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Los aumentos en asignaciones familiares y en los topes de sus escalas impactan en el bolsillo de los trabajadores formales. También son ellos los que percibirán los aumentos que surgen de las paritarias que se vienen cerrando, que rondan el 24 por ciento anual en tendencia. La significativa y necesaria suba en la Asignación Universal por Hijo (AUH) beneficia a desocupados, informales y a empleadas domésticas en cualquier condición. Los anuncios realizados ayer por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (ver nota central) conciernen, entonces, a amplias y variadas franjas de la clase trabajadora.
El círculo se redondeará cuando se actualice el salario mínimo vital y móvil, lo que suele concretarse a fin de junio. La suba semestral de las jubilaciones, pautada por ley, llegará en septiembre. Semanas más o menos (las convenciones colectivas se terminan con demoras respecto de lo habitual) ese calendario es saludable rutina del kirchnerismo, sin precedente comparable en las décadas anteriores. La reiteración se produce en un contexto nuevo: tras un 2012 de escaso crecimiento, la economía parece reavivarse en el segundo trimestre, las movidas apuntan a ese objetivo.
Puede discutirse la magnitud de los aumentos o el ansia de meter plata en el mercado y en el bolsillo de los trabajadores, desde diferentes perspectivas de intereses o ideológicas. Es forzoso cotejar las subas con la inflación real y no la del Indec. Lo que es imposible es discutir la constancia del Gobierno en mantener líneas maestras de su política económica: dinamizar el consumo popular, como émbolo keynesiano. O, por expresarlo de otro modo, la coherencia de estas decisiones, año a año.
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Novedosa es, en cambio, la iniciativa de movilizar organizaciones sociales o militantes para ejercitar mecanismos ciudadanos de control de precios. La jugada busca transformar la movilización popular en una herramienta para consolidar objetivos de gobernabilidad y control de la economía. Este cronista “cantó su voto” sobre la jugada: la viene alentando desde hace meses, cuando la escuchó muy bien fundada en boca del economista Héctor Valle.
Es pronto para adivinar pero, conociendo el clima de debate imperante, seguramente lloverán diatribas sobre ese tramo del anuncio. Nunca se sabe, hay que esperar... pero dista de ser inimaginable que se hable de patotas, de aprietes y hasta pululen comparaciones con las SS o cosas por el estilo. La desmesura es la regla en estos días. Por cierto, quienes participen en esas acciones deberán hacerlo con temple y prudencia, respetando los derechos y la sensibilidad de otros ciudadanos, que ejercen actividades lícitas. Si lo hacen, será un avance importante de la movilización política, aspecto acaso más rotundo que su resultante económica estricta.
Sería deseable que los gremios formaran parte del conjunto de organizaciones que la Presidenta enunció de modo deliberadamente genérico. No es sencillo que sea así. En parte por la fragmentación de las centrales obreras, que (quiérase o no) repercute en las perspectivas de su obrar. Y en parte porque la cultura sindical actual dominante está muy poco ligada a esa forma novedosa de participación. Hay excepciones notables, claro.
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Habrá que ver cómo funciona la novedad. En cuanto a la secuencia de actualización y mejoras, es siempre un paso adelante en el rumbo que el Gobierno ha sabido sostener durante un decenio. Habrá más dinero en el bolsillo de los laburantes mejor posicionados y de la amplia masa que está en peores condiciones.
Lo útil aspira a combinarse con lo agradable. El Gobierno espera meses más desahogados, un aliento a la actividad tanto como mantener la aprobación de las mayorías populares que (con sus vaivenes) lo revalidan en las urnas. Más allá de los análisis, serán los propios beneficiarios los que analicen el resultado efectivo de las medidas y lo tomen en cuenta a la hora de emitir el voto.
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