El gobierno de San Juan contraatacó de nuevo a su propia Ley de Salud Reproductiva. Esta vez el método es más solapado que el del año pasado, cuando la prohibición gubernamental tajante de dar educación sexual y anticonceptivos desnudó las gestiones de la Iglesia Católica. El Movimiento de Mujeres Sanjuaninas denunció que en esta ocasión la táctica consiste en “desmantelar el Plan Mujer”, que es la versión provincial de la ley nacional sobre Salud Reproductiva, a la que la provincia no adhirió. Perla Welmer, de la entidad femenina, contó que la Secretaría de Salud “sacó a los ginecólogos de las salitas” y “dejó de entregar DIU y preservativos”, para sólo dar pastillas anticonceptivas.
“Desde el gobierno provincial se baja la línea de que la crisis social que vivimos es causada por la mujer que no está en la casa cuidando a los hijos y sale a trabajar”, consideró ante Página/12 Welmer, integrante del movimiento. “Cuando la Nación envía afiches sobre salud reproductiva, nosotras los pegamos en la calle”, relató Welmer. La molestia es inútil, porque “al otro día están todos arrancados” por manos que, sin dudarlo, “son enviadas”, aseguró. Tener en contra al poder político y a la Iglesia hace que las mujeres organizadas se sientan sobrepasadas en su lucha.
“Enviamos una carta al ministro de Salud, Ginés González García, contándole acerca de nuestra situación, que ya debía conocer de antes”, evaluó Welmer, recordando lo intrincado que fue instalar en San Juan la legislación sobre sanidad sexual. A pesar de que las carencias denunciadas se registran desde hace un mes, “todavía no recibimos ninguna respuesta”, afirmó. Desde el movimiento informaron que las partidas de anticonceptivos de la Nación siguen llegando, pero en algún lugar se esconden o “se dan a uso privado”, aventuró la vocera.
Welmer indicó que “tendría que haber ginecólogos, análisis preventivos, charlas”, de acuerdo a lo establecido por el Plan Mujer. Pero la realidad es que “sistemáticamente lo vienen boicoteando. En junio del año pasado, suspendieron las entregas de anticonceptivos, pero luego las reanudaron. Ahora, desafectaron a varios ginecólogos de las salitas. Traspasaron todas sus tareas al médico generalista”. La integrante del movimiento sostuvo que de esta manera “inhiben a las mujeres atención especificada”.
Roberto Correa es el secretario de Salud del gobierno justicialista de José Luis Gioja. Según Welmer, “cuando al doctor Correa le preguntan por los anticonceptivos, él dice que ‘estamos entregando anticonceptivos orales’, sin mencionar los que no dan”. Y señaló que “Correa dio la orden a los médicos de que no entreguen DIU porque son abortivos. Pero la orden fue de palabra, no escrita, por lo que no tiene institucionalidad”. Ante esta circunstancia, Welmer juzgó que los médicos sanjuaninos “no tienen suficiente coraje. Dicen que es una directiva injusta, pero la acatan”.
La avanzada 2004 fue encabezada por el partido Dignidad Cristiana, vinculada a la derecha católica. Según Welmer, las medidas gubernamentales surgen de la idea de que “hay que volver a la familia, por lo que la mujer no puede tener sexo aparte de ser madres. Pero la realidad es distinta”.
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