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La causa de los ex delegados de la Ford incorporó un documento desclasificado del Departamento de Estado de los Estados Unidos considerado como una pieza sugestiva para quienes impulsan las causas por el terrorismo de Estado. Es un informe girado por la embajada de Estados Unidos en Argentina al Departamento de Estado a raíz del secuestro de 19 trabajadores de la planta de cerámica Lozadur. El documento no sólo da cuenta de los circuitos de intercambio de información, sino que con algunos detalles refuerza la hipótesis de la existencia de una alianza entre las fuerzas de seguridad y los sectores empresarios en las políticas de represión. La foto arriba es la primera página del dossier.
El documento fechado en Buenos Aires el 14 de junio de 1978 lleva como referencia “Disappearance of ceramics workers in 1977” (Desaparición de trabajadores del gremio ceramista en 1977). El contenido relata la relación entre los directivos de fábricas y fuerzas de seguridad por la desaparición de los trabajadores de la fábrica de cerámica de los alrededores de Bella Vista.
Luego de mencionar que “una fuente” informó la desaparición de “entre 15 y 20 trabajadores de Lozadur en noviembre de 1977” y de “5 a 10 en otras plantas de la mima área y en la misma época”, el documento explica que estas desapariciones sucedieron en un momento de conflicto gremial por las pobres condiciones de trabajo y los malos salarios, con quite de colaboración de los obreros y un lockout empresario que resultó en 350 despidos.
El texto avanza con un comentario de “una fuente protegida de la gerencia” de Lozadur que la desliga de cualquier tipo de responsabilidad sobre la desaparición de los trabajadores, “sosteniendo que el Ejército se infiltró en la planta por las suyas. Y no tenía ninguna necesidad de consultar a la gerencia para identificar o actuar contra los sospechosos montoneros”.
En el párrafo siguiente, el encargado de hacer el informe y remitirlo a los Estados Unidos dejó de lado las fuentes de la gerencia de Lozadur para dar cuenta de un comentario elaborado en nombre propio a partir del contacto con “autoridades de las agencias de seguridad”. Allí aparece la caracterización del vínculo que existía entre las empresas y las fuerzas de seguridad, el elemento que más interesa a quienes trabajan en las causas de terrorismo de Estado:
“Creemos que en general hay un alto grado de cooperación entre directivos y las agencias de seguridad –dice el informe– dirigido a eliminar terroristas infiltrados de los lugares de trabajo industriales, y a minimizar el riesgo de conflictos en la industria. Autoridades de seguridad comentaron recientemente a la embajada –sin referencia especial al caso de Lozadur– que están teniendo mucho más cuidado que antes cuando reciben denuncias de los directivos sobre supuesto activismo terrorista dentro de las plantas industriales, que podrían ser en realidad apenas casos de legítimo (aunque ilegal) activismo gremial.”
Para Tomás Ojea Quintana el párrafo es otra prueba de peso. Refuerza la hipótesis de que la Ford, como un gran abanico de empresas, se habría montado al engranaje de la represión para deshacerse del personal más conflictivo de la fábrica.
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