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“El tiempo sólo es tardanza
de lo que está por venir”
José Hernández, Martín Fierro
“Detén el tiempo en tus manos
haz esta noche perpetua
para que nunca se vaya de mí
para que nunca amanezca”
Toño Rosario, “El reloj”, bolero
El sistema político se ha vuelto sutil y sofisticado, a un punto jamás visto.
Llegan al Agora cuestiones tan puntillosas como la integración de las comisiones del Congreso, el dolo eventual, la vigencia temporal de las facultades delegadas, entre otros cien temas que antaño sólo concernían a especialistas. Es lógico, entonces, que sea un hecho central (y, por ende, noticia) la publicación en el Boletín Oficial de la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA). Por añadidura, la postergada reglamentación pone en estricta vigencia a la norma: empiezan a correr los plazos, obligaciones y derechos establecidos en ella.
El momento fue demorado por acciones legales ineficaces y torpes promovidas por los grandes medios o sus mandaderos. El debate público de la reglamentación, toda una novedad, también insumió semanas, esta vez con intenciones edificantes. En cualquier caso, a despecho de las chicanas opositoras aduciendo que el reloj sigue detenido, lo cierto es que se ha puesto en marcha.
El mundo no cambia de un día para otro, tampoco el espectro audiovisual. Amanece, eso sí, un nuevo escenario que abre virtualidades, regula o impone una serie de cambios. El más resonante es el que habilita la posibilidad de abrir más frecuencias y de destinar un tercio del espectro a emisoras no públicas sin fines de lucro.
Pero quizá el más inmediato es la obligación de propagar contenidos de producción nacional o local. Esa perspectiva interpela a productores, creadores, trabajadores de la cultura y comunicadores, que fueron masa crítica de los apoyos a la ley. Uno de los efectos de la ley más fastidiosos para el establishment mediático fue su (más que entusiasta, militante) aceptación por intelectuales, artistas, músicos, cineastas, entre otros colectivos. Atisbaron allí una oportunidad postergada (o, más bien, birlada) con la perspicacia pasional de quien defiende intereses, valores y creencias propios bien arraigados. Levantadas las compuertas, ahora les cabe laburar, proponer, crear, articular. Un desafío fascinante, para nada sencillo, pero que juega a favor del pluralismo, el enriquecimiento cultural, la búsqueda de la propia voz.
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Al dictarse la LdSCA se vaticinó un aluvión de pleitos, tal como ocurrió con la reestatización del sistema jubilatorio. En ambas situaciones los millares de expedientes se redujeron a unos pocos, promovidos por los reales interesados (pocos, a fuer de concentrados), por algunos procuradores ad hoc o ciertos abogados, denunciadores seriales.
El expediente más sonado fue el instado por el diputado Enrique Thomas, que obró como gestor de negocios de los multimedios. Obtuvo sentencias favorables en las dos instancias del Poder Judicial mendocino. Eran dos fallos de pésima fundamentación, la Corte Suprema los revocó con considerandos muy severos. Si bien la jurisprudencia del Alto tribunal no es coercitiva para los tribunales inferiores, la contundencia del pronunciamiento sofrenó a potenciales imitadores, fueran éstos abogados o magistrados.
De cualquier modo, el primer móvil de la acción, ralentar la entrada en vigencia de la ley, fue logrado.
Desde ayer, el reloj funciona en un doble sentido: abre el juego para el nuevo esquema y marca la cuenta regresiva para la “desinversión”, esto es para que los propietarios de licencias que exceden el cupo legal admisible dispongan de ellas.
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Los reclamos judiciales fatigarán, ya lo están haciendo, un doble carril. El más pretencioso, y a la vez más arduo, es frenar la vigencia de toda la ley. El precedente Thomas conspira contra ese deseo. No da la impresión de que haya nadie legitimado para oponerse al cambio de paradigma, aprobado por el Congreso, invocando su inconstitucionalidad. Será controvertido, criticable, pero entre eso y la inconstitucionalidad media un abismo.
Eso no implica que falten jueces, en la dilatada geografía nacional, dispuestos a darle una manito al poder mediático, incluso a sabiendas de que sus generosas medidas cautelares van camino de la revocación en tribunales con mayor apego a la ley, rematando en la Corte. El favor de estas decisiones sería poner piedras en el camino, no tapiarlo.
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El nudo del asunto es el plazo de desinversión. Los pretendidos damnificados lo impugnarán en el todo o en su extensión temporal. Por menos ambicioso, el segundo sendero es el más factible. Su argumento puede sonar sensato, si no se lo piensa a fondo: vender en un lapso corto equivale a malvender. Si se reflexiona dos veces se advierte que esa hipótesis es teórica y no especialmente razonable cuando se trata de bienes valiosos, que atraerán más de un interesado, esto es compradores que compitan entre sí. Si así no fuera, pequeñas empresas satélites de los multimedios podrían recuperar canales y frecuencias a precio de pichincha.
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Una imposición procesal restringe más las perspectivas de esos reclamos: en medidas cautelares no es admisible, como regla, la apertura a prueba. Los concesionarios no podrían probar la diferencia entre el precio virtual de sus concesiones a varios años vista y el que percibirían en 2011. El lector sagaz dirá que, aun si les fuera concedido intentarlo, se verían en figurillas: ¿cómo justipreciar el valor de algo en un futuro más o menos remoto, en un mundo y un país cambiantes?
De nuevo, opacado el brillo aparente del argumento, la base del reclamo quedaría chueca de prueba. Pero empiojar la escena (y los expedientes) con estos reclamos podría diferir la aplicación de la ley. La apuesta de los interesados, en este punto como en tantos otros, es preservar el statu quo hasta el cambio de gobierno. Derrota del oficialismo mediante, dan por hecho que dispondrán de un oficialismo amigable o, mejor, sumiso.
Predecir resultados en una partida tan compleja, con jugadores tan lanzados, sería una temeridad. Es sensato subrayar que los grandes medios fueron relativamente exitosos puestos a chicanear y tuvieron entre magros y nulos avances en lo sustantivo. En la opinión pública, vienen perdiendo desde hace más de un año, sin apelación.
Otro dato interesante, poco frecuentado. El Grupo A, tan amigable con las demandas o directivas corporativas, ni amagó sumar a su frondosa producción parlamentaria la derogación de la LdSCA o su reemplazo por otra ley. Juega todas sus bazas a la intervención de los tribunales. No será por falta de subordinación ni por pudor. Seguramente es porque sus integrantes advierten que no hay plafond social, que incurrirían en un papelón. Todo un detalle, caramba.
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