El gobierno nacional discute desde hace 48 horas qué hacer con Santiago del Estero. Y las opiniones están divididas. En estos momentos de luna de miel de la sociedad con el Gobierno hay una abrumadora mayoría de ciudadanos que está de acuerdo con que el Poder Ejecutivo intervenga la provincia. “No se puede tolerar la impunidad”, es el argumento de esa mayoría. Sin embargo, en Santiago del Estero las cosas son distintas: a los santiagueños les gusta poco y nada la idea de que los intervengan, más allá de que tengan desconfianza sobre la posibilidad de que la policía y la Justicia santiagueña esclarezcan el doble crimen. La línea de razonamiento incluye que el gobierno de Santiago es un gobierno elegido por ellos y los que vendrían serían porteños o bonaerenses, lo que tradicionalmente produce resquemor. En la polémica que existe en la Casa Rosada está claro que hay un camino intermedio: enviar una especie de fiscal general, que esté por encima de la Justicia santiagueña. En una palabra, que el gobierno nacional protagonice la investigación.
El espíritu que hoy reina en la Casa Rosada es el de tomar el toro por las astas. “No podemos tener un discurso contra la impunidad que abarque únicamente a Capital Federal y Gran Buenos Aires. La idea de pelear contra la impunidad tiene que ser nacional”, razonaba anoche un integrante del Ejecutivo. O sea que en la Casa Rosada está instalado el criterio de que “algo hay que hacer”.
Las alternativas iniciales eran tres. La que se está llevando a cabo ahora, que consiste en darle apoyo al gobierno santiagueño sin meterse demasiado; la intervención de la provincia o un camino intermedio que consistiría en intervenir la investigación, o sea una parte o todo el Poder Judicial.
La estrategia de intervenir la provincia tiene el respaldo de la mayoría de los ciudadanos de todo el país, que razona de la siguiente manera: el crimen está relacionado con el poder, no se va a esclarecer, Santiago está dominado por un poder que le mete miedo a la gente, tiene que ir el gobierno nacional y hacerse cargo de todo para que no haya impunidad. En un momento como el actual, en que la gente cree que el Gobierno hace las cosas bien, piensa que también respecto del doble crimen hará las cosas bien, si toma el caso y la provincia en sus manos.
Sin embargo, quienes tienen experiencia en la cuestión de las intervenciones recuerdan las enormes dificultades que produjo Corrientes y las gravísimas complicaciones que planteaba el caso Catamarca. “Cuando uno interviene, se sabe cómo se entra en la provincia, pero después es muy difícil salir”, argumentaba un veterano ex funcionario. A nadie se le pierde de vista, además, que Santiago está gobernada por el matrimonio Juárez, que respaldó a Kirchner en las elecciones y que por lo tanto es una administración amiga. No es un dato decisivo, pero sí importante.
Con ese escenario a la vista, en la Casa Rosada se estudia un camino que signifique no mirar para otro lado, pero tampoco tirarse a la pileta. Algunos insisten en la idea de enviar una especie de superfiscal, juez o comisión investigadora, que le dé otro ritmo a la pesquisa y la profundice. Debería tener atribuciones extraordinarias, algo que requerirá de análisis legal. Al mismo tiempo, se redoblaría el trabajo de peritos, criminalistas y científicos orientado a encontrar la verdad.
Esta última estrategia es la que más convence, por ahora, al Ejecutivo. Sin embargo, la provincia está hecha un volcán y la polémica en el Gobierno está instalada.
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