Página/12 :: El país :: Un trapecio sin red

El proyecto de ley sobre servicios audiovisuales es una divisoria de aguas de profundas consecuencias políticas, sociales y culturales. La oposición espera bloquearlo sacando al Congreso de gira por las provincias durante meses y el gobierno espera obtener dictamen de comisiones en Diputados el viernes, luego de tres días de audiencias públicas. Son dos demasías simétricas y una explica a la otra.

Varios gobiernos electos intentaron reformular la ley de la dictadura pero sólo Carlos Menem tuvo éxito, porque su reforma ofreció las comunicaciones como un negocio a los grupos económicos y no privilegió el pluralismo y la libertad de expresión, que tampoco fueron bien servidos durante los años del monopolio estatal. En los demás casos, las dilaciones, la presión mediática y las repentinas conversiones de legisladores frustraron los mejores propósitos. Éste proyecto es superior a los anteriores porque ninguno surgió de un proceso de elaboración tan amplio, extenso y participativo.

Además de reservar espacios al Estado y a las organizaciones de la sociedad procura asegurar la competencia en el segmento de mercado. Su inspiración es más liberal de lo que el propio kirchnerismo dice: como los seres humanos y sus empresas son siempre malos, todos deben enfrentarse sin posiciones dominantes para que cada uno limite la arbitrariedad del otro. Estas son las principales cuestiones que se discuten:

El acceso de las telefónicas inquieta a legisladores y organizaciones sociales. Es comprensible, dado su poderío y su extranjería, agravada por los tratados bilaterales de inversiones que le dan trato de nacional a cualquiera con solo pasar por Delaware, como un casamiento de apuro en Reno. Pero antes de avanzar sobre el coto reservado de Clarín el proyecto les impone que abran su retaguardia para que también en telecomunicaciones haya competencia. La obligación a Telecom Italia de desprenderse de su participación en Telecom Argentina es un primer paso. La exclusión total sería utópica y sólo podría sostenerse obligando a una anacrónica, contaminante y despilfarradora multiplicación de redes, cuando en Europa ya se prueba el sistema PLS, que permitirá transmitir sonido e imágenes por la red de electricidad. Algunas condiciones ya estaban en el decreto 764/2000 de desmonopolización, pero no se cumplieron. Exigencias menos severas para los prestadores de servicios públicos contempla el proyecto de la diputada radical Silvana Giudici (artículo 7, http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=4369D2006), quien además establece un tributo a los radioteledifusores más alto que el del proyecto de CFK. La clave estará en el control de los tres poderes del Estado y de la sociedad.

La autoridad de aplicación: quién la designa, cómo se compone y/o de quién depende. Los cuestionamientos al artículo que reserva el 40 por ciento de ese poder a las dos principales fuerzas de la oposición parlamentaria (hoy serían la UCR y UniónPro), suenan extraños en boca de quienes respaldaron el proyecto de Fernando de la Rúa de 2001, cuyo artículo 167 decía que los cinco directores de la Comisión Nacional de Radio y Televisión serían designados por el presidente de la Nación.

Libertad de expresión. No hay en el proyecto de CFK una sola referencia a contenidos. El proyecto de la súbita libertaria Giudici sí obliga a “difundir información responsable, veraz, evitando afectar el honor, la intimidad y la imagen de las personas” (artículo 69). Este requisito evoca el de la información “oportuna, veraz e imparcial” de la Constitución bolivariana de Venezuela (artículo 58, http://www.constitucion.ve/constitucion_temas_es/view/mostrar_articulo.pag?id_articulo=108&id_tema=34&idTemaParent=) y contradice la declaración de principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (artículo 7, http://www.cidh.org/Basicos/Basicos13.htm). También firma el proyecto de Giudici el diputado Claudio Lozano.

Las organizaciones sociales. Quienes temen que la reserva de un tercio del espectro beneficie al gobierno también pueden consultar el proyecto Giúdici: les asigna un poco menos que CFK en radios AM y televisión VHF (20 por ciento), pero algo más en radios FM y televisión UHF (40 por ciento) (artículo 20).

Tal como con la Resolución 125, el gobierno pena por la endeblez de su construcción política. Ni Roberto Urquía debió haber presidido la Comisión de Presupuesto del Senado (por no hablar de Julio Cobos en la vicepresidencia), ni Graciela Camaño la de Asuntos Constitucionales de Diputados y el empresario de medios Guillermo Jenefes la de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el Senado, donde todos esos temas competen a una sola comisión. Nadie tiene derecho a sorprenderse, pero sí a preocuparse, cuando cada cual actúa como lo que es. El precio puede ser devastador, porque si esta ley no es sancionada su efecto político será el de una resolución 250. Esto debería tornar al gobierno receptivo a las propuestas de otras fuerzas, como el interbloque de 16 diputados que oscilan entre algunas posiciones impecables, maximalistas y autorreferenciales y otras conscientes de que hay un país ahí afuera en el que las corporaciones encabezadas por la Mesa de Enlace preparan el asalto final contra la mera posibilidad de que la política subordine a los poderes fácticos. Ese sector tratará de impedir que este valioso proyecto se frustre, pero también de adosarle otras medidas reclamadas por la coalición para una radiodifusión democrática, como las leyes de acceso a la información pública y de despenalización de calumnias e injurias en temas de interés público, que son dos deudas pendientes del kirchnerismo. Por último, pero para nada menor, no ayuda a la sanción de una ley tan decisiva para la democracia argentina el abuso de poder que el ex presidente Néstor Kirchner ejerció sobre el joven periodista de Clarín Leonardo Mindez, quien se limitó a preguntarle sobre dos temas que parecen pensados para una tesis académica acerca del legítimo interés público: el crecimiento de sus bienes declarados bajo juramento y el uso de su jubilación presidencial. Regocijo para ADEPA y oportunidad perdida para brindar una explicación que todos comprendan.