La Legislatura ordenó a la Policía que trajera por la fuerza a los diputados montielistas que no quieren dar quórum para el juicio político al gobernador. La Policía dijo que ni piensa.
Montiel sigue bloqueando la sesión del juicio político con la “desaparición” de sus fieles.
Mientras, sigue la huelga docente y habrá crisis porque no se podrá pagar la nafta con bonos.
Por Daniel Enz
Desde Paraná
La disputa entre el gobernador entrerriano Sergio Montiel, los diputados disidentes y el PJ se profundizará esta semana. Los legisladores enviaron una orden precisa al jefe de Policía para que allane los domicilios de los diputados montielistas y los traslade a la Legislatura, para que den quórum para tratar el juicio político. Y el mandatario salió a aclarar que “el juicio político terminó, porque se cayó la posibilidad de acusación”, haciendo una interpretación constitucional del caso en el que fue denunciado por emitir 198 millones en bonos federales, sin autorización legislativa. Mientras, los docentes seguirán de huelga, ayer se dejó de aceptar bonos federales en las estaciones de servicio –lo que producirá un grave colapso– y habrá nuevas movilizaciones para “que se vaya Montiel”.
Con nueve órdenes de allanamiento, los diputados decidieron exigirle al jefe de Policía, comisario mayor Julio Brassesco, que traslade al recinto para la sesión prevista para el jueves a los montielistas que se niegan a dar quórum. Los oficialistas se fueron de Paraná un día antes de la primera sesión de juicio político a Montiel y nunca más se les vio el pelo. Algunos se quedaron en la provincia, otros viajaron a Buenos Aires. Una de las más cuestionadas, la diputada Mónica Torres, se escondió en casa de su hija en Paraná y fue sorprendida por los vecinos, que se agolparon en la puerta para reclamarle que “vaya a trabajar y dé quórum”.
Algo parecido le sucedió a la diputada Cristina Carbini de Miranda en Villaguay, que tuvo una concentración espontánea de 700 personas en la puerta de su casa. La diputada dijo públicamente que no iba a avalar el juicio político y de inmediato renunció al gremio docente, del que es delegada. Pero el sábado a la noche, en el congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, le rechazaron la dimisión y la instaron a repensar la medida. Si no, será expulsada del gremio, que decidió una semana más de paro en las escuelas públicas.
El jefe de Policía anticipó que sólo aceptará órdenes del Ejecutivo y no mandará a buscar a los montielistas. El titular del cuerpo, Rodríguez Signes, le hará una denuncia penal por incumplimiento de deberes y pedirá que sea Gendarmería o Prefectura la que busque a los diputados. Si tampoco resulta, serán expulsados por inasistencia reiterada, por lo cual los montielistas hicieron un recurso de amparo ante la Justicia. El Poder Judicial se mantuvo al margen de la disputa entre Ejecutivo y Legislativo. “Precisamos 7 diputados únicamente para expulsar a quienes no vienen a trabajar”, insinuaron los disidentes.
“Vienen días duros”, vaticinó a Página/12 uno de los diputados que buscan la suspensión en el cargo de Montiel. Ayer, en una dura solicitada, la Empresa Distribuidora de Energía de Entre Ríos (Edeersa) cuestionó severamente al gobierno entrerriano por la falta de respuestas en la Caja de Conversión que cambia los bonos federales por pesos o lecop. La empresa advirtió que si no hay prontas soluciones cobrará las facturas en bonos según el precio del mercado, devaluados en casi un 50 por ciento. Las estaciones de servicio optaron por no recibir más el bono federal, lo que puede generar otro colapso.
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