Página/12 :: El país :: Parapoliciales

Daniel Scioli no está dispuesto a cederle la derecha a nadie. El decreto de emergencia que firmó en abril (que le permite hacer compras por unos 600 millones de pesos sin licitaciones, concursos de precios ni control) también incorporó como auxiliares a 40.000 agentes de seguridad privada. Deben estar inscriptos ante una oficina que desde un cargo de asesor maneja el ex Personal Civil de Inteligencia de la Fuerza Aérea entre 1976 y 1983, Carlos Hugo Sottini. En esas agencias se desempeñaron actores de la represión estatal de aquel periodo, como el comisario bonaerense Alberto Pulvermacher, detenido hace dos semanas por su actuación en un centro clandestino de detención de La Plata; el capitán del Ejército Ricardo L. Von Kyaw, con baja deshonrosa en 1978, detenido a fines de junio en Panamá con un documento apócrifo, extraditado a la Argentina y procesado en la causa de La Cacha; el capitán del Ejército Roberto Armando Balmaceda, también detenido en la causa La Cacha; el oficial inspector de la Policía Federal Francisco Rodolfo Mario González Arrascaeta, quien participó en los preparativos de la masacre de Ezeiza en 1973. Esto es posible porque el gobierno incumple la ley 12.297, cuyo artículo 8º, inciso 2 excluye de la seguridad privada a quienes se beneficiaron con las leyes de impunidad o los indultos. Por lo menos 63 agencias fueron habilitadas, salvando el requisito legal. Los exceptuados son:

- Félix Roberto Aladro, del Grupo Custodia (San Pedro),

- Subcomisario federal Juan Carlos Gunsett, de Geo Sig (Moreno),

- Marcos Gastón Carradori, Pablo Funaro, Humberto Daniel Camozzi, Marcelo Alejandro Avalos, Roberto Mario Polari, Mariano Alfredo Puentes y Ramón Nazareno Rodríguez, del Centro de Capacitación Goya, (La Plata),

- Subprefecto penitenciario federal Tito Mártires Quiña, de Ezeiza Security,

- Walter Omar González, de la Compañía de Servicio Satelital (Mercedes),

- Miguel Angel Ferreyra, de Nescarmi (Lomas de Mirador).

- Benito Leonel Torres, de Piscis (Pilar),

- Roberto Oscar Marún, de Power Man (Moreno),

- Alberto Juan Hubert, de Cruz de Malta, (San Isidro),

- Sixto Ramón Barreto, de Tech Security (Vicente López),

- Juan Manuel García, de Star Glocks, (Vicente López),

- Comandante de Gendarmería Juan José Aymerich, de Gadol Beraka, (Tres de Febrero),

- Rubén Jorge Moraña, de Block Security (Remedios de Escalada),

- Rita Rafaela Ruarte, de Jenizaros Seguridad (Bahía Blanca),

- Nicolás Daniel Pretil, de Prosegur Vigilancia Activa (Pilar), Es una agencia de alarmas monitoreadas. Los dueños de casas usurpadas se quejan porque estas agencias no piden título de propiedad ni contrato de alquiler, sólo una factura de teléfono celular.

- Comisario bonaerense Oscar Hugo Salinas, de Ersaer (Quilmes),

- José Luis Llopis, Temple, (San Martín),

- Juan Cristóbal Marín, de GC (Morón),

- Guillermo Alberto Constantino, de Monitoreo Digital (Olavarría).

- Esteban Alberto Orduna, de G4S (Beccar).

- Comisario de Santa Fe Abel Oscar Sosa, de Limpieza y Lingotazo (San Nicolás).

- Luis Alberto Battaglini, de Sinergia Limitada (San Isidro),

- Gastón Leandro Ibáñez Levalle, de Ranger Vip (San Miguel),

- Jorge Luis Andes, de Biguá (Olavarría),

- Oficial de la Policía Federal Sergio Daniel Herrera, de Las Marías (Avellaneda),

- Penitenciario federal Julio César Santander, de Seguridad Integral (La Matanza)

- Juan José Bello, de C&K (San Martín),

- Capitán de Navío Raúl Miguel Rizzo, de Segurmax (Bahía Blanca),

- Suboficial de la Fuerza Aérea Oscar Luis Yannacone, de Impacto Protections (Campana),

- Daniel Ernesto De Maio, de Segutrans (San Martín) y de Octopus (San Isidro),

- Teniente coronel Victorio Rafael Listorti, de Mulis (Martínez), participante en el alzamiento carapintada de Aldo Rico,

- Jorge Cesar Bernabitti, de Batersegu (Tigre),

- Cesar Augusto Labombarda, de Protección Inteligente (Monte Grande),

- Eduardo Mario Rodríguez, de Exclusive Security (Lomas de Zamora),

- Rodolfo Esteban Sarubbi, de CAS (Tolosa),

- Carlos Andrés Pereira Rodríguez, de Urónico (Martínez),

- Diego Jorge Sroichevich, de Los Cabos (La Plata),

- Juan Manuel Fernández, de Fer-Seguridad (Mar del Plata),

- María Eugenia Villela, de Unión de Seguridad Norte (Pilar),

- Fernando Ernesto De La Cruz, de Grupo M4 Sherman (San Nicolás),

- Carlos Rubén Bruno, de Alta Vanguardia (La Matanza),

- Comisario bonaerense Hugo Santiago Bardone, de Máximo Control (La Plata). Bardone fue declarado prescindible en 1998, cuando como jefe de Inteligencia de Quilmes pidió a los colegios primarios de la zona “los antecedentes ideológicos de los alumnos”,

- Mayor del Ejército Dardo Washington Herrera, de Seguritas Countries (Munro),

- Comisario federal Rodolfo Paulino Garrido, de S.G.D. (Gral. Pueyrredón),

- Ricardo José Aspe Scetti, de Uniform Security (Malvinas Argentinas),

- Sargento de la Policía Federal Raúl Alberto Escalada, de CJT (Lomas de Zamora),

- Lorena Paola Chiaparro, de CONSISA (Vicente López),

- Graciela Noemí Vallacco, de Nech Seguridad (Necochea),

- Fernando Jorge Muzio, de Brinks (Bahía Blanca),

- Eduardo Osvaldo Rodríguez, Extreme Security (Luján),

- Guillermo Luís Marcilese, de Wary (La Plata),

- Oficial de la policía bonaerense Roque Alberto Luján, de Lusegur (Berazategui),

- Carlos Darío Barbeito, de Anticipar (Morón),

- Gabriel Adrián García, de ARG Security (Lanús),

- Héctor Andrés Villegas, de Nivel 3 (Morón),

- Romina Edith Villalba, de Rodas (Isidro Casanova),

- Carlos Miguel Desimone, de Sentinel (La Plata),

- Julio Edgardo Rojas, de Seguridad a su Alcance (Ensenada),

- Marcos Luciano Korsunsky, de Skal Protect (San Fernando),

- Carlos Oscar Calcagno, de Force One (Olivos),

- Néstor Eugenio Ausades, de LD Protection,

- Oficial del Ejército Marcelo Miguel Sánchez Sorondo, de Quillotasegutex (Florida).

Doce fueron habilitadas por el ex ministro Carlos Stornelli, 38 por el alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal y las últimas trece por el actual ministro Osvaldo Granados. Es decir, constituye una política de Estado. Las habilitaciones provisorias no tienen plazo y se prolongan en forma indefinida. Según una denuncia presentada ante la fiscalía de Delitos Complejos Nº 8, a cargo de Jorge Martín Paolini, se consiguen pagando coimas de 250.000 pesos.