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La Sala Primera de la Cámara confirmó en lo sustancial los siete procesamientos resueltos por la jueza nacional de instrucción Wilma López en el expediente que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra y tres tentativas de homicidio calificado (ver nota central). El fallo, prolijo y riguroso, convalida la actuación de la magistrada López y la labor previa de la fiscal Cristina Caamaño. Les da plafond al juzgado y a la fiscalía para avanzar sobre otras responsabilidades que se siguen pesquisando: jerarcas de la Unión Ferroviaria (UF), personal de la Policía Federal y también de la Bonaerense. Y encauza el procedimiento que se encamina con atendible ritmo al juicio oral.
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Los camaristas Jorge Luis Rimondi, Luis María Bunge Campos y Alfredo Barbarrosch deciden tras haber escuchado a la defensa y a las querellas, de cuyos argumentos dan cuenta más de una vez. Y, eventualmente, los adoptan. Concuerdan con la hipótesis central de la jueza de primera instancia: el grupo de ferroviarios y patoteros atacó al de tercerizados, mujeres y niños. Las defensas alegaron una riña, una suerte de batalla campal entre dos grupos. Y justifican su accionar en la intención de “mantener despejadas las vías”.
La reseña de la sentencia da cuenta de un escenario bien diferente. Calibra circunstancias de lugar y tiempo, da cuenta de muy diferentes voluntades entre víctimas y victimarios. El ataque ocurrió a larga distancia de las vías que se pretendieron ocupar. Sucedió tras un prolongado lapso, que incluyó una asamblea del grupo agredido. La voluntad de los manifestantes –patentizada en sus desplazamientos físicos, su retirada y los argumentos de la asamblea– era apartarse.
Los agresores, en cambio, tenían un plan. Los camaristas hacen propio un argumento de una de las abogadas querellantes, María del Carmen Verdú: no ansiaban despejar las vías ni se vieron envueltos en una riña sino que querían “aleccionar a los tercerizados”. Escarmentarlos para que no repitieran su accionar. Varias circunstancias comprobadas apoyan el correcto razonamiento. Hubo una convocatoria previa, a la que asistieron empleados ferroviarios pero también particulares como Cristian Favale. Dos llevaron armas de fuego y alardearon sobre eso con antelación a usarlas. Un procesado ferroviario, Jorge Daniel González, subraya la Cámara, se implicó pese a tener parte de enfermo: portaba un cuello ortopédico. El muchacho pedía franco laboral pero estaba dispuesto a moverse en defensa del espacio público...
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La jueza López no diferenció distintos grados de participación entre los procesados. La única, mínima, diferencia entre la Cámara y la jueza versa sobre ese punto. Para la Cámara cinco de los siete acusados fueron autores materiales, instigador o partícipes necesarios. Los otros dos, el citado González y Francisco Salvador Pipitó, son descriptos como partícipes secundarios, por haber agredido y amedrentado a periodistas de C5N. De confirmarse el criterio de la Cámara, González y Pipitó tendrían una pena menor a los de sus cómplices. Todo debe debatirse y probarse en el juicio oral.
La resolución es lapidaria. Se enumeran numerosos testigos que vieron disparar a Favale y a Gabriel Sánchez a quienes se encuadra como coautores materiales. Según las pericias, las balas que mataron al militante popular Ferreyra e hirieron a Rodríguez Sosa fueron disparadas por una misma arma. Y hay balas disparadas por otra. El horizonte de los portadores de pistolas es muy sombrío.
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Pablo Díaz, alto dirigente de la UF, también está hasta el cuello, en carácter de “instigador” (en jerga jurídica el equivalente técnico de lo que suele llamarse “autor material”). El instigador es “partícipe necesario” y le cabe la misma pena que a los autores materiales que en un homicidio calificado en concurso con otros delitos puede llegar a cadena perpetua.
Díaz fue el organizador de la movida, resalta la Cámara. “Determinó al grupo a cometer los ilícitos”, era “el referente al que debían reportarse” aseveraron distintos testigos. Otro observó que él dio la orden de avanzar contra los manifestantes. Los cruces de llamadas telefónicas también lo involucran.
Si Díaz fue el organizador, añade el cronista, es más que verosímil la tesis de que hubo “arriba” otros dirigentes ferroviarios implicados en la masacre.
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Los procesados estaban en el lugar de los hechos. Quedan pendientes de dilucidación otras responsabilidades. Hubiera sido arduo progresar en su investigación si la Cámara revocaba o cuestionaba el fallo de primera instancia. Ahora, es de cajón que se puede avanzar. De cualquier manera, ni el juzgado ni la fiscalía se mantuvieron cruzados de brazos. El juzgado acumula pruebas sobre la eventual participación de dirigentes más empinados de la UF: el secretario adjunto Juan Carlos “Gallego” Fernández y el secretario general José Pedraza. Políticamente están implicados hasta el caracú, la responsabilidad penal es más estricta. Las pruebas contra Fernández son muy contundentes, el acopio contra Pedraza aumenta a diario.
La fiscalía (donde ya no trabaja Caamaño, a quien Nilda Garré confirió un alto cargo en el Ministerio de Seguridad) indaga el comportamiento de la Policía Federal. La pasividad de los agentes fue muy chocante, pese a que había tres móviles policiales y a que la División Roca estaba filmando los hechos, desde un atalaya privilegiado. No mediaron, no actuaron, no asistieron a las víctimas, no identificaron a nadie. El expediente que trabaja la cuestión tenía un cuerpo (200 fojas) hace pocas semanas, ahora llega a cuatro.
También está bajo la lupa la Policía Bonaerense por agresiones y disparos contra los manifestantes en el primer tramo de los incidentes, menos macabro que el de Barracas pero igualmente brutal.
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Por orden de aparición, la fiscal, la jueza y la Cámara obraron con profesionalismo y celeridad. Nada restituye la vida ni repara los demás daños pero algo mejora cuando funcionan las instituciones.
El Ejecutivo, a su vez, revisó sus primeros pasos que incluyeron una apresurada e infundada defensa de la Federal, de parte del jefe de Gabinete Aníbal Fernández. Se cooperó con el Poder Judicial y se validó el desempeño de Caamaño, nombrándola en un importante cargo público.
En el caso Ferreyra puede haber juicio oral el año próximo, ya hay varios procesados y la nómina dista de estar cerrada. Puede llegar a responsables menos visibles y a fuerzas de seguridad.
El desalojo del Club Albariño es otro buen ejemplo de la crónica de ayer. Lo consiguió el juez federal Daniel Rafecas tras intenso trabajo, con la ley en la mano, sin violencia y avanzando sobre cabecillas con aviesas objetivos políticos y comerciales. Hubo respeto por la vida, por el derecho a manifestar. No impunidad para los pescadores a río revuelto.
Los tribunales no suelen prodigar ejemplos de consistencia y celeridad. Cuando cumplen su cometido acabadamente en tiempo y forma, vale la pena (y da un poco de sosiego) consignarlo.
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