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La Argentina tuvo hasta 1994 un Sistema Nacional de Previsional Social que, sustentado en un pacto de solidaridad intergeneracional, financiaba las jubilaciones con el aporte de los trabajadores en actividad. A medida que la política de previsión social fue quedando su-bordinada a las necesidades coyunturales de los distintos gobiernos, el sistema se fue desfinanciando y comenzaron a cobrar fuerza los pedidos de reforma inspirados en la Nueva Ortodoxia Previsional, que propagandizó el Banco Mundial. Según esta concepción, los sistemas de reparto son económicamente ineficientes y socialmente injustos. Por lo tanto, se postuló reemplazarlos por un esquema de acumulación de ahorro en cuentas individuales. En los hechos, lo que se terminó implementando fue un sistema mixto donde se le asignó un papel residual al régimen de reparto, pues el sistema de capitalización le quitó su principal base de financiamiento: el aporte de los trabajadores en actividad que optaron por una AFJP por acción u omisión. Una gran porción de la población apoyó la reforma incentivada por la crisis del régimen público, por la propaganda estatal, por presiones empresarias y por las promotoras de las AFJP que en los ’90 recorrían las compañías regalando souvenirs y prometiéndoles el paraíso a quienes les cedieran sus aportes a los bancos. Sin embargo, los resultados fueron ruinosos.
Un informe elaborado a fines del año pasado por los economistas Claudio Lozano y Tomás Raffo, del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, destacó que desde la instauración del régimen privado de capitalización de fondos de pensión, las AFJP habían recibido 93.870 millones de pesos (valuados a los precios de 2006) y se quedaron con 30.789 millones en concepto de comisión (32,8%). De esta cifra, 10.388 millones fueron a sus empresas vinculadas de seguro de fallecimiento e invalidez, 10.141 millones a gastos comerciales (cuyo mayor componente es la retribución al personal de ventas, gastos varios e ingresos brutos), 8285 millones a gastos administrativos (que incluye remuneraciones al personal administrativo y directivo, gastos de computación, depreciación de bienes de uso e impuestos), quedando 1975 millones de pesos de utilidad neta.
Con el resto del dinero se dedicaron a especular financieramente con resultados catastróficos para el trabajador y cuando la crisis económica de fines de los ’90 se agudizó se convirtieron en prestamistas del gobierno a tasas usurarias. Le llegaron a prestar al Estado hasta el 75 por ciento del dinero que administraban, el cual terminó siendo canjeado por préstamos garantizados cuando se declaró el default de la deuda pública.
Lozano destacó en su informe que con toda esa masa de recursos que las AFJP captaron desde su nacimiento, se podría haber financiado un aumento a los jubilados de 27 por ciento anual promedio desde la instauración del sistema privado.
El trabajador no tuvo demasiadas opciones frente a esta estafa descomunal articulada entre el Estado y los bancos, pues si bien el sistema era mixto, quienes comenzaban a aportar tenían apenas 30 días para optar por quedarse en reparto y si no lo hacían eran derivados a capitalización y nunca más podían volver a elegir. Además, el gobierno del entonces presidente Carlos Menem y las AFJP publicitaban las ventajas de la capitalización con el mismo énfasis y las empresas, y algunos sindicalistas, presionaban a sus trabajadores para que no se les ocurriera optar por reparto.
Todo este andamiaje fue presentado como una modernización del sistema previsional, a tono con el viaje al Primer Mundo que proponía Menem. Sin embargo, sólo 17 países instauraron un sistema previsional donde el régimen de capitalización privado de fondos de pensión fue de carácter obligatorio o voluntario: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, España, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Bulgaria, Federación Rusa, Kazajstán y Ucrania. Como puede verse, la gran mayoría fueron naciones subdesarrolladas.
Durante la vigencia del régimen de capitalización también creció de manera exponencial el número de personas sin cobertura previsional. En 2003, el Banco Mundial había estimado que existían 1.217.568 personas mayores de 65 años, un 35 por ciento de ese sector poblacional, que no cobraban jubilación ni pensión. Además, las proyecciones indicaban que en el 2025 los desamparados representarían el 56 por ciento de los mayores. Eso se debió a la imposibilidad de acreditar aportes en un contexto de alto desempleo y trabajo en negro, pero también influyó la reforma previsional propiciada por el propio Banco Mundial en 1993 que elevó la edad de jubilación en 5 años y aumentó los años de servicio requeridos de 20 a 30 años. Esta situación forzó al gobierno de Néstor Kirchner a salir a apagar el incendio lanzando en 2004 una moratoria previsional que benefició a casi 1,5 millón de personas, elevando la cobertura previsional por encima del 80 por ciento de la población en edad de jubilarse. Uno de los porcentajes más altos de la región, pero al que se llegó sólo de la mano del Estado.
Una porción significativa de la gente conoce esta historia del régimen de capitalización que ha sido ruinosa para el país. Sin embargo, el esquema de acumulación de ahorro en cuentas individuales hasta ahora permaneció inalterado y mucha gente incluso volvió a elegirlo por acción u omisión cuando el año pasado tuvo la posibilidad de pasar a reparto por primera vez en los 14 años de historia del sistema. Algunos lo hicieron porque supuestamente les convenía, otros por de-sinformación y un tercer grupo porque el resumen que les envía la AFJP todos los meses a la casa les hace sentir que tienen algo propio que nadie les va a sacar, aunque la experiencia haya demostrado y siga demostrando lo contrario.
De hecho, los trabajadores que aportan a las AFJP volvieron a perder muchísimo dinero en los últimos meses. El 75 por ciento de la cartera de las administradoras está invertido en bonos, acciones locales y extranjeras que se encuentran en caída libre a raíz de la crisis financiera internacional. Tal como detalló ayer el periodista David Cufré en PáginaI12, según datos de la Superintendencia de AFJP, la rentabilidad anual real promedio cayó 1,28 en enero, 1,75 en febrero, 0,82 en marzo, 4,70 en abril, 7,12 en mayo, 8,66 en junio, 10,08 en julio y 6,43 en agosto.
Para poner freno a esta sangría, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner parece ahora dispuesto a darle corte definitivamente a este sistema que siempre tuvo como prioridad la rentabilidad de los bancos. Es una pena que no haya puesto más énfasis durante el año pasado cuando habilitó el traspaso al régimen de reparto, pero no acompañó esa medida con una campaña publicitaria acorde a la importancia del tema. Ahora debe salir a rescatar a los aportantes de apuro y compulsivamente, aunque mejor tarde que nunca.
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