Luego de los profundos desfasajes provocados por la pesificación, la amenaza de volver a dolarizar podría arrasar la precaria estabilidad financiera del último trimestre. Los efectos de esta marcha atrás son imprevisibles, pero van desde una hiperinflación a un aumento descontrolado del endeudamiento público. Sin considerar las alteraciones macroeconómicas, como una prolongación de la recesión, o las judiciales, como una avalancha de reclamos de quienes asumieron la pesificación como un hecho, todos los escenarios conducen, en mayor o menor medida, a que sea el Estado, esto es el conjunto de la sociedad, quien termine cargando los costos de la potencial decisión de la Corte Suprema.
La declaración de inconstitucionalidad de los decretos y leyes que pesificaron la economía suele percibirse como la devolución a los ahorristas de sus depósitos en dólares. Se cree también que el costo de esta devolución será asumido por los bancos. Sin embargo, aunque siempre dependerá de cómo los restantes poderes del Estado afronten la decisión judicial, la redolarización no alcanzará sólo a los depósitos, sino también a todos los activos y contratos que fueron pesificados, por ejemplo, alquileres, deudas con el sistema financiero y con acreedores privados, así como la porción pesificada de la deuda pública.
Frente a esta realidad, la disputa al interior del establishment pasa por cómo repartir el costo de la medida una vez producido el fallo de la Corte. En Economía, los más optimistas sostienen que se trata sólo de un problema de redireccionamiento de subsidios, es decir, en vez de asistir a los ahorristas en 40 centavos por peso y a los bancos por el CER en determinados casos, se pasaría a subsidiar a algunos deudores.
En tanto, en las 20 manzanas de la city se barajan tres escenarios:
u La solución más deseada por los banqueros, defendida no sólo por ABA sino también por el titular del Banco Central, Aldo Pignanelli, es entregar un bono compulsivo a 10 años. Esta opción significa para el Estado un aumento de su endeudamiento, pues a cambio de hacerse cargo de los pasivos bancarios rescataría, redolarizada, deuda hoy pesificada y en default. Los bancos, mientras tanto, no sólo no pagarían nada, sino que se liberarían activos hoy incobrables.
u La multiplicación por 3,6 de los pasivos de los deudores a los que se intentó beneficiar mediante la pesificación asimétrica significaría una situación de generalizada incobrabilidad de la que, antes o después, también debería hacerse cargo el Gobierno. En el Palacio de Hacienda consideran que esto traería el “beneficio” de poder elegir a quien subsidiar en vez de hacerlo de manera indiscriminada. Pero dadas las actuales relaciones de poder, es posible que no sean pocos quienes se cuelen entre los elegibles. Además, si los bancos debieran devolver 11.500 millones de dólares en Cedros con recursos líquidos, no podrían hacerlo con sus remanentes en la Argentina, lo que los llevaría a recurrir al BCRA. Según el razonamiento de los economistas de la city este escenario llevaría a una hiper, pues el Central debería emitir un piso de 40 mil millones, alrededor del 150 por ciento de la base monetaria actual. Esta emisión sería el punto de partida de “un círculo infernal”: la mayor oferta de dinero se traduciría en mayor demanda de dólares, el dólar subiría y, consecuentemente, habría que intensificar la emisión.
u El último escenario, y también el menos probable, es que el Estado opte por no intervenir dejando la solución a la mano invisible del mercado. Esto supondría que las negociaciones serían caso por caso y, en teoría, los bancos que no puedan hacer frente a sus pasivos cerrarían. Sin embargo, es probable que en tal circunstancia las entidades financieras presionen al Central por redescuentos.
Como se ve, en todos los escenarios el asumir costos se reserva para el Estado.
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