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El olor a perfume casi siempre remite a un asunto amoroso, a un recuerdo grato. Sin embargo, en el juicio que aquí se realiza por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el Regimiento de Infantería 9 de esta ciudad, para algunos detenidos el hecho de percibir en el aire –con los ojos vendados– una fuerte fragancia que se hacía recurrente puede ayudar a identificar a la persona que lo torturó durante días o meses. “Cuando uno está con los ojos vendados, desarrolla más algunos de los otros sentidos. Yo sabía que era la misma persona la que me torturaba y la que me decía (en otros momentos) que era ‘muy comprensiva’. Lo identificaba por su voz y también por el olor a perfume.” Tiempo después, el ex detenido-desaparecido Hugo Bernardo Midón tomó conocimiento de que la persona que le hizo vivir los momentos más trágicos de su vida era el capitán Juan Carlos Demarchi, el ex oficial de inteligencia que está recibiendo la mayor cantidad de imputaciones en lo que va del proceso, junto con los coroneles Horacio Losito y Rafael Manuel Barreiro. Ayer, los defensores pidieron la nulidad de la acusación fiscal, una medida más cerca de una chicana judicial que de un planteo fundado.
La jornada de ayer comenzó con la lectura de las acusaciones de los querellantes, entre ellos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Demarchi, Losito y Barreiro acumulan, hasta ahora, más imputaciones que Carlos Roberto Piriz y Raúl Alfredo Reynoso. En casi todos los relatos que se leyeron y que deberán ser ratificados ante los miembros del Tribunal Oral Federal de Corrientes, aparecen los nombres de Demarchi, Barreiro y Losito, pero sobre todo el del capitán a cargo del área de inteligencia. Demarchi fue acusado, incluso, por algunos vejámenes de índole sexual. Así lo hicieron dos mujeres que estuvieron detenidas en el RI-9. Una de ellas dijo que Demarchi, además del mal trato, aprovechó su indefensión para tocarle los pechos. El otro caso fue más grave todavía: “Me dijo si quería (tener sexo) con él o con una linterna. Le dije que con la linterna y él lo aceptó”. El dato sobre los dos casos de abuso sexual están contenidos en la acusación y las dos mujeres integran la nómina de testigos.
Se han denunciado otras torturas atroces, durante sesiones de picana eléctrica de una y hasta dos horas consecutivas en las zonas más sensibles del cuerpo. Otro de los métodos para atormentar a los detenidos era colgarlos de andamios o ganchos que estaban amurados a los techos del baño donde permanecían cautivos. A Jorge Hugo Trainer lo colgaban de las duchas del baño, mientras que Miguel Angel Miño aseguró que lo tuvieron “una semana colgado de un andamio”. La Comisión de Derechos Humanos de Corrientes tiene relatos según los cuales “los colgaban de las manos, con las esposas puestas y en el piso les ponían una silla que no estaba parada sino recostada. Las personas hacían pie sobre ellas para ir soportando por turnos el peso del cuerpo: un poco con las manos, un poco con los pies. Era una tortura terrible”, explicó a Página/12 Diego Cazorla, sobrino de Rómulo Artieda, secuestrado en 1977 y visto por otros detenidos en el centro clandestino del RI-9. El gendarme Reynoso fue señalado como la persona que le pateaba las sillas a los detenidos para que quedaran sujetos sólo por las manos.
Además de pedir la nulidad de la acusación fiscal por considerarla “una pieza llena de meras afirmaciones genéricas y dogmáticas, sin sustento probatorio alguno”, el abogado Jorge Buompadre, defensor de Demarchi y Barreiro, intentó impugnar el cargo por la desaparición forzada de Rómulo Artieda, cuyo cuerpo fue identificado en 2006. Según Buompadre Barreiro tiene que ser “sobreseído por prescripción porque se demostró que (Artieda) fue asesinado de dos balazos. Si fue asesinado en 1977, como se dijo, no puede ser tomado como un caso de desaparición forzada sino como homicidio. El máximo de pena para ese delito es de 25 años y ya pasaron más de treinta”, sostuvo el polémico abogado, que no tomó en cuenta la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
Los defensores también cuestionaron la acusación por “asociación ilícita”. Otro de los abogados, Eduardo San Emeterio, pidió al tribunal que anule la citación de varios testigos, entre ellos el coronel retirado –y democrático– Horacio Ballester, quien fue llamado para que explique a fondo cómo funcionaba la cadena de mandos durante la dictadura. Es algo que no le conviene a la defensa, porque podría servir para demostrar que la organización funcionaba como un aparato ilegal preparado para delinquir. Es decir, como una “asociación ilícita”. Tampoco quieren que venga la periodista francesa Marie Dominique Robin, quien entrevistó a generales argentinos que admitieron ser jefes de una organización clandestina que utilizó métodos aberrantes.
Ayer no se produjeron enfrentamientos masivos entre familiares de las víctimas y los amigos de los acusados. De todos modos, en la calle, a la salida del tribunal durante un cuarto intermedio, la mujer y un hijo de Piriz amenazaron –en presencia de varias personas, incluyendo un par de periodistas locales– a uno de los testigos de cargo, el ex detenido del RI-9 José “Chengo” Almirón, quien desde hace años vive en Alemania con su familia. “La mujer se me acercó y me dijo mientras me señalaba con el dedo: ‘Vos vas a pagar por lo que hiciste’ ”, en alusión a su declaración en la etapa de instrucción del juicio, en la que involucró a los cinco detenidos. Después, un joven que acompañaba a la esposa de Piriz le reiteró las mismas palabras. Almirón resolvió no hacer una denuncia formal, pero puso en conocimiento de lo sucedido a los fiscales. Almirón concurre todos los días a la puerta de acceso al tribunal, sin entrar a la audiencia, ya que recién declarará como testigo el 10 de abril.
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