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La huelga de hambre de Milagro Sala en la cárcel y de un grupo de curas en opción por los pobres en la Plaza de Mayo y las denuncias presentadas por diversas organizaciones nacionales e internacionales ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, llevó al gobierno jujeño del contador Gerardo Morales a levantar la sanción de aislamiento impuesta a la fundadora de la organización barrial Túpac Amaru. Pero esto no atenúa la crueldad que se ejerce contra ella y los otros diez presos políticos de su organización, que tienen menor conocimiento y repercusión mediática. Milagro está desde el 16 de enero en la Unidad Penal 3 de Alto Comedero, junto con Gladys Díaz, Mirtha Aizama y Patricia Pachila Cabana. Están juntas, pero les prohíben compartir las visitas, bajo amenaza de sanción. Milagro recibió a tres periodistas (Alejandra Dandan, Cynthia García y el autor de esta nota) y conversó con otros desde el teléfono público del Penal (Eduardo Valdés, José Luis Politi y Reynaldo Sietecase). El fiscal Aldo Lozano imputó a 12 agentes penitenciarios y los llamó a indagatoria por tolerar que Milagro hablase por celular. En realidad utilizó el teléfono público del penal. La sanción al personal penitenciario tendió a instalar el conflicto entre celadoras e internas.
Desde hace un mes Milagro tiene limitado el número de las visitas extraordinarias, sólo puede recibir a dos al mismo tiempo. Hace diez días le asignaron una penitenciaria que la vigila en forma permanente y si ella camina lo hace a su lado. El jefe del Servicio Penitenciario había designado a la psicóloga Laura Aguirre para atender a Milagro. Cuando al cabo de seis meses trabaron una buena relación, la relevaron, como otra forma de mortificación.
Otras tres compañeras de la Túpac están alojadas en comisarías, pese a que en Jujuy no hay superpoblación penitenciaria, sólo para impedir que puedan verse en la cárcel con Milagro (Rosa Mirta Guerrero, Shaquira; La Gringa Elba Galarza; y María Molina, que son amigas próximas de Sala).
En la comisaría hay otras mujeres detenidas, la mayoría acusadas por la comisión de delitos menores.
La visita al lugar tiene horarios muy limitados (miércoles y domingos una hora entre las 16 y las 17). Carecen del indispensable espacio físico en las celdas, en las que entra agua cuando llueve. Hasta fines de julio debieron bañarse con agua fría y dormir en cojines miserables. Cuando las familias y la organización les proveyeron colchones para ellas y las otras detenidas, la fiscal especial Liliana Fernández de Montiel ordenó retirarlos y sancionar a los responsables de la Comisaría de la Mujer por permitir su ingreso. El mensaje es implícito pero claro: así como a los tupaqueros el contador Morales les da la alternativa de denunciar o ser denunciados, la opción para las fuerzas de seguridad es verduguear o ser verdugueado.
Tres hombres de la organización están privados de su libertad en una unidad penal (Alberto Cardozo), en la Brigada de Investigación (Miguel Angel Sivila, Cacho) y en una comisaría (El Diablito Iván Dante Altamirano). Desde hace más de cinco meses Altamirano comparte una celda pequeña con otros presos, no tiene recreos y puede recibir visitas sólo en horarios muy limitados. No dispone de agua caliente y el acceso a los baños está restringido por la cantidad de presos que hay en el lugar.
Miguel Ángel Sivila está alojado solo y aislado en la Brigada de Investigaciones también desde hace cinco meses. El alojamiento en comisarías, tolerable por pocos días mientras se resuelve la situación procesal de ingreso, se prolonga en estos casos por meses, con un tratamiento diferenciado y discriminatorio. Sólo pueden recibir visitas de sus familiares directos, dos veces por semana durante una hora, según la ilegal circular policial 5364-D5. Nadie más que el fiscal puede autorizar lo que denominan “visitas extraordinarias” y no se les permite ninguna de las actividades propias de una unidad penal, como talleres, escuela, acceso a un espacio verde, lugares comunes para compartir, asistencia social y psicológica, o servicio médico, salvo mediante una solicitud previa, si el fiscal o el juez autorizan la salida. Los allanamientos realizados en sus domicilios para realizar las detenciones fueron muy violentos, con destrucción y robo de muebles y bienes personales, cosa que no fue asentada en las deficientes actas de esos procedimientos. Todos han sido presionados para que acusen a Milagro Sala y se acusen entre ellos, y sus familias denuncian que sufren permanentes intimidaciones y amenazas.
El esposo de Milagro, Raúl Noro, de 72 años, sigue bajo arresto domiciliario, luego de dos semanas en un hospital.
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