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En el marco de la Campaña Nacional contra la Tortura, el martes pasado hubo un encuentro entre funcionarios judiciales, integrantes de organismos dedicados a la defensa de los derechos de personas privadas de su libertad y periodistas, donde se trazó un mapa de acción para detener la violencia institucional. “Buscamos que se derriben los muros en los lugares cerrados, que entre la sociedad y se pueda controlar lo que pasa”, dijo Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación. Paola García Rey, de Amnistía Internacional, explicó que los tratos vejatorios incluyen y exceden a las cárceles y comisarías. “Hay otros grupos y comunidades invisibilizados víctimas de un ensañamiento particular, como la comunidad Lgttb y los indígenas. También hay situaciones graves en centros de salud mental, de rehabilitación de adictos y en geriátricos”, aseguró.
Durante la reunión realizada en el Centro Internacional de Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad Nacional de San Martín, Jorge Taiana, director del CIEP y anfitrión, remarcó la principal particularidad de esta campaña, lanzada el 20 de marzo pasado en la ESMA: “Estamos hablando del propio Estado que lucha contra una práctica que hacen los agentes del Estado”. La elección de este año para desplegar esta iniciativa se vincula con la conmemoración del Bicentenario de la Asamblea de 1813, que suprimió la práctica de la tortura y quemó los elementos usados para estos fines.
“Estas prácticas tienen que ser confrontadas y combatidas, no solo por las instituciones que deben controlar las cárceles y evitar las torturas, tan incorporadas a las fuerzas, sino que debe abrirse el juego a otras organizaciones”, planteó Francisco Mugnolo, titular de la Procuración Penitenciaria. Luego aclaró que la tortura no se limita al castigo corporal, que hay trato inhumano en los traslados constantes, las requisas vejatorias, la falta de alimentación y atención de salud, las malas condiciones edilicias o los impedimentos de vinculación familiar y social.
Mugnolo mencionó dos casos importantes en Mendoza y Salta que fueron conocidos por casualidad y están filmados. El primero muestra a penitenciarios mendocinos golpeando a presos esposados y haciéndolos correr desnudos, en 2010, mientras eran grabados por el celular de un agente, que perdió el aparato. Un familiar de un preso lo encontró luego, durante una visita. El segundo se conoció en julio de 2012 e incluye prácticas más aberrantes, como la del “submarino seco”. Los propios penitenciarios salteños subieron el material a Internet.
“Estos casos confirman la necesidad de intervenir y operar con más esfuerzo sobre las escuelas penitenciarias, sobre la capacidad de intervención de los agentes ante ciertas problemáticas. Algunas cosas mejoraron. Antes el problema era ver con quién hablar en la cárcel, ahora tenemos más posibilidades de acción. Pero realmente tenemos un problema con la violencia institucional, reconocerlo es el primer paso para abordarlo”, dijo Mugnolo. Luego cuestionó a la Justicia por “no dar respuesta a muchas denuncias por la violencia en las cárceles”.
Stella Maris Martínez explicó que las prácticas aberrantes, los tratos vejatorios que afectan a la dignidad humana, tiene dos fines: “Se tortura para obtener información, como les pasó a dos acusadas por narcotráfico que terminaron con fracturas en Reconquista, y también hay un tema de disciplinamiento, cuando los penitenciarios no pueden manejar a los presos sin violencia”. Esto ocurre en otros lugares de encierro, como los neuropsiquiátricos: “Vimos una mujer estaqueada, desnuda, rodeada de sus excrementos, a cargo de una enfermera, hace dos años, en el centro porteño”.
En otras clínicas psiquiátricas también notaron que había un adolescente atado a la cama, lo que era avalado por la clínica “como un método válido de tratamiento”, dijo Martínez. En la cárcel, agregó, muchos presos tienen dos opciones: sufrir la violencia o la corrupción para conseguir drogas ilegales o un mejor trato. “De esta manera, la violencia es pan de todos los días”, agregó. Luego afirmó que falta una “sensibilización de la sociedad” respecto de la tortura en ámbitos cerrados: “Mientras no se tome conciencia cabal, si no se repudia esto, va a seguir existiendo la tortura por la tolerancia social”.
Durante años, concluyó Martínez, los fiscales no investigaron las denuncias por torturas, algo que comenzó a cambiar con el nombramiento de la nueva procuradora general, Alejandra Gils Carbó. “Ya reconoció que hay doscientas denuncias con las que no se avanzó”, afirmó. Lo que deben saber los fiscales, dijo casi con sorna, es que “los presos no siempre mienten y los policías no siempre dicen la verdad”. Luego aseguró que hay una ecuación preocupante: “Si creamos centros que vulneran los derechos humanos, los que salen van a violar los derechos humanos también”.
Según informó García Rey, de Amnistía Internacional, “en la actualidad hay 20 mil niños institucionalizados en lugares públicos y privados, la mayoría no está por delitos, sino por situaciones de pobreza”. A este factor de encierro discriminatorio, la especialista sumo las situaciones ilegales constatadas en centros de salud mental: “Ahí se aplican tratamientos sin consentimiento, gente atada y sobremedicada, lo que puede asimilarse a la tortura”, señaló. García Rey también refirió que existen privaciones ilegítimas de la libertad de pacientes, a la luz de la Ley de Salud Mental.
“Yo escuché jueces civiles que se niegan a aplicar esta ley, que dicen que no existe porque no está reglamentada. Es vergonzoso”, aseguró Martínez, quien advirtió, al ser consultada por este cronista, que ciertas comunidades terapéuticas terminan siendo “cárceles privadas” por complicidad entre familiares y supuestos especialistas en adicciones. De esta forma, agregó, muchas personas terminan siendo internadas contra su voluntad y sin mediar medidas judiciales: “Más allá de los controles que podamos hacer nosotros, se tiene que reglamentar urgentemente la Ley de Salud Mental”.
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