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Tres meses y medio le bastaron para que las cúpulas policiales supieran de su presencia en el nuevo Ministerio de Seguridad. Nilda Garré asumió su cargo el 15 de diciembre. Desde entonces, presentó el protocolo de actuación policial que básicamente transforma la tarea represiva en una opción secundaria; ordenó otro protocolo de actuación para desalojos o prevención de tomas; la ubicación policial para evitar salideras; inició una investigación para analizar impensadas cuestiones de género en un ámbito marcadamente machista; apenas asumió cambió al jefe de la Federal y luego pasó a disponibilidad a los superintendentes de Asuntos Internos y de Seguridad Metropolitana. Tuvo una intervención decisiva en el cumplimiento de la orden del juez Rafecas en la toma del Club Albariño. Y anunció que sacudiría cabezas en buena parte de las 53 comisarías. Ayer cumplió su palabra.
Asumió el Ministerio de Seguridad para evitar una crisis que amagaba desatarse a partir de la toma del Indoamericano, iniciada el 7 de diciembre. “La represión no sirve para solucionar los conflictos sociales”, dijo al asumir, como anticipo de su plan de seguridad y de que tomaría por las astas la cuestión del control político sobre la fuerza policial. Un día después de asumir, desplazó al jefe de la Federal, Néstor Valleca, y en su lugar designó a Enrique Capdevila. En ese mismo acto pasó a retiro a trece comisarios generales. Además, antes llevó a su gestión como segunda a Cristina Caamaño, fiscal que investigaba el crimen de Mariano Ferreyra.
Ordenó reorientar los programas de formación para que pierda predominio el aprendizaje del uso de la fuerza para reemplazarlo por la prevención y el conocimiento científico. Decidió incrementar patrullajes, ordenó auditar el Hospital Churruca.
El 20 de diciembre, mientras Macri despotricaba reclamando la represión de los ocupantes del Club Albariño y lanzaba clases de xenofobia a los medios, Garré sostuvo que la Federal cumpliría la ley y las órdenes del juez Rafecas, quien había ordenado el desalojo pacífico del predio. El 28 de diciembre cumplió el objetivo.
En enero pasado, ordenó el pase a disponibilidad preventiva, es decir para investigarlo, a Raúl Timossi, jefe de Asuntos Internos de la Federal a quien ella misma había designado días antes. El 16 de marzo hizo lo mismo con el superintendente de Seguridad Metropolitana, Hugo Lompizano, jefe de las comisarías porteñas. Estaba incluido dentro de las investigaciones por el crimen de Mariano Ferreyra, ya que su celular aparecía en los cruces de llamadas. Pero además, bajo su responsabilidad se editó y recortó el video de la participación de la Federal en el crimen. El desplazamiento de Lompizano auguraba lo que ocurriría ayer. Antes, también desplazó a otros jefes de comisaría: por ejemplo, al jefe de la seccional 11ª de Parque Centenario, Sergio Consentino, luego de dos robos a departamentos de la zona en los que los federales quedaron fuertemente sospechados. Ordenó también, en la faz preventiva para evitar salideras, que los uniformados de guardia en los bancos lo hagan en la vereda y no custodiando el interior.
También inició una investigación para mejorar la situación de las mujeres y anular las diferencias de género en un ámbito de fuerte prevalencia masculina. Entre sus medidas, también quitó la confección de pasaportes a la esfera de la Federal.
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