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“Al declarar la constitucionalidad del decreto 22.278 de la dictadura, la Corte lo que hizo fue legitimar la privación de libertad sin debido proceso, con la excusa de la protección de los menores. Esto implica lisa y llanamente bajar la edad de imputabilidad a cero”. Emilio García Méndez, es consultor de Unicef y diputado por el SI, en entrevista con Página/12, no hace preámbulos para cuestionar el fallo de la Corte Suprema que revocó la decisión de Casación de liberar paulatinamente a los chicos menores de 16 años detenidos en el Instituto San Martín. “Este fallo es el mayor retroceso en materia de derechos humanos en la historia de la democracia porque convalida un decreto de la dictadura que legitima la privación de libertad con la excusa de la protección, en violación flagrante de la Constitución nacional y de la ley 26.061”.
–¿Cómo se inició esta causa?
–En la Fundación Sur hace muchos años que trabajamos en el tema y habíamos presentado hábeas corpus esporádicamente en favor de los menores de 16 años privados de libertad para ser “protegidos” –dice y agrega las comillas ex profeso–. Hasta que en 2005 hubo un cambio decisivo, se derogó la Ley de Patronato y se aprobó la 26.061, de protección de la infancia. Esa ley prohíbe expresamente la privación de la libertad como forma de protección. A algunos que no están en la materia les podría resultar rara la formulación de la ley, pero si se prohíbe la privación es porque hay una larga historia en ese sentido. Hay una explicación, las peores atrocidades, primero los hombres contra las mujeres y después los adultos contra los niños, las han cometido mucho más en nombre de la piedad, amor y compasión que en nombre de la propia represión.
En septiembre de 2006, la Fundación Sur en colaboración con el CELS y otras ONG presentó un hábeas corpus colectivo ante el Juzgado de Menores 5, en favor de los chicos de 15 años internados en el Instituto San Martín.
–¿Qué pedían?
–La liberación de los menores de 16, porque son inimputables y no punibles.
–¿Qué ley es la que determina la edad límite?
–El decreto 22.278 de 1980, en su artículo 3.
–Apelaron...
–Fuimos a la Cámara del Crimen, que rechazó e hicimos un recurso de Casación. La Casación aceptó ocuparse del tema y en marzo de 2007 abrió una mesa de diálogo entre todas las partes que creyó que debían estar involucradas. La Fundación Sur como actora; el Gobierno representado por la Secretaría Nacional de Niñez y Familia, porque ellos tienen a su cargo la privación de la libertad; el Consejo de los Derechos del Niño de la ciudad; una representación corporativa de los jueces de menores; la Defensa Pública Nacional y el fiscal de Casación.
–Raúl Plee...
–Sí, que nunca se presentó. La mesa duró hasta agosto de 2007. Y el 11 de diciembre de ese año la Casación falló. Dijo tres cosas: declaró la inconstitucionalidad del artículo 1º del decreto 22.278; ordenó la liberación progresiva en un plazo de noventa días de todos los menores del San Martín y de todos los que vinieran a estar en esa condición en el futuro; y exhortó al Legislativo a aprobar una ley de responsabilidad juvenil. El gobierno de la ciudad, en ese momento, a través del Consejo de Derechos de la Infancia, le manifestó al gobierno nacional que poseía programas de protección sin privación de libertad.
–O sea, una alternativa para no internar a los chicos...
–Exacto. Pero Plee apeló y el procurador Righi no se opuso. Y el 18 de marzo de 2008 la Corte, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, en un fallo de una página cuyo único argumento es “atento a la gravedad institucional del hecho” suspendió la ejecución del fallo. La Fundación Sur solicitó una audiencia pública que la Corte concedió para el 10 de septiembre. Horas antes, sin ninguna explicación, suspendió sine die la audiencia pública. La siguiente medida fue que Argibay anticipó su voto en todos los medios, y dijo que “no los hagamos responsables y preocupémonos de mejorar los institutos”, que son cárceles agrego yo. Privación de libertad hay una sola. Después vino este fallo.
–Aunque parece un poco redundante mi pregunta, ¿qué opina del fallo?
–Es el mayor retroceso en materia de derechos humanos en la historia de la democracia. Convalida un decreto de la dictadura que legitima la privación de libertad como forma de protección, en violación flagrante de la Constitución nacional y de la 26.061. Al declarar la constitucionalidad –porque ahora no me van a decir que no es eso– del 22.278 legitima la privación de libertad sin debido proceso. Esto implica bajar la edad de la imputabilidad a cero.
–¿Por qué cree que el tema de los chicos no se resuelve? ¿Qué responsabilidad tienen los poderes del Estado?
–Acá vivimos una confluencia de varias cuestiones. En esta histeria de la seguridad la libertad ha pasado a ser un valor relativo. Segundo, la de los adolescentes pobres un valor casi inexistente. Y tercero, se juntan la “crueldad bondadosa” (una vez más agrega las comillas) de los que quieren proteger privando de libertad y de aquellos que aprovechan la bondad para utilizar la privación de libertad como una “forma de política social reforzada para los adolescentes pobres”. Acá no se animan a hacerlos penalmente responsables como en el resto de América latina. La imputabilidad en Argentina hay que subirla a 18 y establecer a partir de los 14 a los 18 un régimen de responsabilidad penal juvenil.
–Los que critican esa postura sostienen que de ese modo los chicos menores de 16 quedarán irremisiblemente penalizados...
–Hoy el régimen penal no tiene límite para abajo, tiene privación de libertad y no tiene debido proceso.
–¿Por qué cree que no se resuelve este debate?
–Porque la represión ilegal ha sido tan brutal, tan desmesurada, que no se logra articular un discurso serio y sin culpa sobre la represión legal.
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