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El ministro de Economía, Axel Kicillof, esbozó ayer los primeros pasos de la estrategia oficial para enfrentar el fallo adverso en la Justicia de Estados Unidos. El funcionario anunció que pondrá a disposición de los acreedores la posibilidad de modificar el lugar donde cobran los vencimientos de capital e intereses de sus títulos públicos. El cambio de jurisdicción implica recibir los pagos en las mismas condiciones financieras, pero en Buenos Aires en lugar de Nueva York. Si bien no estará disponible en forma inmediata, el mecanismo alternativo permitiría sortear las restricciones impuestas por el fallo del juez Thomas Griesa y garantizar el cumplimiento de los compromisos con el 92,4 por ciento de los bonistas que participaron de la reestructuración de la deuda. Pero, frente a las limitaciones para una rápida implementación de la propuesta y las dificultades para lograr una adhesión total, no evitaría que la deuda externa sea considerada por las empresas calificadoras de riesgo en situación de “default técnico”.
En paralelo, el titular del Palacio de Hacienda anunció que los abogados que representan al país solicitarán un encuentro con el juez de primera instancia Thomas Griesa. No se trata de negociar, el objetivo es que el magistrado explique cómo se puede cumplir su sentencia y evitar el default. El tercer movimiento del Gobierno será en el Congreso. Hoy por la mañana, Kicillof; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, se reunirán con los titulares de todos los bloques legislativos de ambas cámaras para detallar la posición oficial.
Entre junio y septiembre el país debe cancelar vencimientos de deuda por 900 millones de dólares. La sentencia de Griesa prohíbe a los intermediarios en Nueva York que cursen los pagos de Argentina si el país no abona en efectivo la totalidad del reclamo buitre. Kicillof afirmó que cumplir ese fallo empujaría al país a un default. Quienes lograron la victoria judicial deben cobrar 1330 millones de dólares, pero la decisión del juez habilita a que otros fondos especulativos con deuda argentina no ingresada al canje (cerca del 7 por ciento del total) reclamen un pago similar. Cuando eso suceda, para pagarles a los acreedores que aceptaron las quitas, extensión de plazos y reducción de intereses, el Gobierno se vería forzado a desembolsar en un pago en efectivo un total de 15.000 millones de dólares. La cifra estimada por el equipo económico equivale al 52 por ciento de las reservas internacionales del Banco Central y pone en riesgo la sustentabilidad de la economía local. Pero el ministro advirtió que incluso si se avanza por esa vía también iniciarían demandas para obtener pagos semejantes el 92,4 por ciento de los acreedores que sí ingresaron al canje. Las sumas reclamadas en ese caso superarían los 100 mil millones de dólares, estimó Kicillof.
El primer paso en las alternativas que comienza a ensayar el equipo económico es el canje de jurisdicción de los bonos. La deuda emitida bajo legislación extranjera en manos de acreedores privados ronda los 28 mil millones de dólares, aproximadamente el 14 por ciento del total. Para implementar el cambio no se requiere una ley. Se trata de un procedimiento técnico que deberán poner en marcha la Caja de Valores de Buenos Aires y la Secretaría de Finanzas. Desde el equipo económico indicaron a este diario que el mecanismo no estará disponible en forma inmediata.
La estrategia no sólo no evita un “default técnico” (incumplimiento del pago en las condiciones pactadas que se registraría hacia fines de julio), sino que existen algunos fondos de inversión extranjeros que, por sus reglas internas, no pueden comprar títulos que no se rijan por la ley norteamericana. Al mismo tiempo, será complicado obtener la participación masiva del –reducido pero no irrelevante– segmento de inversores minoristas. Tampoco se descarta que Griesa opere todas las decisiones que estén en su poder para frustrar ese camino.
En la última audiencia el juez Griesa expresó que bajo ningún concepto pretendía empujar al país a un default. Por eso, Kicillof solicitó a los abogados del estudio Cleary, Gotlieb & Hamilton que expongan ante el magistrado las razones por las cuales el Gobierno entiende que este fallo conduce a un cese de pagos y escuchar los argumentos de Griesa en contrario. Mientras tanto, aprovechando la sintonía existente contra el reclamo buitre, el Gobierno expondrá su posición ante los jefes de bloque del Senado y Diputados.
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