Página/12 :: El país :: Gritos y susurros

La Conferencia Episcopal católica terminó su asamblea plenaria sin pronunciarse sobre la decisión de la Cámara Federal de Rosario que revocó el sobreseimiento provisorio de uno de sus integrantes, Oscar Justo Laguna, obispo emérito de Morón, cuyo procesamiento es cada vez más probable. Laguna fue imputado por falso testimonio a raíz de su declaración en la causa en la que se investiga el presunto asesinato del ex obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, durante la última dictadura militar. El tribunal rosarino sugirió al juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzzo que recibiera más testimonios y realizara careos. Ponce de León fue uno de los obispos más insistentes en la necesidad de un pronunciamiento público firme contra la represión, cosa que el Episcopado rechazó pero el gobierno supo. Un documento de inteligencia castrense lo acusó de proteger a la subversión. La diócesis nicoleña realizaba trabajo pastoral en las villas y con los obreros de la zona. Diez días después de la muerte de Ponce de León el nuncio Pio Laghi envió como administrador apostólico a Laguna, quien permaneció allí hasta diciembre de 1977. El sacerdote José Karamán sostuvo que “su misión fue desarmar lo que Ponce había armado”. Cuando declaró como testigo en la causa, Laguna dijo que había estado allí entre julio y diciembre pero de 1978. A raíz de eso fue imputado y declaró que se había confundido. El juez convino en que se trató de un mero error y no de un intento de engañar a la justicia, sostuvo que no incidía en la investigación y lo sobreseyó. El fiscal Juan Patricio Murray apeló esa decisión y tanto el fiscal general como la Cámara rosarina le dieron la razón. Murray puso en duda que Laguna, quien mantuvo contacto constante con el área militar 132, se hubiera equivocado en las fechas, ya que en su declaración testimonial dijo que había pasado un año de la muerte de Ponce y que le extrañó “que tardaran tanto” en nombrarlo administrador apostólico. Según Murray el cambio de fechas le permitió alegar desconocimiento ante diversas preguntas, sobre el destino de la correspondencia del obispo y las amenazas que recibió antes de su muerte.

Laguna declaró por escrito, de modo que las preguntas no pueden considerarse sorpresivas o insidiosas ni sus respuestas urgidas. Por el contrario “contó con una amplitud temporal discrecional”, que pudo incluir “la consulta de notas, base de datos y hasta asesoramiento profesional”, destacó en su voto el juez Fernando Barbará. Agregó que la muerte del obispo conmocionó a la zona, por su similitud con la del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, de manera que “cuesta pensar” que sea posible la confusión... (la biografía oficial de Laghi, en cuya redacción Laguna se atribuye una parte decisiva, acusa de “extremismos” a Ponce de León y Angelelli). Barbará señala que si las fechas mencionadas hubieran sido las reales, Laguna habría estado en San Nicolás en ocasión de la muerte de dos papas, Pablo VI y Juan Pablo I, algo difícil de olvidar o confundir por un obispo. El “hipotético falseamiento deliberado” de las fechas “podría no haber constituido un fin en sí mismo sino la excusa para callar una verdad conocida”. El juez José Guillermo Toledo adhirió a este voto pero agregó que como Laguna pudo haber tenido alguna responsabilidad por hechos posteriores vinculados al presunto homicidio, debían excluirse aquellas declaraciones sobre hechos propios que pudieran resultar en una responsabilidad penal, “porque en estos casos la falta es cometida por la necesidad de salvarse o protegerse a sí mismo”.

Tampoco se supo que el Episcopado Católico haya considerado la nueva edición de La auténtica Odessa, la impresionante investigación de Uki Goñi sobre la participación del Vaticano y del cardenal argentino Antonio Caggiano en la fuga de criminales de guerra nazis desde el puerto de Génova hacia Buenos Aires. En un nuevo prólogo cuenta que en 2003 el entonces arzobispo de Génova y actual secretario de Estado de la Santa Sede, Tarcisio Bertone, cuestionó “la credibilidad de las tesis de Uki Goñi” y anunció la creación de una comisión de historiadores para indagar los hechos. Pero cinco años después nada se conoce del progreso de ese trabajo.

Lo que sí trascendió de la Conferencia Episcopal fueron las confirmaciones y los cambios en su conducción, que apuntan a una mayor dureza en las relaciones con el gobierno nacional. Como presidente fue reelecto el porteño Jorge Bergoglio y en la vicepresidencia primera seguirá el arzobispo de Tucumán, Luis Villalba. Ambos zamarrearon a Kirchner en sucesivos tedéum. Dentro del templo tucumano lucían las banderas celestes con una cruz blanca y un sol diseñadas por el ex dictador Antonio Bussi, que los gobiernos posteriores abandonaron. En cambio, no fue reelecto como vicepresidente segundo Agustín Radrizzani, cuya línea pastoral cuando fue obispo auxiliar de Jaime de Nevares en Neuquén, coincidía con la de Ponce de León. En su lugar fue designado el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, primo hermano del ex presidente radical Raúl Alfonsín, quien dedica todas sus fuerzas a la construcción de una alternativa electoral opositora. Por primera vez accedió al liderazgo corporativo, como presidente de la comisión de Educación, el integrista arzobispo de La Plata, Héctor Aguer. Radrizzani había anticipado que su reelección era difícil porque había obispos que reclamaban mayor dureza frente al gobierno en los asuntos políticos y sociales. A propósito de ello, en la comisión de pastoral social, que se encarga de las relaciones políticas, fue confirmado el obispo de San Isidro, Alcides Jorge Pedro Casaretto, principal redactor del documento final que atribuye la pobreza a la falta de diálogo y reconciliación y exalta “la importancia histórica del campo en el crecimiento de nuestra sociedad”. Su asistente laico es el ingeniero Eduardo Luis Serantes, director de la empresa de agronegocios Cazenave y Asociados, responsable del fondo agrícola de inversión de Molinos y asesor de empresas agroindustriales y de servicios, como Dow Agro Sciences SA.