Imprimir|Regresar a la nota
En el Gobierno sabían anoche que era inevitable que mucha gente atribuyera a una determinación del kirchnerismo la detención de ocho ruralistas que cortaron la ruta 9, quemaron pastizales y se enfrentaron a la Prefectura, así como también las citaciones a la diputada Margarita Stolbizer y dirigentes agropecuarios por participar de un piquete un mes atrás. Lo sabían y les preocupaba, aunque pudieran argumentar –como juran que fue– que se trató de una decisión judicial independiente de la voluntad de la Casa Rosada.
La citación a Stolbizer, la funcionaria santafesina María del Carmen Alarcón y los ruralistas Eduardo Buzzi y Mario Llambías estaba fijada desde tiempo atrás. Ayer, la Prefectura, al ver que unos 30 productores cortaban la ruta en San Pedro y prendían fuego los detuvo. Luego se produjeron los enfrentamientos. El fiscal de San Nicolás Juan Murray los acusa de entorpecer el tránsito, estragos y resistencia a la autoridad, todos delitos leves, por lo que anoche fueron liberados.
Para el Gobierno el problema es explicar su prescindencia. Pocas horas antes, el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, había declarado que la eventual liberación de rutas cortadas “tiene que ver con decisiones judiciales y no con decisiones puntuales del Gobierno”. El ministro también había dicho por la mañana que las fuerzas de seguridad nacionales “seguirán actuando con las reglas de juego claras que siempre ha puesto este Gobierno”. Anoche, fuentes cercanas a Aníbal Fernández sostenían que las acciones en la ruta 9 no fueron una consecuencia de sus palabras, es decir que no significaron una suerte de vía libre a los jueces y fiscales que creyeran oportuno actuar.
En la Jefatura de Gabinete había inquietud por la lectura que los medios fueran a hacer de la situación, ya que descontaban que los dirigentes agropecuarios y figuras de la oposición saldrían a castigar al Gobierno y a acusarlo de manejar a la Justicia. De todos modos, creían que el fiscal y la Prefectura habían actuado correctamente. Y decían que el fiscal tenía en su poder filmaciones sobre la sentada en la ruta 9, el momento en que están encendiendo el fuego en los pastizales y cuando golpeaban a efectivos de la Prefectura. También dicen que la Justicia cuenta con declaraciones en el mismo sentido de periodistas que estaban cubriendo la protesta.
“Así se corre el riesgo de victimizarlos, justo ahora que los que estaban en mala posición eran ellos, porque les dimos lo que pedían, siguen con las medidas de fuerza y la gente ya empezaba a ver que la protesta de ellos no es sólo por dinero, sino política”, se lamentaba anoche un hombre del Gobierno.
Lo que es difícil saber es si todos en la Casa Rosada coinciden con esa mirada, o, por el contrario, hay quienes creen que si los productores agropecuarios siguen con la protesta después de las modificaciones que hicieron en las retenciones móviles y los beneficios a los pequeños productores, el Gobierno debe responder con igual dureza.
En el núcleo duro del Gobierno el plan, al menos hasta anoche, era soportar que las cámaras agropecuarias siguieran con el lockout que debería finalizar el lunes y esperar que la protesta poco a poco se fuera diluyendo: “Lo que menos nos preocupa es que el lockout siga hasta el lunes. Ya viene el fin se semana y es un día más. El tema es que se serenen y que no hagan locuras”. ¿Que sería una locura para el Gobierno? Que los ruralistas extiendan la protesta más allá del lunes.
En la Casa Rosada aseguran que desde el jueves de la semana pasada ningún funcionario de primera línea habla con los dirigentes agropecuarios. Ayer esperaban una mejor reacción luego de que leyeran los detalles de las medidas en el Boletín Oficial. Pero la única cámara que valoró en algo los cambios introducidos por el Gobierno fue Coninagro, a través de su presidente, Fernando Gioino, que siempre fue el más dialoguista de los cuatro jefes de las entidades.
Si el lockout se levanta el lunes como está estipulado, en el Gobierno esperan que el conflicto vaya perdiendo fuerza mediática por más que los empresarios del campo sigan con las medidas previstas frente a las intendencias y las legislaturas. Eso contribuiría a que los espíritus comiencen a apaciguarse, paso indispensable para volver a dialogar.
Además, creen que existen otros factores que contribuirán a que el campo empiece a normalizarse. Uno de ellos es el desgaste de los protagonistas de la protesta; otro, la interna que el Gobierno ve cada vez más evidente entre los jefes de las distintas cámaras del sector y, por último, la presión que ejercen otros actores de la economía que de un modo u otro sus ganancias están vinculadas a la producción agropecuaria.
Con ese panorama en el horizonte, el Gobierno aún espera llegar a una instancia de diálogo para poder discutir con los ruralistas políticas agropecuarias a mediano y largo plazo, con el objetivo de llegar a un consenso que les permita firmar el postergado Acuerdo del Bicentenario junto al resto de las principales cámaras empresarias. Mientras llega ese momento, en la Casa Rosada desearían que en el país se empiece a hablar de otra cosa que no sea el conflicto de los empresarios rurales, aunque, según dicen, no desconocen que buena parte de ese cambio temático deber surgir de alguna iniciativa propia.
En un acto de anuncio de obras para Entre Ríos, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, la Presidenta se refirió indirectamente al conflicto con el campo. Lo hizo al exhortar a todos los sectores de la economía a generar puestos de trabajo. “La responsabilidad de promover un país diferente no es sólo de un gobierno. El Gobierno tiene la iniciativa política desde el Estado, se la confieren los ciudadanos en cada elección democrática. Quienes son poseedores de capital y riqueza tienen también la responsabilidad social de generar mucho trabajo para que otros argentinos puedan acceder a una vida digna”, dijo. Según CFK, el modelo económico, al que definió como “de responsabilidad social”, deberá ser “institucionalizado” para no poner en riesgo el crecimiento. Principal beneficiario de las obras (ayer se firmó un acta de reparación histórica por 1600 millones de pesos), el gobernador Sergio Urribarri dijo que el Gobierno había tomado la decisión de “intentar distribuir equitativamente la riqueza”. “Eso en el mundo ha generado confrontaciones, que son largas. Y se necesita de valentía y decisión para poder enfrentarlas”, agregó.
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.