El intento de comprar propiedades inmuebles o rodados nuevos con fondos atrapados en el corralito, operaciones autorizadas hasta el pasado 15 de abril, resultó una verdadera odisea. Una serie de denuncias contra los bancos intervinientes puso de manifiesto la aplicación de criterios arbitrarios para obstaculizar las operaciones o demorar la transferencia de los fondos. Los informes de casi 40 escribanos públicos sobre sus respectivas experiencias con los bancos fueron recogidos por el bloque de diputados del Polo Social, que presentaría un pedido de informes a las autoridades sobre el asunto ante la Cámara baja.
El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires fue receptor de una multiplicidad de denuncias que involucran a los más importantes bancos privados. Las irregularidades más reiteradas se refieren al requerimiento a los clientes titulares de cuenta de exigencias no contempladas en la Circular A 3481 del Banco Central, que habilitaba las transferencias de fondos del corralito para estas operaciones de compraventa.
La más usual, sobre todo entre los principales bancos extranjeros -BankBoston, Río, Francés, Citibank–, fue la demora artificial en la tramitación de la solicitud de transferencia, pese a haber mediado en muchos casos la presentación de cartas documento intimando una respuesta. En no pocos casos, la dilación frustró la operación, porque el vendedor desistió de ella. Otro caso reiterado fue el reclamo al titular de la inscripción de la escritura traslativa de dominio en el Registro Público de Inmuebles previo a la autorización de la transferencia: es decir, obligaba al vendedor a desprenderse de la propiedad antes de tener la seguridad de que iba a cobrar.
Un caso típico de demora artificial del trámite es el descripto por el escribano Adrián Comas, en el caso de una operación contra depósitos en el Banco Río: “Aún en el caso que el vendedor abriera una caja de ahorro en la misma sucursal donde está el plazo fijo, firmando la escritura, presentándola a inscripción en el Registro y acreditando dicho trámite con fotocopia autenticada (en el banco), informaron que recibirían la documentación, la enviaban a Casa Central y tenían hasta 30 días para revisar si la misma estaba completa y a satisfacción del banco (...); ningún vendedor se anima a vender en estas condiciones, inseguridad y capricho del banco”.
En varios casos que atendió, la escribana Sylvia Quincoces informó que ningún banco aceptó transferir los fondos a la cuenta del vendedor simultáneamente con la escrituración traslativa de dominio, y en caso de existencia de hipotecas, se negaron a la cancelación definitiva (con los fondos a transferir) ante la solicitud del deudor vendedor, “lo que imposibilita el otorgamiento de las escrituras”. En otro caso, el Lloyds Bank se negó a otorgar la cancelación de la hipoteca “hasta tanto se cancele la diferencia que resulte en virtud del CER”, actualización que a la fecha de la tramitación todavía permanecía indefinida. “Los compradores no quieren arriesgarse a comprar un inmueble que tiene pendiente un saldo impago y por un monto desconocido”, señaló en su informe el escribano Juan Martín Olivera.
Estos casos son apenas una muestra de la forma en que se frustraron muchas operaciones en las que los bancos, en definitiva, lograron mantener atrapados los fondos de sus clientes. Tanto los afectados como los profesionales prometen accionar contra los responsables de maniobras desmarcadas de las normas del Banco Central.
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