusar el plácet al designado embajador Alberto Juan Bautista Iribarne, amigo personal de uno de los obispos más influyentes del país e hijo de un piadoso oficial del Ejército. El pequeño estado de 821 habitantes surgido del acuerdo de Letrán que Pío XI y Benito Mussolini firmaron en 1929 ha hecho saber que no lo aceptará porque antes de unir su vida a la de María Belén Trigo, hace nueve años, se divorció de Inés Urdapilleta, quien ha explicado en vano qué buen padre es su exposo. Los obispos locales tampoco tuvieron intervención en la crisis que se desarrolló desde febrero de 2005, cuando el ex obispo castrense Antonio Baseotto sugirió resolver las diferencias con la política sanitaria de Ginés González García arrojándolo al mar con una piedra de molino al cuello.
El rechazo vaticano a Iribarne y sus previsibles consecuencias facilitarán la posición beligerante contra el gobierno del presidente de la Iglesia argentina, Jorge Bergoglio, y harán más arduo el empeño de los obispos dialoguistas, como los otros miembros de la Comisión Ejecutiva, Agustín Radrizzani y Sergio Fenoy, y el responsable político del Episcopado, Alcides Casaretto, quienes no ven la conveniencia ni la inevitabilidad de una ruptura, en especial a partir de las reiteradas señales de buena voluntad emitidas por la presidente CFK.
El Vaticano hizo saber desde el primer momento que Iribarne no pasaría con facilidad. Esto desconcertó al gobierno nacional, que había pensado la designación de un ministro de Néstor Kirchner como un gesto de distensión. Otras señales similares fueron la audiencia a solas en la que Kirchner y la entonces presidente electa Cristina Fernández recibieron en noviembre al secretario de Estado Tarcisio Bertone, y el encuentro de Cristina en la segunda semana de su gobierno con la conducción del Episcopado argentino. Luego de obsequiar a Bertone con una imagen de la Virgen de Luján, los Kirchner le comunicaron la invitación argentino-chilena para que el Papa asistiera a los actos al cumplirse un cuarto de siglo de la solución del conflicto limítrofe por las islas sobre el canal Beagle. Bergoglio debió pedir la audiencia en contra de su voluntad, por decisión de la mayoría de los 22 miembros de la Comisión Permanente. CFK la concedió de inmediato pero Bergoglio volvió a tomar distancia el 31 de diciembre, con una sagacidad que también muestra la amplitud de sus principios. El Arzobispo porteño se reunió en la Plaza de Mayo con los militantes de los partidos PTS, PCR, PO MST y MAS, que se disputan la conducción de la lucha iniciada en noviembre por la reincorporación de 85 despedidos del casino flotante. Además les permite sostener sus carteles colgantes en las columnas de la Catedral. Esta actitud excepcional en un antimarxista inflexible y sin actividad conocida de apoyo a trabajadores en problemas, responde a la participación en el paquete accionario del casino de Cristóbal López. Primo político del ex gobernador patagónico Sergio Acevedo, López comenzó su actividad como empresario del juego en Santa Cruz durante la gobernación de Kirchner. En la última semana de su presidencia, Kirchner prorrogó por quince años la concesión que el senador Eduardo Duhalde firmó durante su desempeño interino en el Poder Ejecutivo, por la que López explota 3.000 máquinas tragamonedas en el hipódromo de Palermo y lo autorizó a colocar otras 1.500. También es llamativa la saturación de policías y prefectos y el rigor con que persiguen y golpean a los manifestantes. La elección de este blanco no genera dificultades a Bergoglio dentro del Episcopado, ya que fue Casaretto quien frustró el proyecto del ex gobernador bonaerense Felipe Solá de permitir la instalación de las máquinas de López en el hipódromo de San Isidro. Bergoglio también estimuló la rotunda posición de Elisa Carrió, quien dijo que “Kirchner es Cristóbal López”, que el problema del casino “prueba la corrupción de Néstor y Cristina Kirchner”, que el juego es la mejor manera de lavar dinero y que el gobierno manipulará a algún juez para garantizar la impunidad. Hasta 1965, la Iglesia financió sus actividades mediante la explotación de juegos de azar como los que administra López. Pero ese año la asamblea plenaria del Episcopado renunció a ese sistema recaudatorio a raíz de planteos críticos de los obispos Jerónimo Podestá y Alberto Devoto.
Cuando el Senado prestó el acuerdo para la designación de Iribarne, el nuncio Adriano Bernardini indagó a distintos funcionarios de Ceremonial y de la Secretaría de Culto acerca de la vida privada del embajador. Le dio pie para ello la insólita omisión del estado civil en el curriculum vitae del funcionario. El nuncio se interesó una vez por la situación matrimonial de Iribarne y otra por sus convicciones. “¿Está casado, es católico?”, preguntó.
