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La puja que mantienen los delegados de base del subte con la empresa concesionaria y las autoridades laborales se trasladó en varias oportunidades a Tribunales, donde hay denuncias cruzadas. Luego de que el Gobierno declarara “excepcionalmente” al subterráneo como “servicio esencial”, Metrovías envió telegramas intimando a los trabajadores a que ayer concurrieran a sus puestos por esa resolución y los denunció penalmente. Pero la masiva adhesión a la huelga que paralizó toda la red abre un escenario imprevisible.
“Pueden despedirlos, declarar la huelga ilegal, lo que sea, porque esa decisión no respeta la normativa vigente impulsada por el propio ministro Tomada, es una decisión política que no respeta ni las órdenes judiciales de inscribir al nuevo sindicato ni la voluntad de los trabajadores”, dijo a Página/12 Raquel Coronel, una de las abogadas de los delegados de base.
El Ministerio de Trabajo sostuvo que tomó la decisión en forma “excepcional”, ante la inexistencia de la comisión que regula qué servicios son esenciales. “Los servicios mínimos son parte del sistema democrático”, explicó el propio Tomada.
El Taller de Estudios Laborales (TEL) aseguró que la resolución de los ministerios de Trabajo y de Planificación significa “una virtual derogación del derecho de huelga”. Según estos expertos, entre quienes están Guillermo Pérez Crespo y Daniel Ximénez Sáenz, “constituye una grosera violación de la ley 25.877 aprobada por este mismo gobierno y anunciada como una recuperación de la legalidad (...). El servicio de transporte público subterráneo no es un servicio esencial conforme la definición de la OIT y de esa misma ley, y no se puede incluir porque no se ha constituido aún la Comisión de Garantías, la única que podría ampliar el listado”. Sin embargo, en los fundamentos la resolución dice que mientras no se constituya esa comisión el ministro de Trabajo puede extender la calificación de esencial.
Ayer el juez federal Julián Ercolini instruyó a la Policía Federal para que filmara a los huelguistas y remitiera las pruebas al juzgado, en el marco de la denuncia de Metrovías por violar el Código Penal en cuanto a la “interrupción o impedimento del normal funcionamiento de un servicio público o un medio de transporte”. Los acusaron de arrojar matafuegos y otros objetos a las vías, además de ubicarse frente a los trenes para evitar que fueran conducidos por personal jerárquico.
En los últimos años la Justicia sobreseyó a los trabajadores en decenas de causas similares por considerar que fueron acciones realizadas en el marco del derecho de huelga, según explicó el abogado Luis Bonomi. Sin embargo, el delegado Claudio Dellecarbonara está citado en una causa abierta por un corte en 2007, y Néstor Segovia tiene un juicio por desafuero por haber pintado con aerosol un vagón. Todas las causas por el paro del subte fueron unificadas en el juzgado de Daniel Rafecas (Ercolini lo reemplaza), incluida la que hizo Metrovías contra los delegados por “coacción”. En ese expediente el fiscal Eduardo Taiano pidió que Tomada sea interrogado como testigo.
En anteriores conflictos los delegados habían hecho presentaciones ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte sobre el mal estado de los trenes y obtuvieron dictámenes favorables que, a su vez, usaron en su defensa cuando Metrovías los denunció por impedir la salida de esas formaciones. Y en los últimos meses hicieron presentaciones judiciales por incendios intencionales de vagones, corte de cables y agresiones a activistas. “El trabajador Carlos Paleta fue golpeado por un matón de la UTA cuando pegaba carteles con información gremial, mientras que otra trabajadora, con quince años de antigüedad, fue suspendida por tomar sus horas gremiales”, describieron.
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