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En el Gobierno consideran que los cambios ya realizados al proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que salió con media sanción de la Cámara de Diputados son suficientes para sortear con éxito la votación en el Senado. Aunque en la Casa Rosada hacían la salvedad de que el Congreso tiene su lógica interna y sobre todo el Senado, con mecanismos más delicados, con pocos legisladores y una mayoría propia en el oficialismo a la que no le sobra nada, lo que exige una resistencia muy fuerte a las presiones de los poderosos factores económicos que se oponen a la sanción de la ley. Aun con todas esas prevenciones, el Gobierno anoche seguía considerando que tendrán los votos suficientes, entre 38 y 40, para sancionar la ley.
Saben que con esas modificaciones obtendrán el voto del socialista Rubén Giustiniani y quizá de los senadores del ARI de Tierra del Fuego, María Rosa Díaz y José Martínez. También los retoques al proyecto original, desde la percepción del oficialismo, parecen haber atenuado los reparos de algunos integrantes del propio bloque con los senadores chubutenses Silvia Giusti y Marcelo Guinle y el jujeño Guillermo Jenefes y el aliado del Movimiento Popular Neuquino, Horacio Lores.
El interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, desde que se elaboró el proyecto de ley y las modificaciones que se le fueron haciendo a lo largo de meses de debate en distintos foros, siguió ayer tan activo como los días previos a la votación en Diputados. En un ida y vuelta con senadores, sobre todo con el presidente provisional de la Cámara, José Pampuro, y el titular del bloque oficialista, Miguel Pichetto, Mariotto trata de despejar todas las dudas que le son planteadas y abastece de argumentos para el debate en cuestiones técnicas o muy específicas.
En los temas de fondo las consultas son realizadas directamente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se encuentra en Nueva York para participar de la asamblea anual de las Naciones Unidas. Las dos inquietudes centrales que viajaron telefónicamente a Estados Unidos tienen que ver con los cuestionamientos que hacen algunos miembros de la oposición a dos puntos concretos del proyecto. Uno sigue siendo el de la autoridad de aplicación de la ley; el otro, el plazo que tienen las empresas para desprenderse de medios que no estén adecuados a la ley.
Respecto al primer punto los senadores radicales plantean –también lo hizo Giustiniani– que el órgano de control no pertenezca al Poder Ejecutivo. En el Gobierno responden que en todos los países con modelos presidencialistas la autoridad de aplicación está en el Ejecutivo. En Estados Unidos los cinco miembros del organismo los nombra el presidente y hasta pueden ser del mismo partido. En Francia hay un órgano mixto con tres representantes del Ejecutivo, tres del Senado y tres de Diputados. Es decir, que en todos los casos los domina el oficialismo. Para el Gobierno este punto es innegociable.
Respecto de los tiempos de adecuación a la ley, algunos senadores opositores plantean que sea de tres años en vez de uno, como fue aprobado en Diputados. Fuentes del Gobierno le dijeron a Página/12 que en la práctica ese año se estirará a un año y medio porque el plazo empieza a correr a partir de que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición y que eso se hará sin afectar las reglas del mercado. Y que lo ideal es no tocar nada para que el proyecto no tenga que volver a Diputados.
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