Cuando se fue insinuando la posibilidad del rechazo, la presidente CFK analizó dos alternativas: dejar la embajada en manos del encargado de negocios Hugo Gobbi, un heredo-diplomático designado allí a solicitud del ex presidente Raúl Alfonsín, o escoger un nuevo candidato y someterlo al escrutinio de Benedicto XVI y sus dicasterios romanos. La primera opción era la más simple: la embajada ante el Vaticano sólo tiene funciones protocolares, dado que el pilar de la relación bilateral es el nuncio apostólico en el país. Un obstáculo de la segunda era la reducción del universo de alternativas: cuatro millones de ciudadanos conviven como Iribarne con una persona fuera del matrimonio. Según el censo de 2001, 14,5 millones de los habitantes mayores de 14 años viven en pareja pero sólo 10,6 millones están casados. Es decir que el 27 por ciento de la población adulta de la Argentina entra en la categoría de indeseable para la sede apostólica. Esto ayuda a comprender lo que está en juego en este episodio: el rechazo a Iribarne es una impugnación confesional a los estilos de vida que con libertad eligen los ciudadanos argentino. Ningún gobierno que se respete puede aceptar semejante anatema, menos uno como el de CFK cuyas propuestas reformas a la ley del registro de las personas procuran democratizar la vida cotidiana con independencia del sexo o el estado civil. Un infradotado con micrófono acusó al gobierno, con un extraordinario parangón: ¡el envío de un divorciado a Roma equivaldría al de un nazi a Israel!
Para evitar malentendidos, el gobierno hizo saber que no habría una segunda nominación. El mismo mensaje fue transmitido en Roma y en Buenos Aires, por el embajador saliente, Carlos Custer, al sustituto de la Secretaría de Estado vaticana para las relaciones generales, Fernando Filoni, y por el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, al nuncio Bernardini. Ambos prelados plantearon en el alambicado lenguaje de las insinuaciones que el plácet a Iribarne no era imposible y exploraron dos hipótesis: que el embajador aceptara la exclusión de su mujer de cualquier actividad ceremonial, al estilo de lo que el Vaticano le impuso a la esposa del ex presidente mexicano Vicente Fox durante una visita al Papa, y que el gobierno negociara un avenimiento en la situación del Obispado castrense. Ambas propuestas fueron declinadas, una por Iribarne, quien no estaba dispuesto a aceptar tal iniquidad, y otra por el gobierno: una situación no podía condicionarse a la otra y la designación de Iribarne tenía el propósito de desatar aquel nudo porque, a diferencia de Custer que es un hombre de la Iglesia, el ex ministro responde al gobierno que integró.
El vicariato castrense fue creado en 1957 por un decreto de los dictadores Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Francisco Rojas y convertido en obispado castrense en 1992 por un decreto de Carlos Menem. Esos decretos oficializaron sendos acuerdos negociados con la Santa Sede, durante los reinados de Pío XII y Juan Pablo II. El Congreso nunca los ratificó, por lo que conserva plena virtud su facultad (en el artículo 64 de la Constitución de 1853, 68 de la de 1949 y 75 de la vigente) de “aprobar o desechar” los “concordatos con la Silla Apostólica” o “la Santa Sede”, según la variable terminología de un único texto.
Por imposición de Aramburu y Rojas el primer titular del vicariato castrense fue el arzobispo de Córdoba Fermín Emilio Lafitte, organizador de los comandos civiles que actuaron en el golpe militar que en 1955 depuso al presidente Juan Perón. Pío XII remitió a Lafitte una oración para que la rezaran los militares argentinos, a quienes definía como soldados cristianos. “Bajo las banderas de una nación de historial limpio y de íntegra tradición católica velamos a fin de que no sea alterado el imperio de la ley y de la justicia, y aseguramos el orden y la paz que son indispensables para que la Patria viva tranquila”, decía. El pontífice convalidaba así el rol policial asumido en forma extrema con los fusilamientos de junio de 1956. En las dos décadas siguientes ese desvío de su misión devastaría a las Fuerzas Armadas y, a través de ellas, a la Nación argentina. Los sucesores de Lafitte entre 1959 y 1981, Antonio Caggiano y Adolfo Tortolo, fueron al mismo tiempo presidentes de la Conferencia Episcopal y tuvieron una importancia decisiva en la diseminación entre los oficiales de las Fuerzas Armadas de la doctrina de la seguridad nacional, en su vertiente francesa de guerra contrarrevolucionaria, que se aplicó con trágicos resultados a partir de 1976. En 2002, a pedido del senador Duhalde, el Vaticano designó como obispo castrense a Antonio Baseotto, quien visitó la Corte Suprema de Justicia para reclamar a sus integrantes que cerraran los juicios por violaciones a los derechos humanos. En febrero de 2005, a raíz de la carta de Baseotto a GGG, el Poder Ejecutivo solicitó al Vaticano que designara a otro obispo castrense. Ante la negativa, Kirchner firmó el decreto de cesantía como secretario de Estado, en el que sostuvo que esa metáfora evocaba los vuelos de la muerte. Baseotto respondió en forma provocativa que no le constaba que hubieran existido esos vuelos durante “la famosa dictadura”, pese a que su secretario en el obispado era el capitán de fragata Alberto Angel Zanchetta, quien como capellán de la ESMA silenciaba con parábolas bíblicas sobre la separación de la cizaña del trigo el escrúpulo de los marinos que regresaban de la macabra faena.
