Página/12 :: El país :: Los servicios al banquillo

La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue entre 1956 y 1998 uno de los cuerpos de espionaje más importantes de la historia argentina, y se estima que “investigó a más de 460.000 personas, reuniendo más de cuatro millones de fojas, mil videos y un número enorme de cassettes y cintas de audio. La Dippba tenía quince delegaciones en la provincia, más una sede en Capital que articulaba acciones con los servicios de inteligencia nacionales. El objetivo de base era “conjugar una posible alteración pública en los órdenes sindical, cultural, económica, político, etc.”. Se delinearon distintas áreas de trabajo y los registros eran ordenados de acuerdo a clasificaciones específicas. Los “blancos” y “prioridades” mayormente tenían que ver con motivos políticos o ideológicos.

Un año después del cierre de la Dipbba, la Cámara de Apelaciones de La Plata dictó una medida de no innovar sobre el archivo, considerando que los documentos podrían aportar pruebas a procesos judiciales posteriores. La idea era impedir que el material fuera ocultado o destruido. A fines de 2000 el gobierno bonaerense transfirió el archivo a la Comisión Provincial por la Memoria para que lo custodiara y creara “un centro de información con acceso público, tanto para los afectados directos como para todo interesado en desarrollar tareas de investigación y difusión”. El material fue abierto al público tres años más tarde, una experiencia pionera en Argentina. El archivo ya fue utilizado para averiguación de datos referentes a personas espiadas, investigaciones históricas y periodística y, lo más sensible, para juicios contra responsables de delitos de lesa humanidad. Causas emblemáticas como las de Etchecolatz, Von Wernich, Patti, Automotores Orletti y Floreal Avellaneda contaron con el aporte decisivo de estos documentos antiguamente secretos y confidenciales.

La Comisión acaba de sumar la acción propia tras presentarse como querellante en una causa que investiga justamente la participación de la Dippba en diversos delitos de lesa humanidad. Se busca probar “la responsabilidad que tuvo el aparato de Inteligencia en el secuestro y la posterior desaparición de las víctimas del terrorismo de Estado”. Eso relevó Margarita Jarque, directoral programa de Litigios Estratégicos de la CPM, desde donde sostienen que “así como en un principio se investigó el accionar represivo y hoy se avanza sobre la responsabilidad civil y empresarial, creemos que es tiempo de indagar sobre el rol que cumplieron los agentes de inteligencia de la última dictadura militar”.

Este proceso agrega una dimensión hasta ahora desestimada en la investigación del terrorismo de Estado, la del espionaje. Ya lo había confesado abiertamente Ramón Camps en el juicio al que un tribunal castrense lo había sometido en 1984: “La lucha contra la subversión en la provincia se llevó a cabo gracias a la información aportada por la Dippba”.

Para empezar, la CPM le entregó al Tribunal Oral Federal 1 la nómina de todo el personal que trabajó en la Dippba entre 1956 y 1998. Es solo el primer paso de la larga tarea que se viene por delante.