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El Ministerio de Seguridad realizó ayer una denuncia penal contra diversos agentes de Gendarmería Nacional Argentina por los delitos de “administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública”, “tráfico de influencias” y “violación de deberes de funcionario públicos”. Según se desprende del texto presentado por la secretaria de Cooperación los Poderes del Estado, Cristina Caamaño, al que Página/12 tuvo acceso a través de fuentes judiciales, la acusación salpica a miembros del Servicio Administrativo Financiero (SAF) y del área jurídica de la fuerza, y llega a alcanzar a su ex titular Héctor Bernabé Schenone y a su número dos, Juan Obdulio Sainz. Según confirmó ayer esa cartera, “parte de los involucrados, sospechados de cometer estos delitos, fueron pasados a situación de disponibilidad” mientras que “otros de ellos ya habían sido pasados a retiro por orden del ministerio” a fines del año pasado. La denuncia ahora quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
“El personal incluido en la presentación judicial está sospechado de connivencia dolosa con un puñado de estudios jurídicos y algunos jueces para resolver de manera arbitraria reclamos salariales irregulares masivos en perjuicio del Estado”, a través de maniobras como las que describió este diario el domingo pasado, informó anoche Seguridad. En resumen, la denuncia señala que los acusados hicieron uso ilegítimo de dos fallos de la Corte Suprema (en las causas “Salas” y “Borejko”) para beneficiarse y beneficiar a otros con las liquidaciones de salarios, que a veces tenían diferencias de 800 por ciento respecto del haber correspondiente, ocasionando, por lo tanto, un evidente perjuicio en el patrimonio estatal. También, según señala la denuncia, los acusados continuaron practicando estas liquidaciones “irregulares”, incluso después de haber recibido instrucciones explícitas en el sentido contrario y de depositar “en diversos casos” el dinero “sin contar siquiera con la aprobación judicial de la liquidación.”
Los agentes alcanzados por la denuncia (sin perjuicio de que las investigaciones terminen por involucrar a otros, tal como creen en la Casa Rosada) son el ex director nacional de la GNA, Héctor Bernabé Schenone; el ex subdirector nacional, Juan Obdulio Sainz; el actual director del SAF, Oscar Raúl Guidone; Humberto Roque Domínguez, que ocupó ese cargo durante los años 2010 y 2011; Ricardo Marcelo Olano, subdirector del SAF en ese período; Luis Norberto Demundo, contador del SAF ese bienio, y Estanis Drebnieks, jefe del Departamento de Control Interno y Rendición de Cuentas. También fueron involucrados el comandante mayor Raúl Ricardo Tabocchini, director de Asuntos Jurídicos; su número dos, comandante mayor Ricardo Jorge Back; el jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos, comandante primero Carlos Palleros, y el comandante Manuel Eduardo Barros, de la Dirección de Asuntos Jurídicos entre 2006 y 2010.
Luego de una investigación interna que retoma la denuncia, el ministerio dio cuenta de una serie de irregularidades:
- “Haber efectuado una interpretación abusiva de los fallos de la Corte Suprema recaídos en las causas Salas y Borejko de forma tal que beneficie lo más posible a los peticionantes, ocasionando un correlativo perjuicio al patrimonio estatal.”
- “Haber practicado liquidaciones” incorrectas “aun después de recibir instrucciones del Ministerio de Seguridad de ajustarse a pautas del fallo Zanotti” (que establece otros parámetros más razonables de liquidación) “y depositar los montos aun antes de la aprobación judicial.”
- “Haber omitido advertir que en muchos casos existía una excepción de litispendencia”, es decir, que muchos de los efectivos que acudían a la Justicia para actualizar sus salarios presentaban múltiples acciones paralelas en distintos juzgados para asegurarse un fallo beneficioso.
- “Haber incurrido en demoras injustificables en comunicar al SAF de la fuerza la revocación de medidas cautelares” en ese sentido, “contribuyendo así a que prosiguiera su pago”.
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