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Entre los “dos millones de proyectos que hay para tratar en el Senado”, como ilustró un asesor parlamentario, ayer se aprobó por unanimidad el que fomenta la producción pública de medicamentos. No hubo debate, pero sí exposiciones, algunas encolumnadas detrás del dato que dio el senador Eric Calcagno: ya hay 39 laboratorios públicos en el país. Muchos senadores se refirieron al probado éxito que tiene este sistema en sus provincias y también se recordó que una ley similar provocó, en parte, el golpe de Estado contra el presidente Arturo Illia en 1966. “Los laboratorios privados querían ser escuchados, pero no se los invitó, no creo que sea sustancial esa opinión; el tema era la producción pública”, le dijo a Página/12 el senador José Cano, presidente de la Comisión de Salud.
El proyecto, que bien podría haber llevado toda una jornada de debate, fue resuelto en una hora por acuerdo entre los principales bloques del Senado, ante el riesgo de la falta de quórum debido a los problemas en los vuelos por las cenizas y los tiempos electorales. Cano inició el debate haciendo un repaso de las implicancias sociales que tiene el acceso a medicamentos esenciales a bajo costo y agradeciendo a la militancia de los especialistas de la facultades de Medicina de varias universidades.
Le siguió la senadora Liliana Fellner, quien mencionó que la fabricación estatal de medicamentos fue un objetivo del sanitarista Ramón Carrillo, durante la primera etapa del gobierno peronista. “Carrillo decía que sólo sirven las conquistas científicas sobre la salud si son accesibles al pueblo”, comentó la senadora jujeña y estimó que la ley fomentará la investigación. Horacio Lores, del Movimiento Popular Neuquino, recordó que Illia quiso controlar los precios y las propagandas. “Muchos expertos dicen que fue una de las causas del golpe del ’66”, aseguró.
En plan histórico, Lores destacó también lo hecho por Aldo Neri, ministro de Salud de Raúl Alfonsín, en pos de fabricar medicamentos esenciales y la sanción de la Ley de Medicamentos Genéricos durante el mandato de Néstor Kirchner. “Faltan controles y también abundan recetas que dan algunos médicos irresponsables. Hay medicamentos de alto costo que no sirven para nada, las farmacéuticas hacen combinaciones y el resto es marketing”, denunció el senador neuquino, mientras a Nito Artaza se lo veía muy entretenido... leyendo un libro.
El discurso más extenso fue el de Calcagno, quien explicó que se le estaba dando “un marco legal a un fenómeno existente” y abundó: “Las leyes siguen a las costumbres, las buenas costumbres”. Luego nombró una serie de laboratorios universitarios, municipales y provinciales y aseguró: “No se busca desplazar al sector privado, sino establecer una economía mixta. Ambos sectores pueden convivir sin competir. Entre 2003 y 2007 el sector aumentó un 53 por ciento su producción física”, dijo el senador y siguió mencionando los buenos números del mercado privado. “Pero hay drogas huérfanas, abandonadas por los laboratorios”, aclaró.
El senador socialista Rubén Giustiniani exaltó lo hecho por el laboratorio de la Universidad de Rosario, en contraposición con lo ocurrido en la década menemista, cuando la salud era “una mercancía y no un derecho”. Teresita Negre de Alonso hizo lo propio: resaltó los logros del Laboratorio Puntano, que provee a los ministerios de Salud de La Rioja, Salta, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires, entre otros. “¿Se mencionó el laboratorio de General Pico?”, preguntó la pampeana Angeles Higonet. “¿Sí? Bueno, con eso abaratamos el 20 por ciento en medicamentos.”
En un breve intervalo de chicharra, el entrerriano Arturo Vera aseguró que la ganancia de los laboratorios privados es “escandalosa”, que cobran hasta 50 veces más del valor real, y dudó de que el gobierno nacional efectivice la ley. Su colega radical, Cano, opinó lo contrario y resaltó el impulso dado al proyecto por la senadora oficialista Elena Corregido. “Esto es soberanía, es decidir qué se produce más allá de la rentabilidad con la que se rigen los laboratorios”, agregó Corregido.
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