Al no haber control estricto, la prisión domiciliaria termina siendo un beneficio injustificado. Los jueces tampoco se esmeran en su cumplimiento.
Por Adriana Meyer
El arresto domiciliario es una institución jurídica de carácter garantista, creada para beneficiar a presos con sida o mayores de 70 años, que viene siendo bastardeada por varios represores presos por violaciones a los derechos humanos, a partir del escaso control de su cumplimiento. La polémica comenzó allá por 1998, cuando el juez Roberto Marquevich procesó con prisión preventiva a Jorge Rafael Videla y se alzaron no pocas voces en contra de que la Cámara Federal de San Martín le concediera la posibilidad de estar detenido en su domicilio. A partir de entonces, en más de una oportunidad la prensa y los ciudadanos verificaron que estos ex militares salen de sus casas, violando el beneficio que obtuvieron. Y hasta ahora, muy pocos jueces revocaron ese permiso y ninguno dispuso que cumplan su prisión en una cárcel común, tal como pidió la semana pasada en Madrid el abogado Carlos Slepoy al presidente Néstor Kirchner. Salidas a misa, a nadar, a correr, y a reuniones sociales son algunas de las actividades que se permiten, burlando la misma ley que invocan desesperados cuando se sientan frente a los magistrados.
El caso más reciente fue el del ex presidente de facto Reynaldo Bignone, quien le confesó muy suelto de cuerpo a la periodista francesa Marie-Monique Robin “yo salgo todos los días”. Sin embargo, Página/12 comprobó que las salidas de Bignone, procesado en la causa por apropiación sistemática de menores durante la dictadura, estaban autorizadas por la Justicia. El general retirado abandona su domicilio dos veces por semana para ir a nadar al Círculo Militar, una para concurrir al Hospital Militar (“es mi country”, comentó), y otra más para asistir a las reuniones de una institución para discapacitados a la que pertenece su hijo. Enterados de esta situación, los abogados querellantes pidieron que esos permisos sean revocados. Desde el Juzgado Federal 7 informaron que esas autorizaciones habían sido concedidas por el anterior juez de la causa, Adolfo Bagnasco.
Hace un año Página/12 descubrió y fotografió en la calle al ex jefe del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Carlos Alberto Roque Tepedino, frente a su domicilio. “Te prometo que no salgo más”, le imploró al periodista cuando advirtió que sus escapadas habían quedado registradas. Los vecinos habían alertado a organismos de derechos humanos sobre la situación, el kiosquero del barrio reconoció que “siempre viene a buscar cerveza”, y al portero del edificio le había pedido “callate, si me encuentran me mandan a Ushuaia”. En realidad, el juez Claudio Bonadío lo mandó más cerca. Le revocó el arresto domiciliario y lo envió al escuadrón de Gendarmería en Campo de Mayo. Tepedino está procesado en la causa por la desaparición de militantes montoneros que protagonizaron la llamada Contraofensiva, acusado de desaparición forzada de personas y homicidio.
El espíritu navideño, a fines del año 2002, volvió a ablandar las normas y algunos represores pudieron pasar las fiestas en familia. Nueve militares que estaban presos en esa misma causa brindaron en sus casas y se quedaron allí parte del mes de enero de 2003, invocando “cuestiones de carácter humanitario”, con la autorización de dos jueces federales. Si bien los magistrados hicieron sus descargos, la sala I de la Cámara Federal ordenó que sigan siendo investigados por abuso de autoridad y prevaricato. En octubre de 2000 el ex almirante Emilio Massera obtuvo permiso para volver a su quinta de General Pacheco, que tiene unos 3 mil metros cuadrados, cancha de tenis, pileta y una importante arboleda. Un mes después, la agrupación HIJOS detectó al genocida de la ESMA paseando tranquilo a cien metros del predio. Y en marzo de 2000 una testigo declaró ante la Cámara Federal de La Plata que Videla iba a misa los domingos a la iglesia de la localidad de Tornquist, donde vive una de sus hijas.
El artículo 33 de la ley 24.660 de Ejecución Penal establece que pueden gozar del beneficio del arresto domiciliario los “condenados mayores de 70 años o el que padezca una enfermedad incurable en período terminal”. No son muchos los presos comunes que llegan a esa edad, pero la realidad cotidiana en las cárceles indica que ni esos pocos ni los detenidos que padecen sida suelen acceder al permiso. En 1998, cuando estalló la polémica sobre el tema, el juez Raúl Zaffaroni había expresado que nunca se opondría a un beneficio para personas mayores o enfermas, “siempre y cuando se otorgue en forma igualitaria”. Distintas ONG que se ocupan de la problemática carcelaria advirtieron en reiteradas oportunidades que la aplicación dista de ser igualitaria para los presos comunes. Incluso, cuando el cura Antonio Puigjané cumplía arresto en la parroquia Santa María de los Angeles le fueron rechazados varios pedidos de salidas.
El control del cumplimiento del beneficio está a cargo del Patronato de Liberados, y un familiar debe firmar como responsable. Pero si el reo viola el permiso no hay ninguna penalidad prevista para esa persona, porque su responsabilidad no incluye la obligación de vigilarlo. Además, la ley establece que ninguna fuerza de seguridad deberá custodiar al preso domiciliario. Y aunque en las puertas de los domicilios de Videla, en Belgrano, y de Massera, en Barrio Norte, hay uniformados, en teoría están allí para prevenir a los represores de posibles escraches, según pudo averiguar este diario en su momento.
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