El tratado vigente establece que el cargo es provisto por el Papa, con acuerdo del Presidente, pero nada dice sobre mecanismos de remoción. Mientras el gobierno nacional entendió que quien daba el acuerdo también podía retirarlo, el Vaticano sostuvo que la remoción de un obispo no competía al poder temporal. Este sofisma pasó por alto que Kirchner no cuestionó el carácter episcopal de Baseotto, sino su actuación al frente de la diócesis personal de los militares. El empecinamiento vaticano por mantener a Baseotto durante dos largos años, hasta que llegara a la edad fijada para la jubilación eclesiástica, reabrió el mal cerrado capítulo de la conducta de la jerarquía católica durante los años del terrorismo de Estado, con gran fastidio del Episcopado que hubiera preferido que se olvidara. El 18 de noviembre pasado L’Osservatore Romano publicó un reportaje al cardenal Bertone, quien al regresar de la Argentina dijo que los medios deberían ocuparse menos de los actos de la Iglesia en el período de los gobiernos militares y más de la epopeya misionera. Para el secretario de Estado, la denuncia de las violaciones a los derechos humanos y a las normas de la democracia es legítima, pero más importante y formativo es dar espacio a un bosque que crece que a un árbol que cae, aunque haga más ruido. Concluyó que no sólo los “llamados gobiernos militares” faltan a la democracia, porque también otros elegidos por el voto popular “se transforman en verdaderas dictaduras”, lesivas de los derechos de “los cuerpos intermedios, que son el humus de la democracia”.
Benedicto XVI aceptó la renuncia de Baseotto y propuso para sucederlo una terna integrada por los obispos de Chascomús, Carlos Malfa, de Avellaneda-Lanús, Rubén Frassia y de Rafaela, Carlos Franzini. El gobierno no objetó a ninguno de los tres y el Vaticano escogió entonces a Malfa. La comunicación formulada por el nuncio Bernardini muestra en qué manos inhábiles ha quedado la relación de su gobierno con la Argentina: decía que Benedicto XVI había “designado” a Malfa, cuando el convenio vigente establece que antes de designar al obispo castrense el Papa debe solicitar el “previo acuerdo” del presidente de la República. Para borrar las huellas de su gaffe, el nuncio pidió al Poder Ejecutivo que le devolviera la nota y la reemplazó por otra en la que solicitó el acuerdo presidencial para la designación. El Poder Ejecutivo tuvo la discreción de no ventilar el mal paso del nuncio, descalificatorio para un miembro de la más antigua burocracia del mundo, pero le aclaró que necesitaba tiempo para decidir y que el silencio no podría interpretarse como asentimiento tácito.
En marzo del año pasado la senadora frentevictoriana Adriana Bortolozzi, esposa del ex gobernador de Formosa Floro Bogado, presentó un proyecto de ley que denuncia el tratado de 1957 y sus enmiendas de 1992 y dispone el cese en sus funciones el obispo castrense, sus capellanes, los sacerdotes militares de las tres Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad. Los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad gozarán de libertad para profesar su religión y no podrán ser obligados a participar de ceremonias litúrgicas en actos oficiales, tal como ocurre en el vecino Uruguay desde hace un siglo. En agosto de 2007, Bernardini agradeció por escrito al gobierno “el no avance” del proyecto y sostuvo que la anulación unilateral de un acuerdo bilateral regido por las normas del derecho internacional “no sería de interés de ninguna de las partes”. En su lugar propuso buscar una solución amistosa, compatible con el derecho a la libertad religiosa y “pleno respeto a la laicidad del Estado y a la libertad de culto de cuantos en las Fuerzas Armadas no pertenecen a la Iglesia Católica”. Citó en la nota un discurso sobre la estabilidad del orden jurídico, pronunciado por CFK durante la campaña electoral. El gobierno tomó en cuenta este ofrecimiento, pero cuando comunicó que estaba dispuesto a formar una comisión que estudiara los pasos a seguir para la conclusión del acuerdo, el Vaticano hizo saber que estaba dispuesto a admitir una estructura mínima e incluso la designación de capellanes de otras confesiones, pero no la disolución del obispado. Esta suma de rechazos cierra los caminos para la solución consensual. Que los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad practiquen el culto de su preferencia en los templos próximos a sus domicilios, como los escribanos, las manicuras y los cartoneros, es coherente con las propuestas del gobierno de integración castrense, demoliendo lo que queda de los muros que aíslan a ese micromundo del resto de la sociedad.
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