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El Gobierno sigue pensando en llamar al diálogo a los productores agropecuarios en los próximos días, pero hasta anoche no había definido cuándo lo hará. Antes del anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de destinar el excedente de las retenciones móviles por encima del 35 por ciento para obras públicas sociales, la idea que prevalecía en el Gobierno era dejar pasar un día para que decante la nueva medida y también para observar la reacción de los ruralistas.
Si siguen esa lógica no sería extraño que antes del fin de semana las cuatro entidades agropecuarias sean citadas para avanzar en varios temas de política agropecuaria, más allá de las retenciones móviles, que con el anuncio del lunes quedó en claro que son inmodificables. Según el Gobierno, el cambio en las retenciones ya se hizo y fue para permitir el funcionamiento de los mercados a término, al quitar el virtual precio tope por encima de los 600 dólares la tonelada.
Pero, día más día menos, la vuelta a la negociaciones, salvo un retorno a la protesta de los ruralistas –impensable en este momento–, es un hecho. Un dato que apuntala la afirmación es que la Presidenta ayer aceptó un pedido del gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, de participar en las reuniones que se mantengan para tratar las cuestiones referidas a la producción de lácteos y carne (ver página 7).
Ayer el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, pidió dar vuelta la página en el capítulo retenciones móviles. “Es bueno dedicarnos a otros temas”, señaló. “No estamos castigando que la gente gane plata por producir soja. Tenemos un problema, porque la producción de soja desalienta otras producciones”, afirmó y luego reiteró que las retenciones móviles para la exportación de granos “son una herramienta de política económica con la que cuenta el Estado”. En ese sentido recordó que “la Constitución, en su artículo 4, dice que los ingresos del Estado nacional se compondrán de tales impuestos y de los derechos de exportación e importación”.
Por otro lado, sostuvo que lo que la Presidenta pidió de que todos los sectores ayuden a eliminar la pobreza apoyando la redistribución del ingreso, significa “en términos prácticos hacer que aquellos a quienes les va bien colaboren”.
En un principio, fuentes del Gobierno habían evaluado la posibilidad de llamar a los productores agropecuarios por sectores, pero fuentes de la Jefatura de Gabinete dijeron a PáginaI12 que Alberto Fernández seguirá dialogando con los representantes de las cuatro cámaras con las que negociaron a lo largo de estos tres meses. Las mismas fuentes también desmintieron la versión que indicaba que el ministro de Planificación, Julio De Vido, podría ser el nuevo interlocutor de los ruralistas. “Las negociaciones seguirán en manos del jefe de Gabinete y del ministro de Economía, Carlos Fernández”, indicaron.
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