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El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la AFIP, Claudio Moroni, defendieron ante los diputados el paquete “anticrisis” del Gobierno. Pero el jefe de la cartera laboral admitió la posibilidad de desdoblar los tres ejes del proyecto: la moratoria impositiva, la promoción y el sostenimiento del empleo registrado con facilidades impositivas para las pymes y el blanqueo y repatriación de capitales. En tanto, Moroni reconoció la posibilidad de “precisar” en el texto de la iniciativa oficial la continuidad de los procesos judiciales sobre lavado de dinero y otros delitos que no sean los tributarios para aquellos que se acojan al blanqueo, el punto más cuestionado por la oposición. El bloque k seguirá su estrategia de tratar de alcanzar mañana el dictamen a favor del proyecto en la comisiones de Presupuesto y Legislación del Trabajo, aunque decidió abrir, acotadamente, la lista de invitados al plenario.
“La Argentina no será inmune a la crisis internacional.” La frase de Tomada resonó en el salón del segundo piso del anexo de la Cámara baja. El ministro dejó en claro en su introducción que el paquete diseñado por el Gobierno apunta a morigerar los coletazos de la debacle financiera internacional, a pesar de que “la Argentina tiene una situación que le permite afrontarla en mejores condiciones”. Tomada remarcó que el objetivo del paquete es “mantener el empleo y la actividad económica”.
Moroni defendió el polémico tercer capítulo del proyecto: el del blanqueo y repatriación de capitales. “Queremos que el ahorro argentino vuelva a financiar emprendimientos en la Argentina”, dijo el titular de la AFIP. Luego repasó la experiencia internacional que arrancó en 2004 en Alemania y Grecia y siguió con decisiones similares adoptadas en México, Portugal, Irlanda, Sudáfrica y la Federación Rusa al año siguiente, más la repatriación “reducida” de capitales que los canadienses implementaron entre 1992-1993. “Todas exitosas”, según el funcionario.
Pero Moroni también se explayó sobre la extinción de la acción penal que incluye el apéndice tributario del paquete. “Sólo se refiere a los delitos tributarios. No se extiende a otros delitos”, sentenció el jefe de la AFIP. Moroni remarcó que el artículo 40 del proyecto especifica que no se extinguen los delitos de lavado de activos vinculados con el tráfico de estupefacientes, contrabando de armas, acción ilícita calificada, financiamiento de terrorismo o delitos de prostitución infantil y pornografía infantil. “Esos delitos tendrán acción de persecución que decidirán los jueces”, señaló. Y admitió que “si hace falta una precisión aclaratoria, se realizará”. Quedarán excluidos de los beneficios del blanqueo los declarados en quiebra, los que tengan sentencia firme y los funcionarios públicos.
Las críticas no se hicieron esperar. “Sólo extinguen las causas tributarias, pero la mayoría de las causas que avanzaron sobre los otros tipos de delitos se iniciaron en el fuero tributario. La extinción de las causas tributarias es tapiar la puerta para entrar a la sala”, dijo el diputado de Solidaridad e Igualdad (SI) Carlos Raimundi. “La repatriación de capitales es el premio fiscal a los que fugaron”, afirmó Claudio Lozano, quien pidió el listado de los deudores de la AFIP, de los juicios en marcha y avanzados, “para que los diputados puedan discernir a quiénes se beneficia si las causas se cayeran”. Moroni aceptó el reclamo, pero aseguró que para hacerlo público debe pedir la opinión del área jurídica de la AFIP.
A los reclamos se sumaron la diputada de la Coalición Cívica Patricia Bullrich, el macrista Federico Pinedo y Esteban Bullrich, también del PRO. El radical Miguel Giubergia arremetió afirmando que los “casos conexos por corrupción, como el caso Skanska, quedarían sin condena”. Antes de finalizar, el kirchnerista chubutense Juan Pais pidió que se quitara del proyecto la no obligatoriedad de declarar los orígenes de los fondos a blanquear “para evitar el lavado de dinero”.
Casi todos los bloques solicitaron el desdoblamiento de las medidas en distintos proyectos. Algunos opositores acompañarían el sostenimiento del trabajo registrado para las pymes, pero no todo el paquete. El propio Tomada admitió que si el Congreso lo decidía “lo podría hacer”.
María América González (SI) reclamó la presencia del titular de la Anses, Amado Boudou, y del secretario de Seguridad Social, Walter Arrighi, porque aseguró que la ley “condona deudas previsionales en detrimento de los jubilados”. No fue el único pedido para ampliar la lista de invitados a las comisiones legislativas. La oposición presentó un listado que incluía profesionales de ciencias económicas y jueces de los fueros Penal Tributario y Penal Económico; la jefa de la Unidad de Información Financiera (UIF), Rosa Catalina Falduto, además de representantes de organizaciones empresarias, sindicales y sociales. Después de un fuerte entredicho, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el kirchnerista Gustavo Marconato, admitió que Falduto ya había aceptado la invitación para “el próximo plenario” de las comisiones, a la que no le puso fecha, pero sería este jueves. Esta decisión coincide con el apuro kirchenrista que quiere aprobar el paquete en el recinto el miércoles 10 de diciembre.
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