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El Gobierno privilegió el proyecto de reforma previsional por sobre otra iniciativa que también está estudiando, pero que dejó para más adelante: la creación de un índice de movilidad de las jubilaciones. La decisión la tomó Néstor Kirchner, considerando el peso político de una y otra medida.
“La reforma era una promesa de la campaña de 2003 que teníamos pendiente”, insistió ayer el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. De cara a una nueva ronda electoral, el Ejecutivo ahora puede mostrar que cumplió. Lo que postergó fue otra medida trascendente, como es la definición de un mecanismo de actualización de las jubilaciones.
En agosto pasado, la Corte Suprema dictó un fallo en el que ordenó al Congreso restablecer un índice de movilidad de los haberes previsionales. Después de mucho debate, el Gobierno otorgó un aumento del 13 por ciento a partir de enero, y anunció que todos los años incluirá en el Presupuesto las partidas para subir las jubilaciones. Pero esquivó el compromiso de instaurar un índice fijo y previsible. El máximo tribunal todavía no se pronunció sobre la legalidad de esa solución, y no se descarta que pueda rechazarla.
Frente a esa eventualidad, el Ministerio de Economía y la Anses están “haciendo números” y analizando distintas fórmulas de actualización en base a un índice. El tema no está cerrado. El Gobierno podría presentar alguna propuesta, aunque no sería en lo inmediato. La prioridad de los próximos meses es la aprobación y puesta en marcha de la reforma previsional. La redacción de la letra chica de la ley y su posterior reglamentación será una tarea ardua, cargada de presiones. “El diablo está en los detalles”, recordó un experto en materia previsional que supo trabajar en la función pública.
Una vez que termine ese proceso y quede habilitada la opción de salir de las AFJP para pasar al sistema público de reparto –lo que podría ocurrir hacia abril o mayo–, la Anses lanzará una campaña de difusión con los elementos a tener en cuenta para tomar una decisión. Publicará miles de cuadernillos instructivos que serán repartidos entre los sindicatos, las universidades, centros comunitarios y demás entidades intermedias.
El titular de la Anses, Sergio Massa, puso ayer en escena un dato que hará reflexionar a los afiliados a las AFJP: reveló que el 25 por ciento de los que aportaron a la jubilación privada en los últimos trece años agotaron los ahorros capitalizados y ahora cobran la mínima gracias al socorro del Estado. “De las 230 mil personas que se jubilaron por el sistema de capitalización, 60 mil volvieron al público porque estaba agotada su fuente individual”, precisó. “Es el Estado el que les está pagando hoy a esas personas. El 25 por ciento no es una cifra menor”, remarcó.
La advertencia tiene mucho más peso a futuro. Uno de los cambios que introduce la reforma es que los afiliados a las AFJP ya no tendrán la garantía del haber mínimo en caso de consumir en pocos años el dinero acumulado en su cuenta. Habrá una última chance de evitar esa situación ruinosa, que será salir del sistema de capitalización y pasar al reparto antes de los 50 años las mujeres y de 55 los hombres. En cualquier caso, las señales que envía al Gobierno a través del proyecto son favorables al régimen público.
Una de ellas es que las AFJP no podrán aplicar cargos a los afiliados que las abandonen. Tendrán la obligación de seguir administrando su dinero y de enviar los resúmenes informativos con la evolución de la cuenta, pero sin cobrar ninguna comisión por esa tarea. Y deberán hacer el trabajo hasta el momento del retiro del afiliado. Esta medida facilita la emigración hacia el reparto.
Todavía no está definido qué pasará con el porcentaje de aportes a uno u otro sistema. Actualmente, los afiliados a las AFJP soportan el descuento del 7 por ciento de sus sueldos, mientras que los que permanecen en el Estado aportan 11 por ciento del salario. El Gobierno proyecta unificar el nivel de aportes, para facilitar la decisión. Pero aún no resolvió en qué momento lo hará. Por lo pronto, la semana pasada anunció que durante todo este año los aportes a las AFJP seguirán en 7 por ciento.
Otra señal potente en favor del traspaso al sistema de reparto es la sustancial mejora en la base de cálculo del haber de los futuros jubilados por ese régimen. En lugar de computarse el 0,85 por ciento del promedio salarial de los últimos diez años, como ocurre en la actualidad para los que siguen en el sistema, se reconocerá el 1,5 por ciento por año. Por ejemplo, en el caso de una persona cuyo promedio salarial sea de 1000 pesos, en lugar de obtener 85 por cada año de aportes al Estado recibirá 150. Es un salto notable, que aumenta la jubilación futura del régimen público. Este cambio será a partir de la sanción de la ley y no tendrá efecto retroactivo para quienes aportaron al Estado desde 1994 a la fecha.
Ante la desconfianza de quienes recuerdan cómo se desfinanció en su momento el sistema público, Massa sostuvo que “actualmente, por ley, esos recursos no pueden destinarse a otros fines”. “Hoy están bien discriminados cuáles son los fondos para gastos generales y cuáles los de asignación específica para las jubilaciones”, insistió el funcionario, y agregó que esta separación se vio reforzada con la sanción del último Presupuesto. Allí se estableció “la creación de un fondo de garantías que no permite que los recursos de los jubilados puedan utilizarse con otros fines”.
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