Carlos Rückauf atribuye una intención ideológica a las denuncias sobre su responsabilidad en la desaparición de delegados obreros de la fábrica Mercedes Benz. Su curioso razonamiento es que quienes cuestionan la política que él llama “de mano dura contra el delito” distorsionan el pasado para incriminarlo por cuestiones del presente. En realidad ocurre lo contrario: sus posiciones de hoy son la consecuencia natural de las que llevó a la práctica hace un cuarto de siglo. Sus desatinadas propuestas de hoy son objetables porque conocemos los resultados que produjo su conducta de ayer.
Lo que Rückauf no puede explicar es de qué modo se habría alistado en esa supuesta “operación política” la conducción de la propia empresa automotriz. En un documento que la periodista alemana Gaby Weber entregó a la Cámara Federal de La Plata, escrito dos meses después del golpe de 1976, el ex presidente de Mercedes Benz explicaba desde Stuttgart que los despidos de 115 trabajadores producidos en octubre de 1975, se debieron a “un pedido urgente del entonces ministro de Trabajo”, es decir Carlos Rückauf. La empresa sólo quería apoyar el esfuerzo del ministro y del sindicato de trabajadores mecánicos “de eliminar elementos subversivos de las fábricas”, agregaba Hans Martin Schleyer. Catorce de esos 115 despedidos fueron luego secuestrados y hasta hoy integran la lista de detenidos-desaparecidos por la dictadura militar. En el mismo mes de octubre de 1975, Rückauf fue uno de los firmantes del decreto de aniquilamiento que las Fuerzas Armadas invocaron para desatar el genocidio, lo cual califica el sentido de aquel reclamo que la multinacional acogió con tanta diligencia.
En agosto de 1999, cuando se postulaba como candidato a la gobernación de Buenos Aires Rückauf exhortó a que la policía les metiera bala a los ladrones. Escribimos entonces aquí que “la pólvora de tal definición corresponde a una carga de profundidad, que produce efectos demoledores aunque no sean visibles de inmediato. Cada vez que le recuerdan el momento descollante de su carrera política en que firmó el decreto de aniquilamiento de 1975, Rückauf responde que ‘nosotros no ordenamos a los militares torturar ni robar bebés’. Esto es formalmente cierto, así como la letra de su posterior exabrupto canero tampoco postula las ejecuciones extrajudiciales que con alta probabilidad se incrementarán en simpática respuesta a sus palabras”.
Los dos años de su mediocre gobierno confirmaron esa previsión. Además avanzó sobre la aplicación de la ley del 2x1 (cuya promulgación había recomendado como ministro del Interior), de modo que hoy las cárceles no bastan para contener a la marea humana arrojada allí y también revientan las comisarías. El resultado es que los niveles de violencia se han incrementado en forma vertical y la policía distrae un tercio de sus efectivos en la vigilancia de los presos, tarea para la que no están capacitados y que les impide cumplir con su misión de proveer seguridad.
Su biografía escrita por el periodista Hernán López Echagüe recuerda el proyecto de ley que Rückauf hizo público una semana después de su reunión con el futuro dictador Jorge Videla, documentada en una foto cuya publicación aquí indignó al hombre que ríe. “Todo paro, abandono de trabajo, ausencia concertada y toda otra forma de perturbación colectiva de la actividad normal por parte de agentes del Estado será sancionada con la cesantía o exoneración, la que será efectiva sin necesidad de sumario previo”, decía. Antes, Rückauf había sido uno de los firmantes del decreto que creó el Consejo de Seguridad Interna, liberó de todo freno a las Fuerzas Armadas en la represión, e indicó que “la lucha antisubversiva” abarcaría “no sólo la faz represiva, sino también la actividad política, económica, social y cultural”. Ese fue el acta de bautismo del terrorismo de Estado. En otra página del libro, López Echagüe recuerda una declaración del ministro de Trabajo al canal 11 de televisión: “La guerrilla de fábrica se debe a los sectores empresarios que tomaron militantes de ultraizquierda para romper las conducciones sindicales peronistas. El problema vital es acabar con la subversión. Los empresarios decían que iban a chupar (sic) a la izquierda, que luego terminó manejándolos”. Los militares enderezarían el entuerto. En aquella complacencia con la escalada castrense hacia el poder, pueden hallarse algunas raíces de la tragedia que el país padeció a partir de 1976. Si entonces cualquier aberración se justificaba con sólo invocar la lucha antisubversiva, hoy cumple la misma función la inseguridad.
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