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La decisión del Gobierno de anunciar hoy mismo medidas concretas para beneficiar a los pequeños productores se terminó de definir ayer en la quinta de Olivos. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo el sábado y el domingo casi en sesión permanente con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y en ronda de consultas con ministros y secretarios de Estado.
En Olivos ayer también se evaluaban los pasos a seguir si no se lograba acercar posiciones con los productores rurales. La idea que predominaba para ese supuesto era la de endurecer las medidas para evitar el desabastecimiento, lo que incluye el desalojo de los piquetes por parte de Gendarmería. Es más, si los ruralistas hacen un corte total desde hoy, quizá la propia Presidenta pueda ser la que realice los anuncios de los beneficios a los pequeños productores y, en el mismo acto, dar a conocer la orden de despejar las rutas.
La idea original era –y por ahora sigue siendo– que las medidas para los pequeños productores las dé a conocer el ministro de Economía, Martín Lousteau, a las 18, en un acto en el salón Sur de la Casa Rosada. Después se planeaba que hablara CFK.
La Presidenta espera que los anuncios sirvan, de mínima, para aflojar la tensión, especialmente con la Federación Agraria, que es la que representa a los pequeños productores, quienes, a su vez, son los que mantienen con más fuerza los piquetes en las rutas. Esos cortes bloquean el tránsito de camiones que llevan carne y granos, y ya están generando escasez de varios productos y subas de precios.
Pero nada indica que lo que vaya a anunciar Cristina Fernández alcance para que las cuatro cámaras empresarias involucradas abandonen su intransigencia. Según se vio y escuchó en las últimas horas, lo que piden es que se suspenda el aumento de retenciones por 90 días. Así lo manifestaron ayer en forma coincidente dos directivos de entidades casi antagónicas hasta hace no mucho: el titular de la Sociedad Rural, Luciano Miguens, y el vicepresidente de la Federación Agraria, Pablo Orsolini. El detalle, que no se devela en ese reclamo, es que en 90 días los productores ya tendrán cosechada y vendida la soja y el Estado no podrá recaudar lo que tenía previsto con las retenciones móviles, atadas al precio internacional de esa oleaginosa.
Al Gobierno le preocupan los niveles a donde están llegando el enfrentamiento. Un síntoma de esa preocupación es la decisión de la Presidenta de no realizar este miércoles un viaje a Londres, previsto para participar de la Cumbre de Líderes Progresistas, a la que había sido invitada por el primer ministro británico, Gordon Brown.
Nunca es una buena señal para el exterior que un jefe de Estado suspenda una visita por un conflicto interno. Pero como no se trataba de un viaje estrictamente oficial (Brown invitó a CFK en su carácter de titular del Partido Laborista y no de premier británico), la Presidenta prefirió quedarse para buscar una salida a un callejón que cada día parece más angosto. En cambio, aún sigue en agenda un almuerzo con el presidente francés, Nicolas Sarkozy, el lunes que viene en París. Esa sí que fue una invitación oficial del gobierno de Francia y la Presidenta haría lo imposible por no desairarlo.
La decisión de no viajar a Londres se tomó el sábado, en medio del estupor con que reaccionó el Gobierno al saber que las cámaras agropecuarias decidieron seguir con el lockout, del cual hoy se cumplen 18 días. En Olivos consideran que los ruralistas están llevando al país a una situación de confrontación, enojados porque las retenciones móviles a la exportación de soja les achicará el aumento de rentabilidad que esperaban. El Gobierno decía estar sorprendido, sobre todo, después de la reunión del viernes pasado, cuando Alberto Fernández, a lo largo de una reunión de cinco horas, les ofreció garantizarles a los ruralistas la rentabilidad a los pequeños y medianos productores con otras alternativas que no fueran la suspensión de las retenciones.
Desde el Ejecutivo, el único que se manifestó ayer fue el ministro del Interior, Florencio Randazzo. Lamentó que “a pocas horas de iniciado el diálogo entre el Gobierno y los dirigentes del sector agropecuario se resuelva volver a cortar las rutas, medida que lo único que logra es que falten productos básicos para nuestros niños y ancianos”.
Respecto de la reunión fijada para hoy para seguir el diálogo iniciado el viernes en la Casa Rosada, es razonable dudar de que se concrete. En todo caso, habrá que ver el efecto que producen en la Federación Agraria los anuncios de esta tarde. Es que, como pareciera traslucirse en algunas declaraciones, el planteo de los ruralistas excede el mero reclamo de mayores ganancias, para esbozar una pulseada más amplia. Y, en una pulseada política, el vencedor le dobla el brazo al vencido. La pregunta que se repite es: ¿cómo llegar a una solución sin que nadie se sienta vencedor ni vencido? El Gobierno, más allá de las cuestiones estrictamente económicas, no quiere dar la imagen de que cedió ante los ruralistas en contra de los intereses generales de los argentinos. Y los ruralistas no quieren ser vistos por sus representados como dando marcha atrás, básicamente los de la Federación Agraria, que argumentan ser rebasados por sus bases, con el temor implícito de terminar perdiendo el poder en su organización.
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