ADOLFO PEREZ ESQUIVEL*. “La verdad nos hará libres”
Las heridas son profundas y el dolor de las Madres y familiares es irreparable. Los desaparecidos son un duelo en suspenso y ese delito cometido por la dictadura militar y sus cómplices son crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles en el tiempo. El día 14 de noviembre Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas publicaron una solicitada criticando duramente a la Carta Pastoral de los Obispos de la Iglesia Católica Argentina. Los organismos de derechos humanos dicen con certeza que “muchos de esos obispos miraron para otro lado mientras miles eran secuestrados torturados y desaparecidos, o bendijeron las armas con las que fueron ejecutados”.
Cada una de las palabras de la solicitada las suscribo. La Conferencia Episcopal Argentina no ha hecho una autocrítica a la luz del Evangelio y de su compromiso junto al pueblo. Los mismos argumentos, las mismas mentiras, las mismas cobardías. Ahora no deben olvidar que Jesús se comprometió y siempre buscó la verdad. Nunca fue aséptico. Lamentablemente la mayoría de los obispos argentinos no tuvieron el coraje de asumir su responsabilidad y tener un diálogo abierto con los familiares. Buscaron el camino más fácil. Se distanciaron y hablaron desde el púlpito. Repitieron el esquema: “Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”.
Sin embargo, a los organismos de derechos humanos quiero recordarles que algunos obispos no claudicaron al poder. Fueron y son compañeros en la lucha por la Verdad. No podemos meter en la misma bolsa a todos por igual, debemos rescatar y valorar a los hermanos y hermanas en la fe que lucharon y dieron su vida por su pueblo. La Iglesia tiene sus contradicciones. Los hermanos obispos hasta el día de hoy no quieren reconocer a monseñor Enrique Angelelli quien dio su vida asumiendo la Cruz de Cristo, defendiendo al pueblo y a sus sacerdotes asesinados. Como él hubo tantos otros: Don Jaime de Nevares, Jorge Novak, Miguel Hesayne, Alberto Devoto, Vicente Zaspe, Jerónimo Podestá, Justo Oscar Laguna.
El Episcopado Argentino tiene todavía una cuenta pendiente con el pueblo. No puede hablar sobre la reconciliación cuando los criminales no quieren reconciliarse. Hoy en nuestra débil democracia, con más de diez millones de personas que viven bajo la línea de pobreza, el Gobierno recibió una herencia pesada como es la destrucción de las instituciones del Estado. No se puede ignorar que el gobierno nacional hizo esfuerzos que deben valorarse en su justa medida, en la recuperación de las instituciones. Mientras tanto, la Iglesia Católica debería aprender con humildad a escuchar la voz de los sin voz, que cada día reclaman el derecho a la igualdad. * Premio Nobel de la Paz.
“Justicia, verdad y memoria” **
La opinión de la Conferencia Episcopal Argentina sobre los crímenes del terrorismo de Estado difundida en el documento “Una luz para reconstruir la Nación” es incompatible con cualquier reivindicación sincera de la verdad y la justicia porque nace de rescatar la postura de la Iglesia durante la dictadura. Pese a la mención actual sobre verdad y justicia, el documento reafirma la postura institucional sostenida por la Iglesia en un documento emitido en 1981, que propiciaba el perdón y la reconciliación mientras el gobierno de facto secuestraba, torturaba, desaparecía, asesinaba, robaba chicos, censuraba y condenaba al exilio, entre muchos otros crímenes.
Si se trata de realizar una reflexión social sobre ese proceso histórico y de construir una mirada profunda sobre nuestra sociedad, esto no puede circunscribirse a las responsabilidades de los autores de los crímenes sino que debe incluir muchos otros temas centrales para entender qué pasó, entre ellos las responsabilidades institucionales de la propia Iglesia. El intento de promover falsas discusiones puede tener graves consecuencias sociales pues se está impulsando de manera encubierta el fracaso tanto del proceso de justicia como del debate histórico. A diferencia de quienes intentan igualar todo lo sucedido, el documento debería reconocer la gravedad de los crímenes del terrorismo de Estado como crímenes de lesa humanidad incomparables con cualquier otro.
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