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El país|Jueves, 18 de julio de 2002
OPINION

El control descontrolado

Por Martín Granovsky
Si el Gobierno de verdad quiere que haya un servicio de inteligencia transparente, tiene que desmontar la maniobra que ya montó en el Senado: integrar en la comisión especial del Congreso encargada de controlar a los servicios solo legisladores afines al oficialismo.
La comisión es bicameral, de senadores y diputados, y por ley votada el año pasado debe hacer el seguimiento de todas las actividades de inteligencia del Estado.
El Senado ya nombró a sus integrantes. Son los peronistas Miguel Angel Picheto, Mario Domingo Daniele, Eduardo Menem, Ricardo César Taffarel, Malvina Seguí y Mario Rubén Mera, y el radical Mario Losada. No hay ningún miembro del bloque peronista disidente, que integran entre otros Jorge Busti y Cristina Fernández de Kirchner. Tampoco está la frepasista Vilma Ibarra. Así, la composición no es creíble.
La Cámara de Diputados aún no designó su parte de la comisión. Si cambia el criterio del Senado, tal vez obliga a éste a revisar el suyo y dar las cartas de nuevo. Si conserva la exclusión implícita de cualquier voz crítica, la Comisión Bicameral se sumará al esquema que sigue:
- Según la Ley de Inteligencia, la comisión es el órgano de control de los servicios.
- La Secretaría de Inteligencia del Estado debe mantener informada a la comisión.
- La comisión está obligada a guardar reserva, como sucede en los Estados Unidos.
- Al mismo tiempo, según la ley, cuando la SIDE informa a la comisión se considera que informó al Congreso entero.
- Entonces, si la comisión es una isla sin pluralismo, pasará de ser un órgano de control a un sitio que cierre la cobertura para cualquier trapisonda de la SIDE. Miguel Angel Toma podrá decir: “Esto ya lo informé a la comisión”. Y nadie en el Congreso podrá reclamarle nada.
Por eso, los candidatos hacen bien en denunciar cualquier sospecha sobre su privacidad o su vida, pero harían mejor en poner toda su fuerza institucional al servicio (con perdón) de que funcionen los mecanismos votados por el mismo Congreso.
Y en el caso de Adolfo Rodríguez Saá, además, sería bueno que aporte más datos. No es serio guiarse por un site montado en Internet por mano de obra desocupada. Convertir a las víctimas en victimarios va contra la democracia, pero la sospecha de que alguien se victimiza para sacar ventajas terminará ensuciando aún más la política.

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