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“Nosotros, desde la Procuración –sostiene el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Félix Crous–, tenemos una auditoría en la que ya hace un año dejamos en claro que en el Norte hay una sobrecarga de trabajo. Se trata de la frontera con países productores, de manera que es una frontera sensible. Ahora la Corte Suprema dice lo mismo. Desde ya que una parte de la sobrecarga tiene que ver con que hay más operativos, más secuestros de droga, más inteligencia criminal que antes. ¿Si también hay aumento del narcotráfico? Es difícil dar un diagnóstico sobre algo que está oculto: es posible que ambas cosas sean ciertas, aumento de los operativos y también aumento de tráfico. En el mundo no se piensa en un standard de eficiencia del ciento por ciento, es decir que se detecte todo lo que entra. El ejemplo más patente es el de Estados Unidos, donde entra la mayor cantidad de drogas del mundo.”
Desde la Procunar, puesta en marcha por la procuradora Alejandra Gils Carbó en febrero, Crous colabora con todos los fiscales que tienen causas vinculadas con el tráfico de drogas.
–La Corte Suprema pide edificios, cárceles y más infraestructura porque los jueces del Norte afirman que las causas por narcotráfico aumentaron en un 84 por ciento.
–Sí, es cierto. Nosotros advertimos ya hace un año que hay una sobrecarga en el Norte. Y, por supuesto, que se trata de fronteras sensibles. El trabajo es mucho y pesa sobre los defensores oficiales, los fiscales y los jueces de la zona. Desde ya que no tenemos que tener una visión alarmista. Estamos ante un problema de esta y de las demás naciones. De eso no cabe la menor duda. Sería tapar el cielo con un dedo.
–¿Hay más causas porque hay más narcotráfico?
–Lo que es seguro es que hay más causas porque hay más operativos, más secuestros de droga, más narcos detenidos y más trabajo conjunto de las fuerzas federales. Se está haciendo un trabajo fuerte sobre los precursores químicos, indispensables para procesar la cocaína, por ejemplo. Y diría que el nivel actual de investigación no lo teníamos antes. De todas maneras, es probable que las dos cosas sean ciertas: que hay más eficiencia en la lucha contra los narcos y también que hay más tráfico. Pero es difícil saberlo porque es una actividad oculta y en el mundo entero no existe el standard de eficiencia del ciento por ciento, es decir que se detecte todo lo que entra en un país. Estados Unidos recibe gran parte de la cocaína que se produce en el mundo. De todas maneras, ni los jueces ni los fiscales ni la propia Corte somos expertos en lo que es la seguridad preventiva, todo lo que tiene que ver con radares, scanners y controles de esa naturaleza. No-sotros afrontamos las causas judiciales. Y en esa materia ya lo dijimos nosotros, ahora lo dice la Corte: en el Norte la carga es muy grande.
–¿Cuáles son los problemas que se afrontan?
–Sin dudas, uno de los temas es el papel de los agentes estatales. Se ve en Córdoba o Santa Fe con el Estado involucrado en la narcocriminalidad. Hagamos el siguiente ejercicio mental: ¿qué sucedería si todas las fuerzas involucradas en el negocio criminal, en general, y en el negocio de la narcocriminalidad en particular, hicieran su trabajo y no participaran del delito? Evidentemente estaríamos hablando de un fenómeno criminal marginal. No existe narcocriminalidad de esta envergadura si no fuera porque está regulado por las fuerzas, no ya tolerado por ineficiencia. Esta es una realidad que tienen que afrontar todas las provincias, porque el despliegue policial en la Argentina depende de cada una de las fuerzas de seguridad locales.
–Básicamente el pedido de la Corte tiene que ver con lo presupuestario, con nuevos edificios, más plazas carcelarias, más personal.
–El pedido de aumento de presupuesto de todas maneras tiene un interrogante previo: ¿quién investiga los casos de narcotráfico? Hoy el sistema es irracional. El juez decide si investiga él o si le delega la causa a un fiscal. Por lo tanto, antes de definir ese aumento de presupuesto hay que definir en quién va a recaer la investigación. En el Congreso ya hay dictamen de un proyecto para que el sistema de enjuiciamiento y la investigación tengan racionalidad: que los fiscales investiguen y acusen, que los jueces actúen de jueces. Por lo tanto resolver esta cuestión es paso previo a asignar el presupuesto, porque los fondos tienen que estar orientados principalmente hacia quien investiga.
–En la polémica sobre el narcotráfico se ha propuesto la llamada ley de derribo, es decir una autorización para que las fuerzas de seguridad derriben cualquier avión sin identificar si se sospecha que carga droga.
–Por supuesto que en el debate internacional se ha planteado esa alternativa. Nosotros estamos totalmente en contra. Sería instituir una pena de muerte extrajudicial, porque quienes sean derribados es obvio que morirán. En la Argentina no hay pena de muerte ni la puede haber, dado que los pactos internacionales suscriptos por el país lo prohíben. Desde ya que uno puede y debe tener un sistema de radarización preventivo. No hay que discutir públicamente dónde se ubican, justamente para que la detección sea más eficiente. Y más todavía si está articulado con un sistema de defensa nacional, que debe ser un secreto de Estado. No hay que hablar en forma banal del tema. Hay una forma oblicua de meterse en el tema que es tratar el narcotráfico como un tema de defensa nacional en el marco de la doctrina de las nuevas amenazas. La Argentina tiene totalmente divididos los roles entre la defensa nacional y la seguridad interior. La narcocriminalidad, en nuestro esquema, es una cuestión de seguridad, una cuestión que compromete nuestro esfuerzo de policía y no tiene nada que ver con el uso de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, en cuanto a lo judicial, que es lo nuestro, lo más urgente es que se defina quién investiga, que se cambie el sistema irracional de la actualidad. El Congreso no debe demorar esa reforma y luego habrá que ver cómo se asignan los recursos.
En octubre, la Procunar, junto con la Secretaría de Drogadependencia y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), realizó cursos con fiscales de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca y Chaco sobre precursores químicos para el procesamiento ilegal de drogas. En ese marco se debatieron justamente las formas de abordar el narcotráfico en causas penales.
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