El país|Lunes, 12 de diciembre de 2005

Por L. V.

Al inicio del juicio por Kosteki y Santillán, la querella planteó que, si bien sólo iban a ser juzgados Fanchiotti, Acosta y otros seis ex policías, se buscaría reunir elementos para probar la necesidad de un segundo juicio sobre los responsables políticos. En esta entrevista a los abogados del CELS, Rodrigo Borda y Gerardo Fernández, la pregunta es si finalmente esos datos salieron a la luz.
Rodrigo Borda: –Sí. En primer lugar, elementos que permiten entender cómo fue posible que pasara lo que pasó. Los informes de la SIDE, por ejemplo, que advirtieron antes de que se realizara la manifestación del 26 de junio que era un peligro ante el que había que reafirmar la autoridad del Estado. Muestra que, para el Gobierno, no era una marcha más.
Gerardo Fernández: –(Luis) Genoud, por su parte, agregó que las declaraciones que bajaban del Gobierno, cuyo vocero era Alfredo Atanasof, lejos de contribuir a la paz social caldeaban aún más el clima del momento.
–En el juicio todos coincidieron sobre el rol que tuvo el Gobierno.
Borda: –Sí, por eso decimos que quedó acreditado cómo desde el gobierno nacional se generó un clima que incitó a la represión. Hubo toda una gestualidad que llevó a que la policía, en el marco de un operativo gigantesco, hiciera lo que hizo. Porque no fue sólo Fanchiotti el que disparó con plomo, sino que hubo además otros grupos de policías.
Fernández: –Lo que descarta la hipótesis del policía que se volvió loco es que simultáneamente hubo otros policías disparando con plomo; incluso lo que sucedió después en la comisaría de Avellaneda, donde hubo torturas a los detenidos, hasta que llegaron Luis Zamora y otros diputados.
–Decían que el gobierno nacional creó el clima para represión. Desde el punto de vista legal, ¿hay un delito en esto?
Borda: –Para poder hablar de instigación hace falta mucho más que crear un clima. Dado que los incidentes ocurrieron en la provincia, en principio la responsabilidad penal sólo nos permitiría alcanzar a los funcionarios bonaerenses. Podríamos hablar de la responsabilidad de los funcionarios nacionales sólo si acreditáramos que hubo una orden del Gobierno.
–¿Hasta dónde se llegaría con las pruebas reunidas?
Borda:– Hasta Luis Genoud, que era ministro de Seguridad bonaerense. Y al jefe de policía provincial. Por su responsabilidad culposa por las muertes y las lesiones a los manifestantes. Por no intervenir para frenar a sus subordinados, es responsable de que se hayan producido muertes. También es responsable porque la orden de montar ese operativo no partió de Fanchiotti, sino del poder político.
–¿Surgió en el juicio algo que permita entender por qué la policía usó balas de plomo contra los manifestantes?
Borda: –Es difícil, vuelvo a la idea del clima. Creo que ellos sentían que tenían un aval importante y que eso les garantizaba impunidad. Y de hecho la tuvieron, porque el Gobierno, hasta que no aparecieron las fotos, mantuvo la versión de que se mataron entre ellos.
–Uno de los querellantes, Rodolfo Yansón, planteó en su alegato que finalmente sólo hay condenas por aquello que quedó filmado o fotografiado. ¿Hay algo que las organizaciones puedan aprender sobre este punto?
Fernández: –Es la Justicia la que debería cambiar. La Policía Bonaerense existe porque el Poder Judicial permitió que esto sea así, cubrió y cubre los ilícitos que la policía realiza.
–¿Qué puede significar esta sentencia hacia futuro?
Fernández: –Más allá de cuál sea su contenido, sin duda va a ser un precedente en orden a valorar el derecho a la protesta y la facultad del Estado para hacer uso de la violencia en el marco de una protesta. Procuramos que la resolución reconozca con amplitud el derecho a la protesta, sobre todo de los ciudadanos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Esperamos que el fallo fije límites al poder represivo del Estado.

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