La Corriente Clasista y Combativa, a la que pertenecían Cristian Ibáñez y Luis Cuellar, es una organización política y sindical que reúne a desocupados, trabajadores y jubilados. Creció en la década del ’90, en el ciclo de conflictos sociales abierto por las políticas de ajuste del menemismo y el gobierno de la Alianza. Fundada en 1994, en la provincia de Jujuy buena parte de los integrantes de la CCC había pasado antes por la experiencia de las grandes movilizaciones que voltearon a cuatro gobernadores entre 1990 y 1994, encabezadas por Carlos “el Perro” Santillán.
Libertador San Martín y San Salvador son las dos ciudades de la provincia donde la CCC tiene mayor presencia. Libertador San Martín es también el feudo del Ingenio Ledesma. Con 50 mil habitantes, la localidad sufre altos índices de desempleo.
Los desocupados de la zona son en su mayoría gente del ingenio que después de la zafra se queda sin trabajo y ex obreros desplazados por el uso de nuevas tecnologías en la industria azucarera, que utiliza menos mano de obra.
La organización social en la ciudad, que la dictadura había arrasado, comenzó a mostrar una recomposición a partir de 1997, cuando la tensión acumulada por sus habitantes se expresó en una pueblada. Ese año la Gendarmería reprimió a maestros y empleados municipales que reclamaban por el pago de sus sueldos. Cuando esto sucedió, la ciudad salió a la calle en una protesta que se extendería después a toda la provincia.
Aunque en Libertador los desocupados se empezaron a organizar más tarde que en otros puntos del país, tras aquel estallido crecieron con rapidez. Lo mismo pasó en otras localidades del interior de Jujuy. En la actualidad, cuando hay planes de lucha los cortes de ruta abarcan de 20 a 25 ciudades.
Históricamente, muchas de estas protestas se hicieron junto a los maestros y estatales de la Central de Trabajadores Argentinos, como los militantes de ATE y los docentes de ADEP.
También es tradición en la zona la formación de multisectoriales en las que participan los comerciantes, como la que ayer hizo la marcha para repudiar los asesinatos de los dos jóvenes y pedir la renuncia del jefe de policía Carlos Carrizo Salvadori.
“En Jujuy, y con este jefe de policía, la represión ha sido especialmente violenta”, dijo a Página/12 Pepe Ibáñez, de la CCC. La provincia tiene una larga crónica de denuncias por detenciones irregulares y razzias en los barrios pobres, que la policía realiza para detener a quienes participan de las protestas. El último de estos episodios ocurrió hace un año, cuando “con la actuación del jefe de policía Carrizo Salvadori, un juez arrestó a 108 manifestantes, todos de la CCC, al finalizar una marcha por el ‘que se vayan todos’”.
Los militantes, recuerda Ibáñez, pasaron dos semanas en el Penal Nº 2 de la capital, acusados de atentado contra el orden público, una figura considerada como un resabio de la dictadura. La anteúltima denuncia fue por la detención, la semana pasada, de dos referentes de la capital y uno de Tilcara, que fue golpeado. Los dirigentes de la organización planteaban ayer que son casos que expresan la brutalidad policial pero que están direccionados “a castigar a quienes mantienen la protesta”.
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