Las amenazas a funcionarios judiciales han tomado el peligroso sesgo de lo habitual, e indican que en algunos casos se está cruzando la línea roja que saca de quicio a algunos investigados. El último caso fue el de la amenaza a la fiscal Belén Casal, de La Matanza. Otros seis funcionarios, entre fiscales, jueces y defensores oficiales, fueron amenazados o agredidos en forma directa en los últimos 18 días. El 25 y 26 de octubre y 1º de noviembre pasados, Mariano Romero Victorica, secretario de la Procuración General e hijo del fiscal de Casación Juan Romero Victorica, recibió llamados anónimos en los que le advertían: “Tenés los días contados” y “vas a ser boleta”. Según su padre, lo amenazaron porque “actúa en causas muy pesadas”.
El lunes 27 de octubre, la fiscal en lo Penal Económico María del Carmen Rogliano, que investiga a un sospechoso del atentado a la AMIA, denunció que su casa de Tigre fue baleada por delincuentes que huyeron cuando intervino su custodia. Tres días antes, el fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Ricardo Wechsler, fue atacado a tiros cuando llegaba a su casa de Vicente López, y se salvó gracias a que su custodio se tiroteó con uno de los delincuentes que logró escapar. El 23 de octubre, el camarista de San Isidro Fernando Maroto y la defensora general de ese Departamento Judicial, María Gómez, fueron amenazados de muerte mediante un llamado telefónico realizado al conmutador de los tribunales en el que les advirtieron que iban a “volar por el aire”. Las sospechas se las llevaron por amplia mayoría los guardias penitenciarios. El 13 del mes pasado, el fiscal platense Víctor Violini recibió una carta en la que lo amenazaban. Violini investiga a 15 altos comisarios de la Bonaerense por enriquecimiento ilícito.
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