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La votación de anoche en Diputados no cambiará los dos pasos clave que se darán en la causa Ciccone durante los próximos días. El miércoles que viene declarará Guillermo Michel, funcionario de la AFIP, quien le tendrá que explicar al juez Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello por qué el organismo recaudador levantó la quiebra de la ex Ciccone antes de que la empresa, representada por Alejandro Vandenbroele, haya firmado un plan de pagos respecto de la inmensa deuda que mantenía. También se le preguntará a Michel si la AFIP actuó de la misma manera en otros casos similares. Hay una segunda medida de prueba de importancia: la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) deberá entregar un informe sobre el origen de los 50 millones de pesos con los que se reactivó Ciccone. Lo que quiere saber Lijo es si hubo lavado de dinero.
Durante la semana pasada, declaró en el expediente el síndico de la quiebra de Ciccone Calcográfica (ahora Compañía de Valores Sudamericana, CVS), Martín Stolkiner. Se trata de un funcionario judicial independiente, designado por el juez de la quiebra por sorteo y que en varias oportunidades contradijo tanto al magistrado comercial como a Vandenbroele. Stolkiner sostuvo que el levantamiento de la quiebra fue regular y que desde hace varios años se sostiene el criterio de hacer todo lo posible para que las empresas continúen y no se pierdan los puestos de trabajo. Es casi seguro que ese será también el argumento de Michel, de la AFIP, quien también señalará seguramente que gracias al levantamiento de la quiebra se le pudieron cobrar siete millones de pesos a la ex Ciccone.
El punto es de máxima importancia porque uno de los delitos que investiga el magistrado es el de negociaciones incompatibles con la función pública. Es decir, si hubo un favor hecho especialmente a Ciccone porque detrás –según la acusación– estaba el vicepresidente Amado Boudou o alguno de sus conocidos. Ese favor –que deberá aclarar la AFIP– habría consistido en el levantamiento de la quiebra sin la firma de un plan de pagos.
El otro aspecto importante tiene que ver con los fondos que se usaron para poner en marcha la calcográfica una vez levantada la quiebra. Se canalizaron a través de The Old Fund, un fondo que está en el centro de las controversias. Vandenbroele, que ya había trabajado para la familia Ciccone, afirma que es principalmente de esa familia.
La oposición insiste que detrás de The Old Fund hay allegados al vicepresidente. Por ahora, en el expediente no existen evidencias contundentes. Sobre eso está trabajando el juez y por ello citó a los que armaron las sociedades. Sin embargo, una clave está en conocer el origen de los 50 millones que se aportaron para darle nuevo impulso a Ciccone. El magistrado quiere saber si hubo lavado de dinero y, además, de allí tal vez salgan elementos para determinar de quién es The Old Fund.
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